El ex presidente, a punto de ser exonerado: su defensa
Está viva hasta 2012 la acusación contra Echeverría, señala Femospp
Mientras la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) aseguró que cuenta con documentos que mantienen viva hasta el año 2012 la acusación por genocidio en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otras 10 personas, la defensa del ex mandatario estimó que su cliente ''está a punto de ser exonerado'', y miembros de organizaciones sociales consideraron que la decisión de la Corte de no permitir la aplicación retroactiva de la ley fue ''reaccionaria y desapegada del derecho internacional'' .
En entrevista con La Jornada, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto afirmó que en 30 días consignará el expediente de la matanza del 2 octubre de 1968, y sigue viva la acusación por genocidio en relación con el 10 de junio de 1971, a pesar de que aún falta que la Corte analice si el fuero constitucional de que gozaron altos funcionarios es un elemento que permita que el delito continúe vigente.
A pesar de lo dicho por Carrillo Prieto, el comunicado que emitió la fiscalía a su cargo respecto de la determinación de la Corte señala, como si ya no tuviera más recursos por desahogar, que la decisión del máximo tribunal ''no afecta ni prejuzga sobre el genocidio y su prescripción para otros casos que esta oficina conoce e investiga''. Y agrega que ''dicha votación (4 a 1 en contra de aplicación retroactiva de la ley) se contrae y se refiere sólo a los hechos del 10 de junio de 1971'', en alusión a que aún no se consigna el expediente relativo al 2 de octubre de 1968.
El fiscal refirió que el expediente que se está desahogando en la Suprema Corte ''es una primera consignación, porque se sigue perfeccionando la comprobación del cuerpo del delito en contra de otros presuntos responsables''.
Por otra parte, para el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, la consignación ''está apoyada en una serie de argumentos de carácter jurídico, de acuerdo con criterios de carácter internacional y otros de derecho mexicano en que se establece que el genocidio aún no ha prescrito''.
A pregunta directa de si había elementos suficientes para acreditar el genocidio en contra de Echeverría, Macedo dijo: ''Ahí están los elementos, ahí está lo que la fiscalía ha creído conveniente a su juicio establecer''.
Para Jesús Martín del Campo, quien presentó la denuncia ante la Femospp por el homicidio de su hermano Eduardo, ocurrido el 10 de junio de 1971, los ministros que integran la Primera Sala de la Corte son conservadores por haber votado en contra del proyecto del ministro Juan Silva Meza. ''Parecen el supremo poder conservador del siglo XIX'', puntualizó.
Aunque dijo tener confianza en que la Suprema Corte emita un fallo favorable, aceptó que dada la actitud de los cuatro ministros (Sergio Valls, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero) en contra del proyecto de Silva Meza, de declarar la no prescripción del delito de genocidio, se puede prever que su actitud terminaría por negar las órdenes de aprehensión solicitadas por la Femospp en contra de Echeverría y algunos de sus ex colaboradores
Por su parte, los integrantes del Comité 68, Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, quienes al igual que Martín del Campo fueron entrevistados al término de la sesión de la Primera Sala, coincidieron en criticar la decisión de los ministros de no aceptar que los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad estén por encima de la Constitución, aun cuando su aplicación sea retroactiva.
Alvarez Garín insistió en que en 1971 había subversión al orden constitucional que impedía que procedieran denuncias en contra de los responsables del halconazo, situación que se habría mantenido al menos hasta 1982, cuando funcionarios del régimen de Echeverría concluyeron sus labores en el gobierno federal.
Habló también de que la Corte tendrá que analizar la existencia de una laguna procesal, porque al haber sido acusado Echeverría de la matanza del 10 de junio, la PGR debió iniciar ante la Cámara de Diputados un juicio de procedencia para retirarle el fuero y así poder consignarlo ante un juez, cosa que no sucedió y que interrumpiría el cómputo de prescripción.
Martín del Campo cuestionó el señalamiento que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el delito de genocidio era ''instantáneo''. Esto, dijo, ''es una aberración; se trata de un delito continuado, porque a los estudiantes los persiguieron, y aunque a algunos los mataron, después del halconazo continuó la represión''.
Para el abogado Juan Velásquez, defensor de Echeverría, su cliente está cerca de ser exonerado y dijo que el resultado de la resolución de la Corte repercutirá en la próxima consignación que pretende hacer Carrillo Prieto por genocidio, y que se refiere al 2 de octubre de 1968.