El IEE alega que la reducción afecta en forma directa la entrega de prerrogativas a partidos
Organismos electorales de BC presentan ante la SCJN tres controversias por presupuesto
Mexicali, BC, 13 de febrero. El Instituto Estatal Electoral (IEE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California. Reclamó que se le redujera el presupuesto para el ejercicio 2005, además de la negativa a otorgar financiamiento a partidos políticos, y la violación del principio de publicación de los recursos otorgados en el Periódico Oficial del estado.
La SCJN decidirá este lunes si acepta el recurso, el cual será analizado por el ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia. De ser así, se agravaría el conflicto que el IEE mantiene con el gobernador Eugenio Elorduy Walther y con el Congreso estatal, por exigir autonomía e independencia.
De su lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California (TEPJBC) presentaron también recursos similares ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) "contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo" en materia de presupuesto.
Ambas instituciones acudieron a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad del PJF, al considerar que actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo lesionaron sus derechos y autonomía.
Esta es la primera ocasión que organismos electorales presentan controversias constitucionales sobre asignación presupuestal, lo que bien pudiera convertirse en un acto sin precedentes, en caso que la SCJN fallara a favor del IEE.
El TSJ y el TEPJBC, pertenecientes al Poder Judicial del estado, presentaron sus recursos el 10 de febrero anterior, de acuerdo con un documento oficial que emitió la actuaria Claudia Flores Díaz.
Un día después, la SCJN estableció en su lista de notificaciones que el IEE presentó la controversia constitucional con el número 9/2005 contra actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que se turnó al ministro instructor Ortiz Mayagoitia.
El recurso fue presentado por los directores generales del IEE y del Registro Estatal Electoral, Javier Lázaro Solís Benavides y José Pablo Angulo Cuadras, respectivamente, así como por el presidente del Consejo Estatal Electoral, Juan González Godínez.
El consejero ciudadano Rolando Escalante Topete dijo que dentro del IEE "existe confianza" de que se dé curso a la controversia constitucional, y comentó que "lo importante" de la querella es determinar si se violaron los principios de autonomía del organismo electoral.
Conflictos por presupuesto
La lucha del IEE contra la decisión de otorgar un presupuesto para 2005 muy por debajo del anteproyecto que presentaron originalmente los consejeros del instituto comenzó con un recurso de amparo ante un juzgado federal, con sede en Mexicali, que fue desechado por considerarse que este beneficio legal era improcedente tratándose de asuntos electorales. El IEE buscó presentar una controversia constitucional, pues, a pesar de no ser un poder público, sí es un organismo autónomo.
Por ley, el Poder Ejecutivo de Baja California debe integrar el Presupuesto de Egresos de los Poderes Públicos y organismos autónomos de la entidad, para que los apruebe el Congreso local. Sin embargo, por segunda ocasión consecutiva -como hizo con los recursos ejercidos en 2004-, la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal revisó y redujo presupuestos, con el argumento de que debía sujetarse a programas de austeridad.
El IEE solicitó inicialmente 86 millones de pesos, de los cuales 36 millones se destinarían a la Dirección General del propio IEE y al Consejo General; 42 millones serían para el Registro Estatal de Electores y 8 millones se entregarían a partidos políticos como prerrogativas.
En respuesta, el gobierno estatal disminuyó alrededor de 10 millones a cada una de las direcciones del organismo electoral. De esta manera, el presupuesto que presentó a la Legislatura estatal era de 65 millones de pesos.
Poco después, la Cámara de Diputados local recortó al IEE alrededor de 8 millones de pesos más, por lo que el presupuesto para 2005 quedó en 58 millones de pesos. Los consejeros ciudadanos consideraron que este recorte afectaba directamente en la entrega de prerrogativas para los partidos políticos, e informaron que no podrían entregar financiamiento público hasta que el Poder Legislativo les ampliara sus fondos en 17 millones de pesos, de los cuales 8 millones se destinarían a prerrogativas partidistas.
En respuesta a señalamientos de los representantes de todos los partidos políticos que participan en el organismo electoral, el IEE reconsideró su posición y tomó de su Fondo de Previsiones de los Trabajadores los recursos necesarios para proporcionar las prerrogativas, como determina la Ley de Instituciones y Procesos Electorales. A continuación presentó el amparo que le desechó un juez federal, y ahora acude ante la SCJN para interponer una controversia constitucional.