Víctor M. Godínez
La propuesta presupuestaria del presidente George W. Bush para el año fiscal 2006 combina incrementos sustantivos del gasto militar y de seguridad con los más drásticos recortes en el último cuarto de siglo de los programas sociales. Tal combinación expresa con claridad las preferencias y metas establecidas para el segundo periodo de gobierno del mandatario republicano: reforzar el combate al terrorismo y reducir a la mitad las dimensiones del déficit federal sin alterar la política de rebajas impositivas adoptada en el cuatrienio precedente.
El proyecto articula el recorte o la eliminación de 150 programas federales que proporcionan subvenciones y servicios diversos a los sectores de ingresos medios y bajos de la población con el propósito de otorgar nuevas reducciones fiscales a los contribuyentes. En este sentido, los recortes del gasto incorporados en la propuesta no pueden interpretarse realmente como medio para reducir el déficit, sino como mecanismo para compensar el impacto de la caída de los ingresos generada por las excepciones de impuestos decretadas desde 2001 y las nuevas que ahora se proponen.
Aunque la retórica económica del presidente ha sido muy exitosa en concentrar el debate político sobre el déficit federal en el lado del gasto, lo cierto es que la primera razón del vuelco espectacular de la situación fiscal de Estados Unidos durante el primer gobierno de George W. Bush fue la contracción de los ingresos que produjo su política impositiva. En 2000 Estados Unidos tenía un superávit presupuestal equivalente a 2.4 por ciento de su PIB y, de acuerdo con las proyecciones de la Oficina del Presupuesto del congreso (CBO, por sus siglas en inglés), al cierre de 2005 tendrá un déficit de 3.3 por ciento. Este viraje fiscal de 5.7 puntos porcentuales del PIB operado en el último lustro tiene como causa principal la declinación de los ingresos federales, que en 2000 significaban 20.9 por ciento del PIB en tanto que en 2005 ya sólo ascenderán a 16.8 por ciento. Esto quiere decir que el deterioro de la situación fiscal durante este periodo es atribuible en más de dos terceras partes (4 de un total de 5.7 puntos porcentuales del producto) a la caída de los ingresos tributarios.
En 2005 los ingresos fiscales del gobierno federal serán los más bajos en relación con el PIB desde la década de los años 60. En cambio, las erogaciones totales del gobierno proyectadas por la CBO para el presente año fiscal ascenderán a 18.2 por ciento del PIB (incluyendo gastos para financiar la guerra en Irak), cifra que es 2.5 puntos porcentuales mayor que la de 2000 pero significativamente menor a la de cualquier año del último cuarto del siglo xx.
Cifras de la CBO muestran que el presupuesto del conjunto de los programas civiles del gobierno federal sólo representa 15 por ciento del costo total de la legislación fiscal decretada en Estados Unidos desde 2001, es decir, en los cuatro años fiscales que corresponden al primer gobierno del actual mandatario. En contraste, los recortes impositivos del periodo representaron 48 por ciento de dichos costos, correspondiendo 37 por ciento restante al incremento de los gastos de defensa y seguridad interna.
A pesar de que el gasto de los programas civiles tuvo un papel relativamente menor en el giro de la situación presupuestal estadunidense desde que el presidente Bush asumió por primera vez el poder, el diseño fiscal para 2006 pone casi totalmente en ellos el peso de la proyectada reducción del déficit de las finanzas federales.
Las consecuencias financieras y fiscales de las rebajas tributarias acordadas sucesivamente en 2001 y 2003 se profundizarán en los próximos años si el Congreso llegara a aprobar los nuevos recortes impositivos propuestos por el presidente en su proyecto presupuestal. Se estima que las nuevas concesiones fiscales podrían reducir los ingresos gubernamentales en unos 130 mil millones de dólares en el próximo quinquenio.
En estas condiciones, los recortes del gasto civil propuestos en el diseño presupuestario del Ejecutivo no serán suficientes para reducir a la mitad el déficit del gobierno federal. Basta considerar que, por más sorprendente que pueda parecer, el proyecto enviado al Congreso por el presidente omite detalles que al ser tomados en cuenta podrían modificar de manera notable el escenario fiscal que el gobierno supone para Estados Unidos en su propuesta para 2006 y los años que siguen.
En particular, la propuesta omite los gastos futuros asociados a la guerra en Irak y Afganistán, que fueron uno de los dos componentes más dinámicos de las erogaciones federales en los años recientes. Se estima que estos gastos representan en la actualidad una erogación de 5 mil millones de dólares mensuales y que en el año fiscal de 2006 mantendrán un nivel similar. La propuesta tampoco considera las consecuencias fiscales del proyecto más importante del presidente en el ámbito interno: la reforma del seguro social. Funcionarios del propio gobierno calculan que la puesta en marcha de este proyecto tendrá un costo inicial de 23 mil millones hacia 2009, suma que el gobierno deberá sufragar para sortear sin traumatismos el periodo de transición entre el antiguo y el nuevo esquema de seguridad social.
Si a todo lo anterior se añaden las presiones sociales y políticas que de manera previsible generará el intento de reducir y suprimir programas muy significativos para segmentos mayoritarios de la población (desde subsidios agrícolas y ferroviarios hasta programas educativos, pasando por ayudas a las ciudades y comunidades), no resulta exagerado adelantar que el proyecto presupuestario diseñado por George W. Bush para su segundo periodo de gobierno está muy lejos de asegurar el consenso legislativo que él y sus colaboradores más cercanos parecen dar por descontado.
El presidente Bush espera demasiado de su propuesta. Cuesta mucho trabajo imaginar a los congresistas de su propio partido, que a diferencia de él deberán asegurar su futuro político, votando en favor de reducciones draconianas o de la supresión de programas sociales que benefician de manera directa a su electorado. Y más aún si, como es muy probable que suceda, el efecto presupuestal de dichos ajustes sólo alcanzará, en el mejor de los casos, a compensar una parte de la caída de los ingresos, pero no a frenar las fuerzas primarias que generan el déficit fiscal. Todo ello sin considerar los costos no previstos de las dos prioridades políticas del presidente: las guerras en Irak y Afganistán y la reforma de la seguridad social. Hay razones suficientes para ser escépticos con respecto a que el proyecto presupuestario del presidente Bush para 2006 siente las bases para empezar a solucionar el problema fiscal y financiero que representa el déficit fiscal de Estados Unidos§
