Usted está aquí: viernes 18 de febrero de 2005 Política El gobierno federal deberá transferir a la Tesorería fondos congelados de 50 partidas

Por siete votos contra cuatro, la Corte confirma la suspensión del presupuesto

El gobierno federal deberá transferir a la Tesorería fondos congelados de 50 partidas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer, por siete votos contra cuatro, la suspensión de 50 partidas del Presupuesto de Egresos para este año -que representan más de 4 mil millones de pesos-, misma que fue concedida primero por los dos ministros que se quedaron de guardia en diciembre pasado. Los recursos estarán congelados hasta en tanto no concluya el análisis de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Vicente Fox contra el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el máximo tribunal del país determinó que para que la suspensión sea un recurso "equitativo", que no afecte o beneficie más a una de las partes involucradas en el litigio, el Ejecutivo debe transferir a la Tesorería de la Federación los recursos congelados, con la finalidad de que el dinero esté disponible y se pueda usar de manera inmediata en caso de que el Poder Legislativo gane la controversia.

Con el fallo se desechó el último de los seis recursos de impugnación que interpuso la Cámara de Diputados para que fueran revocadas tanto la suspensión como la admisión del juicio de controversia, con el argumento de que los ministros de la Comisión de Receso (Salvador Aguirre Anguiano y Jesús Gudiño Pelayo) no tenían facultades para haberlo hecho. Fue el pasado 22 de diciembre cuando se dio trámite al juicio controversial y se concedió la suspensión.

Aunque esta última fue ratificada ayer, tuvo una sustancial modificación. Según explicó en conferencia de prensa el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, una vez que se termine el engrose de la sentencia y los cinco ministros realicen su voto particular (eso podría tardar por lo menos dos semanas), la Corte notificará de su fallo a las partes en litigio. A partir de ahí el Ejecutivo federal tendrá tres o 15 días hábiles (eso se definirá en el engrose) para comenzar a depositar los fondos en la Tesorería.

Fue el mismo Ortiz Mayagiotia quien ayer corrigió su propuesta del pasado martes, en la que sugería que el Ejecutivo invirtiera los recursos en Cetes y pusiera las cuentas a disposición de la SCJN.

"He reflexionado sobre este punto concreto. Se me ha hecho ver que el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene un manejo especial sujeto a normas legales que impedirían la inversión en Cetes, pero sí que conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, existe la posibilidad de que estas erogaciones que han sido suspendidas se aseguren mediante depósitos en moneda nacional ante la propia Tesorería de la Federación", puntualizó el juzgador ante sus compañeros.

Asimismo, aclaró que los depósitos no implicarán una erogación ni un gasto. Sólo se mantendrán los recursos "en una especie de caja de ahorro", para que en caso de que el Ejecutivo pierda la controversia se garantice que los 20 estados, 89 municipios y tres delegaciones del Distrito Federal afectados (podrían participar como terceros interesados en el juicio) sí tendrán los recursos financieros disponibles.

De esta forma, después de siete sesiones y más de diez horas de discusión en que se debatieron los seis recursos de reclamación del Legislativo, los ministros llegaron a la conclusión de que lo más conveniente para ambas partes es mantener congeladas las 50 partidas con la condición antes mencionada.

Al término de la sesión, el ministro Ortiz Mayagoitia explicó el sentido jurídico de lo que ayer resolvió el máximo tribunal del país, aunque recalcó que "únicamente se refiere al beneficio de la suspensión que concedieron al Ejecutivo dos ministros" en diciembre pasado.

Precisó que el tema más importante de la controversia "es determinar si el Presupuesto de Egresos es una orden de gasto que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir puntualmente, bajo pena de incurrir en responsabilidad, como lo ha visto la Cámara de Diputados; o bien si, de acuerdo con la óptica del Poder Ejecutivo, el Presupuesto de Egresos no constituye para él ninguna orden, sino simplemente una autorización de gasto, pero de los gastos que él ha propuesto y de la manera en que deba ejercerlos conforme a sus propios programas".

-¿Cuál es el monto que deberá transferir el Ejecutivo? ¿Serán los poco más de 4 mil millones que representan el .25 por ciento del total del presupuesto? -se le preguntó

-Hay aquí algo pendiente de aclarar: por un lado se ha dicho que son 4 mil millones, y en otro cálculo se dice que son 6 mil millones. Creo que esto estriba en que hay una partida, no recuerdo el nombre, pero concretamente es para ayuda a indígenas, que es una partida federal que ejercía directamente el Poder Ejecutivo, y que no la han estimado ellos suspendida, sino que la siguen ejerciendo directamente por la Federación. Sin embargo, en el presupuesto viene la orden de que ya no la ejerza la Federación, sino que se trasladen estos fondos a los estados, y esta partida es de 2 mil y pico de millones de pesos, y hace la diferencia entre los 4 mil 500 millones y los 6 mil 500.

"Es una partida que se está ejerciendo, pero no se está haciendo en los términos ordenados en el presupuesto. Dados los términos en que quedó ordenada la suspensión, también deberá garantizarse esta partida, para que, en caso de que se le dé la razón a la Cámara de Diputados, estos 2 mil y pico de millones de pesos más se entreguen a las entidades federativas correspondientes. Entonces estamos hablando de que la reserva monetaria que estamos pidiendo es más allá de 6 mil millones de pesos."

 
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