La FNCA atentaría contra la seguridad del país, dicen
Investigar a disidentes cubanos, exigen diputados
La representación del PAN se opuso a la denuncia
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió hacer suyo un punto de acuerdo para exigir a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores que investiguen las actividades políticas que realiza en territorio nacional la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), cuyos vínculos se han estrechado con la administración del presidente Vicente Fox y el Partido Acción Nacional, especialmente con Cecilia Romero, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.
Los coordinadores parlamentarios de PRI, PRD, PT y Partido Verde asumieron la propuesta presentada por Jesús Martínez Alvarez, coordinador parlamentario de Convergencia, y suscribieron la denuncia en torno a la probabilidad de que la fundación referida esté cometiendo delitos de seguridad nacional y sabotaje, incluidos en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. De comprobarse tal situación los integrantes de ese grupo deberán ser expulsados del país, advierten los miembros de la junta de coordinación.
La legislación referida manifiesta que son causa de amenaza a la seguridad nacional: "altos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano...".
Los argumentos conocidos en la Junta de Coordinación Política respecto a las actividades de la FNCA convencieron de manera casi unánime a los diputados de cinco partidos (PRI, PRD, PT, Partido Verde y Convergencia), aunque no a la representación del PAN, que en voz de José González Morfin pretendió defender a los cubanos radicados en Miami, con el argumento de que forman parte de una asociación privada y por tanto no son susceptibles de investigación o fiscalización.
En respuesta Wintilo Vega, vicecoordinador del PRI, se manifestó contra el diputado del PAN, a quien recordó que Luis Pazos -presidente de la Comisión de Presupuesto en la 58 Legislatura- debió ser somtido a pesquisas por entregar 30 millones de pesos a la asociación Provida. Esos recursos fueron recortados al programa de atención a las personas afectadas por el VIH/sida; "por supuesto que la Fundación Nacional Cubano-Americana puede ser investigada y fiscalizada".
Y es que entre los argumentos para investigar a tal organismo se encuentra una serie de hechos de violencia en los que probablemente pudo haber intervenido o participado como autor intelectual:
En 1961, el 29 de junio, estalló una bomba incendiaria en la embajada de Cuba en México; el 19 de noviembre de ese año, la misma sede diplomática fue objeto del lanzamiento de cinco bombas.
Cuatro años más tarde, el 23 de septiembre, el terrorista Luis Posada Carriles, contratado por el grupo Representación Cubana en el Exilio (Rece), de Jorge Mas Canosa, fue descubierto cuando pretendía dinamitar barcos cubanos anclados en Tampico.
Además, en 1967 y 1969 se atentó contra la representación cubana en México, y los ataques contra los intereses del Estado en territorio nacional y en el extranjero -en los consulados de México en Miami y Nueva York- se incrementaron.
El recuento de los hechos que probablemente se asocian a la fundación propició que la mayoría en la Junta de Coordinación decidiera que "Gobernación y Relaciones Exteriores investiguen las actividades políticas que la FNCA realiza en los Estados Unidos Mexicanos".