México podría convertirse en refugio de genocidas, advierte Alvarez Garín
La Corte actuó por compromiso con las altas esferas del poder: Comité del 68
Consideran incorrecta la resolución de considerar prescritos los crímenes cometidos en 1971
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Integrantes del Comit�8 dieron a conocer su postura sobre la resoluci�e la SCJN FOTO Guillermo Sologuren
Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han hecho posibles acreedores a juicio político por haber determinado que no se puede aplicar de manera retroactiva la ley en contra de quienes cometieron actos genocidas el 10 de junio de 1971, y "actuaron así por acuerdos políticos y compromisos con altas esferas del poder, vinculados a los sectores de ex funcionarios priístas", afirmaron integrantes del Comité del 68 y miembros de organismos defensores de derechos humanos.
En conferencia de prensa, Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, quienes participaron en 1968 como integrantes del Comité Nacional de Huelga, señalaron que la resolución de la SCJN "ha sido irresponsable e imprudente porque arrastra a nuestro país a una serie de dificultades diplomáticas, procesales, jurídicas y políticas, por negar abierta y desafiantemente las disposiciones internacionales que se han firmado.
"La resolución de la Corte ha sido incorrecta y parcial por atender tan sólo disposiciones de derecho interno, sin consideración alguna de normas internacionales que estaban obligados a tomar en cuenta; debe señalarse que precisamente porque la no retroactividad en la aplicación de las leyes es prácticamente universal en todos los instrumentos de derecho interno de los estados, se ha tenido que explicitar que esto no tiene ningún valor en derecho penal internacional.
"Si no es porque los ministros tienen acuerdos y compromisos con sectores ligados a los ex funcionarios priístas indiciados resultaría incomprensible que hayan cometido tantas y tan diversas faltas al orden jurídico internacional".
Entre las implicaciones inmediatas de su resolución "destaca el quebrantamiento irresponsable de una rama de la tradición diplomática mexicana, el pésimo mensaje que envía a la comunidad internacional, colocando a México como eventual refugio de genocidas, dado que aquí se consideran prescriptibles esos delitos, y se crea el nefasto antecedente de que se utilizan las leyes internas para anular de hecho los compromisos internacionales", señaló Alvarez Garín.
Los integrantes del Comité del 68 señalaron que sólo falta que los integrantes de la Corte se atrevan a desafiar al pueblo de México y pretendan hacer creer a la nación que "en esos años brutales de persecuciones y crímenes contra el pueblo, en realidad se vivía un paraíso democrático, con plena vigencia del estado de derecho".
En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Humanos, señaló que es preocupante "que la impunidad se siga imponiendo sobre la justicia", a pesar de todos los acuerdos internacionales que garantizan la sanción para quienes han cometido el delito de genocidio.