Quebranto contra la delegación Tláhuac por $29 millones
Prepara fiscalía consignación de Martínez Rojo por fraude
La Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignará ante un juez penal el expediente de Francisco Martínez Rojo, ex delegado de Tláhuac, por fraude en contra del gobierno de la ciudad.
El caso se refiere a contratos de obras públicas que Martínez Rojo realizó con empresas vinculadas al Grupo Quart, propiedad de Carlos Ahumada Kutz, por un monto de 29 millones de pesos, informó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Renato Sales Heredia.
El funcionario explicó que el quebranto se cometió contra la delegación Tláhuac cuando estaba al frente de la administración Martínez Rojo, quien contrató trabajos para renovar el asfalto de calles de la demarcación, los cuales se hicieron de mala calidad. "Contrató a empresas vinculadas al Grupo Quart y el trabajo que se entregó fue muy deficiente en relación con la calidad que había sido prometida; es decir, hubo dolo previo".
Por el monto del fraude, señaló Sales Heredia, el ex delegado no alcanza fianza, porque es un delito grave, a diferencia del de promoción de conductas ilícitas y cohecho, por los que está a disposición del juez noveno penal del Reclusorio Norte.
Indicó que a Martínez Rojo se le negó la libertad provisional bajo caución a solicitud del Ministerio Público, porque si bien la promoción de conductas ilícitas no es un ilícito grave, se consideró la conducta precedente del inculpado y los riesgos que genera su libertad. "porque la corrupción es altísimamente riesgosa para la vida social y lo que se pretende sancionar aquí son precisamente delitos cometidos contra el servicio público".
Por su parte, el procurador de Justicia de DF, Bernardo Bátiz, explicó que la situación jurídica del ex delegado de Tláhuac se basa sólo en su consignación por la denuncia presentada por Enrique Medrano, quien denunció que Martínez Rojo le solicitaba sumas millonarias a cambio de no clausurar su empresa.
Este delito, aclaró Bátiz, no es considerado grave, por lo que el ex funcionario hubiera podido alcanzar la libertad bajo fianza. Sin embargo, dijo, el juez decidió no otorgársela porque había evadido la acción de la justicia y no se presentó a declarar en la averiguación previa; por tanto, al haber sido prófugo de la justicia, durante varios meses, "sería absurdo ahora darle la libertad".
En cuanto a la actual delegada de Tláhuac, Fátima Mena, Bátiz señaló que ella no está implicada en ninguna de las dos averiguaciones previas que se siguen a su antecesor. Agregó que aunque en la denuncia por extorsión y cohecho sí fue señalada inicialmente por el empresario gasero, al hacer la indagatoria no se encontró ninguna liga con la funcionaria.
Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en este caso se tiene que aplicar la ley sin consignas, como se debe castigar cualquier delito, sea quien sea el responsable, garantizando también su derecho a defenderse.
La detención de Martínez Rojo, aseguró el subprocurador Renato Sales, ayudará al esclarecimiento de otros casos, como el fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero.
En tanto, el diputado perredista Carlos Reyes Gámiz sostuvo que continúa el proceso de expulsión de Francisco Martínez Rojo del PRD, aunque desde hace tiempo se le suspendieron sus derechos como militante, a raíz de su presunto involucramiento en un caso de extorsión para la operación de una gasolinera y su evasión para responder en torno a la entrega de obras públicas al Grupo Quart.
Al término de su participación en el Foro de Deuda Pública, Reyes Gámiz aclaró que "estamos a la espera de los resultados de las investigaciones para actuar en consecuencia, aun cuando esto signifique un nuevo golpe al perredismo".