Camino al infierno
Dice el dicho que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. La aprobación del dictamen de la reforma constitucional que otorga el voto a los mexicanos residentes en el extranjero tiene todos los elementos para convertirse en un ejemplo de libro de texto de cómo una decisión inspirada por la virtud democrática puede llevar a la catástrofe. También ilustra el egocentrismo de nuestros políticos y de nuestros partidos, que están pensando más en los votos que pueden movilizar en Chicago o en Los Angeles que en las consecuencias de su decisión sobre la vida de los mexicanos en Estados Unidos o en el futuro de nuestra tambaleante democracia.
El cálculo de los políticos no alcanza para abarcar las dimensiones y la complejidad del fenómeno de la migración mexicana a Estados Unidos. La frustración y el desconcierto del gobierno de Vicente Fox ante las propuestas del presidente Bush sobre el tema ejemplifican nuestra incompetencia, que a los estadunidenses les encanta destacar, pero también son una reacción a su mala fe. El presidente mexicano ha pasado de propuestas descabelladas, como la de fronteras abiertas, a una conmovedora servidumbre ante la díscola oferta del programa de trabajadores temporales que hizo Washington. Reacciones y titubeos apuntan a las dificultades que para ambos gobiernos representa un asunto intratable que no tiene soluciones fáciles. El programa de Bush que ofrece legalizar la presencia temporal de millones de mexicanos ya establecidos en Estados Unidos es insuficiente, entre otras razones porque muchos no querrán incorporarse a una propuesta que limita su estancia en ese país y, de todas maneras, han demostrado que, diga lo que diga la ley, pueden regresar si así les conviene. La distribución de manuales o instructivos para el indocumentado elaborados por el gobierno mexicano con la intención de ayudarlos a resolver los problemas de un cruce ilegal ha sido vista por distintas autoridades en Estados Unidos como una provocación, no sin razón. Tantas torpezas de uno y otro lados sólo muestran que nadie sabe realmente qué hacer para mejorar la vida de los emigrantes mexicanos en Estados Unidos y para reducir la presión que ejercen sobre la frontera de ese país.
La gran diferencia entre la minoría mexicana en Estados Unidos y otras son las dimensiones del grupo y la contigüidad territorial de su país de origen. En este caso la cantidad modifica la calidad. Diez millones de personas provenientes del otro lado de la frontera son datos suficientes para inspirar el terror y soltar la rienda a pesadillas separatistas como la que describe Samuel P. Huntington en su libro sobre la identidad estadunidense.
A todos nos ofende y nos agobia el tratamiento que reciben los mexicanos en Estados Unidos. Los repetidos incidentes en que son víctimas de agresiones de policías o vigilantes prueba que el racismo sigue siendo una poderosa fuerza en una sociedad dominada por la obsesión etnicista, y que la presencia de mexicano-estadunidenses en el gabinete de Bush no abona actitudes más inteligentes ni generosas hacia los emigrantes. Simplemente sugiere que un americano de origen mexicano ha acumulado méritos suficientes para ser tratado como blanco. Pero este criterio no se aplica a todos los mexicanos, ni siquiera a Vicente Fox.
La pregunta que debemos hacernos es si acaso la participación de los residentes mexicanos en Estados Unidos en elecciones en México mejorará su vida de emigrantes. Lo mejor que puede pasar es que sea irrelevante. Lo peor es que el hecho de que voten en México sea un argumento adicional para discriminarlos y un obstáculo para que se incorporen a la sociedad en que han elegido vivir. El objetivo de muchos de ellos es precisamente ése y rechazan los argumentos de los activistas y organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos, la mayoría vinculadas con un partido político en México. No son pocos los emigrantes que consideran que estos grupos usurpan una representación que nadie les ha otorgado, que hablan por sí mismos o, en todo caso, por los partidos a los que pertenecen.
La tarea que San Lázaro ha impuesto al Instituto Federal Electoral (IFE) también pone en juego la estabilidad de esa institución. La magnitud de los recursos materiales y políticos que demanda la organización de comicios mexicanos en Estados Unidos en los términos que define la reforma votada -por ejemplo, con la instalación de centros de votación en comunidades de por lo menos 750 mexicanos- es apenas una muestra de la frivolidad e irresponsabilidad de nuestros diputados. La reforma extiende sin mesura las responsabilidades del IFE, compromete recursos siempre escasos y genera presiones adicionales sobre una construcción institucional que todos los días recibe por lo menos una buena patada. Lo más sorprendente es que son más las que le propinan desde adentro que las que recibe desde afuera.