Buscan reconocimiento como trabajadoras no asalariadas
Exigen sexoservidoras alto a las razias y extorsiones de patrulleros
* Se agudiza el maltrato con la Ley de Cultura Cívica del DF
* Hipocresía social calificar la prostitución como “falta administrativa”

Las trabajadoras sexuales continúan siendo maltratadas por la sociedad y las autoridades, que violan sus derechos humanos. Ellas son perseguidas y encarceladas, mientras que quienes hacen uso de sus servicios viven en el anonimato y gozan de la credibilidad que a ellas les niegan.

En pleno siglo XXI, por ejemplo, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, considera su trabajo como "una falta administrativa", calificación que por supuesto ellas repudian y exigen al gobierno local respeto y libertad para llevar a cabo su actividad de forma independiente, sin ser extorsionadas por madrotas o padrotes o perseguidas por las razias.

Demandan se deje la ambigüedad y la "hipocresía" de lado, pues por un lado las repudian y por otro solicitan sus servicios. Buscan ser reconocidas por la Secretaría de Desarrollo Social como trabajadoras no asalariadas.

Ante la persecución de la que han vuelto a ser objeto, solicitaron una audiencia al secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Joel Ayala Ortega, para denunciar las humillaciones, los golpes, el maltrato y las extorsiones perpetradas por patrulleros, mismas que se han agudizado con la puesta en marcha de la Ley de Cultura Cívica: "las pasean por las calles" y les piden dinero -hasta 200 pesos- para no llevarlas a la delegación por "faltas a la moral" donde les cobran de 700 a 900 pesos de multa.

Debido a la irregularidad en la que desempeñan sus trabajo, ya ha empezado a hablarse de crear una ley que regule su labor, mas de acuerdo con Margarita García Arteaga, asesora jurídica de estas mujeres, al parecer ese ordenamiento jurídico se está pensando para incluir a las trabajadoras de "casas de citas" y cobrarles impuestos.

"Las compañeras se han comprometido a estar en las calles de manera respetuosa, pero no estarán de acuerdo con una normatividad que haga de la extorsión un acto legal", expresó; es claro que de esos sitios no hay remisiones a los reclusorios, lo cual quiere decir que "hay una venta de protección" para ellos.

En noviembre del año pasado tuvieron la última plática con representantes gubernamentales para intentar establecer acuerdos que beneficien a ambas partes. Hasta esa fecha, habían convenido, explica García, asuntos tan básicos como el que se les otorgaran los mismos derechos que a cualquier otra/o ciudadana/o: ser citadas a declarar cuando se presente una queja vecinal y tener derecho a la defensa. En ese mismo paquete estaba incluido el cese de las razias y que el Instituto de la Mujer del Distrito Federal entregaría un local para atender y capacitar a estas mujeres.

Parte del machismo en el que vivimos, lamenta García Arteaga, provoca que una trabajadora sexual sea detenida "por faltas a la moral", mientras que su acompañante es liberado de toda responsabilidad. Asimismo, que los propios vecinos que las acusan, sean quienes las buscan para satisfacer sus deseos sexuales.

El mes pasado, se publicó el reglamento de la Ley de Cultura... que "lo único que modifica" en el caso de las trabajadoras sexuales, informa García, es que sean 10 los vecinos/as, -quienes se tendrán que identificar plenamente- los que presenten la queja en contra de una trabajadora sexual, para que su queja sea tomada en cuenta y revisada por un juez cívico, sin embargo, con ello "no se avanza mucho" pues ellas han denunciado que éstos últimos "forman parte de la red de extorsión", comentó.

El problema es "muy grande", se queja, porque funcionarios "pequeños, medianos y grandes" las miran como "lo peor" como "malas mujeres" sin derecho a ser escuchadas cuando quieren denunciar una ataque, asalto o una violación a sus derechos humanos.

En conferencia de prensa, en la que también presentaron el video Las calles también son nuestras, realizado por la feminista Ruth Froelich, con el apoyo del Colectivo Filmadoras de San Cristóbal de las Casas y del Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer, AC (CICAM), donde hablan de sus experiencias, emociones, deseos y sueños, se preguntaron por qué son sólo ellas las mal vistas cuando en ese trabajo, existe toda una red de gentes que se benefician con su ocupación, como sus propios clientes y los hoteleros: "Somos parte de una derrama económica tan fuerte, somos sustento familiar, mucha gente depende de nosotras: taxistas, vendedores de ropa, de maquillaje, hoteleros... ¿por qué se nos castiga de esta forma?"

No queremos, dijeron, que con esos operativos nos obliguen a "comprar protección a las mafias policiacas, a las de juzgados cívicos, madrotas, padrotes y de algunos vecinos que utilizan la queja vecinal como forma de chantaje, a pesar de que ellos mismos utilizan nuestros servicios".
Las razias, denunció Jessica, se han incrementado, principalmente en la delegación Iztapalapa y en Sistema Colectivo de Transporte Metro, en las estaciones Revolución, Chabacano y San Antonio Abad.

Explicaron que ejercen el sexo servicio de manera independiente desde hace cuatro años, sin padrotes y madrotas que las exploten, sin líderes y tratando de obtener conocimientos relacionados con la justicia cívica y los derechos humanos, aunque aceptaron que no todas las que se dedican a este trabajo están libres de grupos manipuladores.

Mujeres provenientes de Iztapalapa, metro Revolución, Puente de Alvarado, Buenavista, Chabacano y San Antonio Abad, pidieron comprensión a su labor, dejarse de hipocresías y doble moral, porque si ellas se dedican al trabajo sexual, es porque hay una demanda y porque las condiciones sociales de pobreza, discriminación y marginación, no les han dejado otro camino y no lo hacen por flojera y por obtener “dinero fácil” porque ese trabajo no es nada fácil.

Corina, escondida tras un velo negro, compartió que hace muchos años se dedicaba al trabajo doméstico, cuando quiso estudiar se burlaron de ella. Su hermano varón estudió, con la ayuda de sus padres dos licenciaturas "porque él iba a mantener una familia". También recibió una herencia. Su marido es un borracho "que me tiene muerta de hambre". Cuando buscó otro empleo, le dijeron que era para jovencitas de 25 años. Ahora sólo le queda el sexoservicio.

"No somos delincuentes -reiteraron- sino mujeres que estamos en la calle por necesidad y esperamos ser respetadas", exigieron cesen las vejaciones, tanto de la la gente -que hasta les arroja objetos cuando las miran - como de las autoridades, que las explotan y no respetan sus derechos humanos. (Aleyda Aguirre)

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