Sucede a diario y a toda hora. El robo se comete a la vista de todos, con el conocimiento de las autoridades, es del dominio público. Pero, en un caso de verdad absurdo, la ley protege a los ladrones y deja a los agraviados en la indefensión. Este no es el inicio de una anécdota, sino la síntesis del hurto que cometen cientos de estaciones de gasolina y que, sólo en 2004, representó para defraudadores llevarse a la bolsa 18 mil millones de pesos, monto que los consumidores pagaron por un producto que no recibieron.

Es sólo una muestra de la debilidad del sistema de protección de los consumidores en el país. También apunta a los fuertes estímulos que, en los hechos, existen para la ilegalidad. Si una actividad puede, a base de engañar a los compradores, dejar ganancias de esa magnitud; si las autoridades no hacen nada, a pesar de que lo saben; y si los jueces otorgan amparos a los dueños de las gasolineras para evitar la clausura, entonces ¿por qué los dueños de las franquicias van a pensar que es necesario cumplir la ley?

Y si denunciamos, ¿qué pasa? La experiencia dice a las claras que nunca sucede nada. A esa pregunta sólo cabe una respuesta: no les pasa nada a los infractores de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). Y lo peor que esa experiencia se da en muchos otros casos. No pasa nada.

El costo, en todo caso, se traslada al consumidor y por varias vías. No sólo al recibir litros de gasolina incompletos, sino porque se trata de un insumo que incide en el precio de todo lo que se transporta, ya sean alimentos o personas. Le pega directamente al ingreso de las familias.

Ante tal situación, ¿cómo podrían los consumidores defenderse del poderoso enemigo que representa la Onexpo? "Debemos hacer uso de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004 para denunciar cualquier sospecha de abuso en el despacho del combustible. No debemos seguir permitiendo que estos señores ­los expendedores dueños de las franquicias­ sigan obteniendo ganancias ilegales abusando de un servicio básico para la comunidad."

Quién habla es Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien agregó: "la gente ya debe aprender a denunciar cualquier abuso cuando adquiere bienes y servicios de cualquier tipo y valor. La mayoría no tenemos la conciencia ni la práctica para acceder a una autoridad competente, y dejamos que las cosas pasen".

Pero ¿cuál es la autoridad que debe defender a los consumidores? Y si existe, ¿puede hacerlo? Y si puede, ¿lo hará? La resignación de los consumidores no debe ser la base de la eficiencia económica que se dice que proviene del mercado  §