BUENOS MUCHACHOS

La Secretaría de Hacienda puede presumir de saber fajarse bien los pantalones. Cuando el Congreso autoriza al gobierno federal a incurrir en un déficit de 0.30 por ciento del producto interno bruto (PIB), la dependencia sale a escena y lleva el desequilibrio fiscal a un nivel todavía menor. Faltaba más.

Hace apenas unos días, Hacienda envió al Congreso el corte de caja del ejercicio 2004. Reportó que los ingresos presupuestarios del gobierno federal habían repuntado 6 por ciento respecto a 2003, hasta alcanzar un billón 774 mil 176.4 millones de pesos.

Como siempre, la clave está en los detalles.

Los ingresos petroleros fueron de 639 mil 627 millones de pesos, 14.5 por ciento más en términos reales que en 2003. Se trata de un ingreso mayor en 136 mil 638 millones de pesos a lo previsto en el programa original. Mientras, los no petroleros fueron de un billón 134 mil 548 millones, un aumento anual de 1.6 por ciento. En particular, llamó la atención la disminución, en términos reales, de 2.2 por ciento en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR). Sobre todo si se toma en cuenta que en 2004 la economía creció a una tasa ligeramente superior a 4 por ciento, después de tres años de estancamiento.

Los ingresos tributarios totales fueron en 2004 de 769 mil 864.3 millones de pesos, cantidad menor en 51 mil 383 millones de pesos a lo esperado al inicio del año. El déficit fiscal en el ejercicio fue de 19 mil 741 millones de pesos, 0.26 por ciento del PIB.

La enumeración de los datos generales de la situación fiscal hace patente que el logro en la reducción del desequilibrio, más allá de los límites avalados por todas las fuerzas políticas en el Congreso, tenga una explicación clara en los ingresos petroleros. La mayor disponibilidad de estos recursos, derivada de un precio que superó ampliamente la cotización de 20 dólares por barril empleada para la elaboración del presupuesto, fue suficiente por sí misma para hacer relativamente fácil la consecución de la meta fiscal.

Los resultados muestran una mayor ­y quizá preocupante­ dependencia de los ingresos petroleros, un hecho que exhibe claramente los riesgos a futuro de esta relación. En 2000, al inicio de esta administración, 33 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno federal dependían de la actividad petrolera. Este porcentaje se elevó a 36 por ciento en 2004. La despetrolización de las finanzas públicas no ha sido más que un buen deseo.

Un argumento socorrido por los funcionarios de Hacienda, y en general por el gobierno federal, es que nada puede hacerse si no hay una reforma fiscal profunda. Ellos la conciben, en esencia, como gravar el consumo de alimentos y medicinas y modificar las estructuras de pago del ISR y ganancias, pero siempre sobre el universo de contribuyentes ya cautivo. El dato de la disminución en la recaudación de ISR en el último año muestra que quizá es posible lograr mucho más con la eficiencia de la agencia recaudadora. El Servicio de Administración Tributaria perdió en el último año 24 mil 555 juicios en primera instancia y otros cuatro mil 798 en segunda instancia. Por litigios, en algunos casos relacionados con decisiones de la Suprema Corte, el fisco perdió el año pasado 25 mil millones de pesos.

La deuda formal e implícita del gobierno federal ronda 40 por ciento del PIB. Con un fisco más dependiente del petróleo y unos gestores fiscales obsesionados con un tipo de reforma que no tiene futuro político, los ingredientes para una crisis futura están sobre la mesa. Así que los estímulos de los políticos que aspiran a encabezar el próximo gobierno para desactivarla también están a la vista  §