La actuación de los jueces, sin consigna: presidente del Tribunal Superior estatal
Organizaciones sociales denunciarán ante la CIDH casos de represión en Oaxaca
Oaxaca, Oax., 23 de febrero. Una delegación de abogados de tres organizaciones sociales oaxaqueñas presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -el próximo primero de marzo- la problemática que viven los indígenas en la entidad acerca de que "se utiliza el aparato de procuración y administración de justicia para reprimirlos", informaron integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indios (Cedhapi), del Bufete Asesoría Jurídica Popular (BAJP) y del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).
Por separado, entrevistado brevemente en su despacho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), Héctor Anuar Mafud Mafud, negó que los jueces "actúen por consigna" en la entidad, como han denunciado algunas organizaciones sociales.
El magistrado dijo que es "entendible, pero no aceptable" ese señalamiento y comentó que en todo caso se puede recurrir al TSJO para presentar una queja contra la actuación de algún juez.
Aunque el pasado 19 de febrero el gobierno y las organizaciones participantes en la marcha del 18 pactaron -según informaron éstas- que hoy saldrían del penal de Ixcotel 11 integrantes del Cabildo Popular de San Juan Lalana y la profesora Jacqueline López Almazán, dirigente de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), ninguno será liberado porque se está considerando que en el primer caso se promueva una apelación contra el auto de formal prisión, y un incidente de desvanecimiento de datos en el segundo.
En rueda de prensa, los abogados Israel Ochoa Lara, del BAJP; Maurilio Santiago y Beatriz Hernández, del Cedhapi, así como Yolanda Gopar, abogada del CIPO-RFM, informaron que la audiencia de la CIDH, en la cual es también peticionaria la Fundación para el Debido Proceso Legal, se efectuará en las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Washington. A la misma está convocada la representación del gobierno de Oaxaca. Cada una de las partes tendrá 30 minutos para exponer lo que a su interés corresponda.
Santiago recordó que la CIDH solicitó desde el pasado 27 de septiembre medidas cautelares para Raúl Gatica, representante del CIPO, y que el gobierno mexicano adoptara medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal, lo que no se ha podido llevar a cabo "por falta de voluntad de autoridades federales y estatales".
Los abogados explicaron algunos de los problemas que enfrentan los indígenas sujetos a proceso penal en Oaxaca: corrupción (que los afecta más por ser pobres), falta de traductores y acumulación de acusaciones por diversos delitos para mantenerlos en prisión.
Asimismo la dispersión en penales de la entidad o del país, lejos de donde presuntamente se cometieron los delitos, práctica de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a la que "se pliegan los jueces", y que tiene la finalidad de dificultar al máximo la defensa, ya que es complicado localizar a los testigos que acusan y realizar careos. "Con esa práctica se pueden garantizar sentencias condenatorias, hay premeditación para limitar la defensa", afirmaron.
Está también la sistemática negativa de los jueces a otorgar la libertad bajo fianza a pedido del Ministerio Público, sin fundamentos y prejuzgando sobre la culpabilidad de los acusados. El Ministerio Público aduce que el acusado "es un peligro para la sociedad" y el juez lo asume haciendo un "análisis raquítico". Todo constituye la denegación de la justicia para los indígenas.
Advirtieron que no van a exponer un caso en particular, pero tienen ejemplos concretos recientes de sus planteamientos en los casos de los presos de COMPA y San Juan Lalana, entre otros.
Apuntaron que esperan que tras esta audiencia la CIDH emita una recomendación al gobierno mexicano para que se respeten los derechos de los pueblos indios en Oaxaca y en todo el país en materia de justicia. Detallaron que además estos problemas no se incluyen en las reformas que el presidente Vicente Fox está proponiendo, como la creación de un instituto para la defensoría de las personas indígenas.
Mafud Mafud, quien fue secretario general de Gobierno en los sexenios de Diódoro Carrasco y José Murat, informó que el martes atendió a comisiones de CIPO, FRP y COMPA que pidieron que se revisen y se agilicen los procesos de sus compañeros presos.
Le van a entregar una relación puntual de los asuntos, una síntesis para que se puedan analizar y revisar en el marco de la ley para ver de qué manera se pueden agilizar y los canalizó a la secretaría general de acuerdos.
-En el caso de que se demuestre que algún juez ha incurrido en irregularidades a la hora de dictar un auto de formal prisión o una sentencia, ¿a quién le corresponde investigar?
-En cualquier caso tenemos nosotros la visitaduría, que es la que tiene la facultad y obligación de revisar y en razón de eso se vería la magnitud de la falta y en su caso el correctivo que habría que imponer si así fuera.
-Algunas organizaciones se quejan de actuaciones de jueces por consigna.
-Es entendible que digan eso, pero no es aceptable, puesto que las denuncias no las está poniendo una parte del gobierno, sino son particulares; por ejemplo en el caso de Xanica hay un policía muerto y un policía que está parapléjico, solamente mueve los ojos. Entonces primero es un delito de oficio y luego tenemos a la parte ofendida. No son asuntos que no tengan una contraparte. No quisiera entrar muy a fondo, no puedo dar una opinión porque no estoy juzgando en este caso.
-Pero por ejemplo Margarita García García estaba fuera del país; demostró con su pasaporte y registros que estuvo en El Salvador el día que se supone que hubo un robo, y aun así le dictan auto de formal prisión. Suponiendo que hubiera alguna irregularidad del juez, ¿a quién le tocaría dilucidar esas cosas?
-Al pleno.
-En todo caso si tienen quejas, ¿tendrían que recurrir al tribunal?
-Claro, sí.
-¿Presentar una queja contra la actuación del juez?
-Lo pueden hacer a través de la visitaduría y en su caso para la aplicación de la sanción es el pleno el que está facultado para ello.
-Uno piensa que tiene que haber alguna manera de investigar si hay estas irregularidades.
-Claro, yo voy a hacer lo que nos toca de que se actúe con seriedad y con transparencia.
-Perdóneme, pero el señalamiento de que los jueces actúan por consigna...
-Es señalamiento de ellos.
-Sí, es señalamiento de ellos.
-Nosotros contestamos que no es así, cómo puede ser por consigna; vuelvo a un caso, donde hay un policía muerto y un policía parapléjico, el bien supremo tutelado, que es la vida, se perdió.
-Claro, pero le comento lo que dicen ellos: que sus compañeros ya estaban heridos y los hirieron policías, y entonces cuando ocurrió la emboscada no pudieron haber sido ellos.
-Sin entrar en mayores detalles porque no debe ser, por respeto a usted, por el medio que representa, pero sí le tengo que recalcar que eso es parte del procedimiento, yo no puedo adelantar y nadie puede adelantar si son culpables o no porque ahorita están como presuntos, no hay una sentencia que los declare culpables, en ese caso por dar ese ejemplo.