Editorial

La democracia garantiza los derechos de la minoría

El doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), rindió un importante y conceptuoso informe ante el Presidente de la República sobre la actividad del organismo que dirige. "Necesitamos abrir, todos, una discusión nacional y racional sobre violencia y legalidad, sobre impunidad y seguridad pública, sobre qué hacer para no llegar ­como sociedad y como Estado­ al hecho consumado de una descomposición social irreversible", declaró. Más adelante enfatizó: "La política se encuentra no sólo marcada por la coyuntura, sino ha sido secuestrada por la misma (...) la ética supone reconocer los valores que constituyan la síntesis de los mejores intereses y derechos del individuo. De ahí que el apego a estos valores no sólo sea bueno, sino también inteligente. La política estúpida es aquella que causa daño a los demás sin obtener ningún beneficio propio".

Añadió: "El arrogante considera estar muy por encima de quienes lo cuestionan; por ello no accede a dar razones ni a entablar un diálogo en condiciones de igualdad, ni a ofrecer argumentos. El arrogante, en política, no acepta más que adherentes".

El discurso provocó ira en el auditorio oficial, acostumbrado a obtener la sumisión de la mayoría parlamentaria y el acatamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ­es decir, de los organismos que deberían controlar al Poder Ejecutivo­ porque la CNDH adoptó, como le correspondía hacerlo, una línea independiente.

La democracia, en efecto, garantiza las diferencias, da derechos a las minorías, que así podrán llegar a ser mayorías si convencen al electorado y lo organizan. No puede identificarse con la intolerancia, el espíritu de secta ni el monopolio del poder. No puede utilizar triquiñuelas legales para que un grupo oligárquico seleccione previamente quién podrá gobernar, negando ese derecho a quienes no pertenecen al círculo aúlico.

Efectivamente, como dice el titular de la CNDH, causar daños a otros y a los principios echándose encima la ira popular no es una política inteligente. El Estado es consenso y coerción y si reposase sólo en esta última y gobernase sin consenso funcionaría como una dictadura de pocos privilegiados, no como el aparato político de todos.