La hostilidad contra Cacho, desde que protege a víctimas del empresario libanés Succar Kuri
Amenazan de muerte a activista que denunció pornografía infantil
Delicado que un funcionario, como en este caso Yunes, sea mencionado en la indagatoria, señala
Desde hace 18 años, la periodista Lydia Cacho Ribero se ha dedicado a la defensa de los derechos de mujeres y recientemente, como presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Cancún, Quintana Roo, ha dado protección a víctimas de violación y maltrato. En noviembre pasado comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte por este trabajo, en particular por haber apoyado la denuncia contra una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el empresario libanés nacionalizado mexicano, Jean Succar Kuri.
Cacho dice no estar atemorizada y advierte que ella y el equipo de 40 personas que colaboran en el CIAM están convencidos de que deben seguir con su labor y no dejar que la investigación en torno a Succar Kuri, detenido en Arizona, Estados Unidos, se desvanezca como pretenden que suceda quienes tienen ciertos intereses políticos y económicos.
Considera, en entrevista con este diario, que en estas historias de "impunidad", las autoridades estatales y federales han tenido un papel de "complicidad", y exige su intervención para que cese el hostigamiento en contra del CIAM y se vaya a fondo en las indagaciones sobre estos hechos delictivos y se castigue a los responsables.
Por lo pronto, dos organismos internacionales, la Organización Mundial contra la Tortura y el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, han enviado cartas al gobierno mexicano solicitando su intervención urgente para proteger la integridad de esta activista y del resto del equipo del centro.
Cacho también aborda el tema de las acusaciones en contra del subsecretario de Seguridad Pública federal, Miguel Angel Yunes, en el sentido de que estaría relacionado con Succar Kuri, quien se encuentra en proceso para ser extraditado a México.
Para la defensora de derechos humanos, resulta muy delicado el que una persona que está mencionada en este tipo de indagaciones forme parte de un cuerpo policiaco como el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. "Nos prende un foco rojo, no nos consta que Yunes haya cometido algún delito, pero sí consta por testigos y documentos que aparecía constantemente en la casa de Succar Kuri", explica.
Afirma que Yunes, designado por el presidente Vicente Fox subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP desde el 10 de enero pasado, debe responder y probar que no son ciertas estas imputaciones. Insiste en que el CIAM no lo señala como culpable, pero sí exige al Estado que haya transparencia en la administración e impartición de justicia.
Recuerda que en enero pasado, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias. "Queremos que cumpla su promesa, no importa que sean políticos, priístas, panistas pero que sigan este caso".
Frente a ello, Cacho no demanda protección especial, sino sólo que se cumplan los tratados internacional que México ha suscrito y que las autoridades sean capaces de ejecutar una orden cuando hay investigaciones, sin seguir aduciendo que no pueden hacer nada. "No estamos dispuestas a vivir en este mar de impunidad".
Esta activista se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres siguiendo el ejemplo de su madre, Paulette Ribero, sicóloga y feminista. Como periodista se especializó en estos temas, pero explica que un día dejó de escribir sobre la violencia contra las mujeres y decidió ir más allá, por lo que creó diversas agrupaciones y fundó el CIAM, hace tres años.
Actualmente, este centro ofrece a las víctimas de violencia diversos servicios: asesoría legal, terapia sicológica, asistencia médica, ginecológica y de salud reproductiva e interviene en situaciones de crisis por violación sexual y abuso infantil. Además cuenta con una casa refugio, que pertenece a una red nacional certificada por la Secretaría de Salud, que da protección a las mujeres y a sus hijos en situaciones de violencia extrema.
Explica que desde que inició esta actividad ha sido hostigada, pero en meses recientes la situación ha empeorado. En diciembre pasado, José Ramón Hernández, ex agente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, se presentó armado al centro para amagar por el hecho de que el CIAM ha dado protección a su esposa.
En ese momento, Hernández amenazó a Ribero que si no le entregaba a su esposa la iba a matar y después de ese incidente ha regresado al centro con actitudes similares. "Levantamos la denuncia una y otra vez -ya suman siete- y finalmente este sujeto no ha sido detenido".
El otro caso es el de José Alfredo Jiménez Potenciano, supuesto narcotraficante del sur de Quintana Roo, cuya esposa e hijos han recibido protección por parte de la institución. Este hombre, explica, también se ha presentado al centro portando armas de fuego de alto calibre y ha hecho llamadas telefónicas intimidatorias. Pero tampoco lo han detenido.
Pero la principal razón que tiene "en la mira" al centro es la protección que dio a un grupo de niñas y adultas, desde octubre de 2003, y las cuales fueron víctimas de la red de Succar Kuri. En la medida que el CIAM intervino se descubrió que detrás de todo había una red de prostitución y pornografía infantil, investigación en la que se involucra a políticos como Yunes y Alejandro Góngora Vera, ex representante de Fonatur en Cancún.
"A partir de eso recibimos las primeras llamadas de la gente de Succar Kuri y su esposa amenazando que no nos metiéramos con él, que podríamos perder la vida", recuerda.
Los integrantes del CIAM no cejaron y siguieron atendiendo las denuncias de cientos de mujeres que fueron utilizadas en esta red. "Las presiones siguieron creciendo y en diciembre volvimos a recibir llamadas intimidatorias, porque exigimos a la Procuraduría General de la República que este caso no quedara impune", explica.
Adicionalmente, unos ex agentes de la policía municipal la visitaron para avisarle que ella y la abogada del centro, Verónica Acacio, estaban incluidas en una lista de personas que Succar Kuri había mandado a asesinar.
Cacho señala que no están dispuestas a esconderse y que seguirán haciendo su trabajo. "Es responsabilidad del Estado protegernos y detener a estos sujetos. No queremos ninguna canonjía y aunque a veces nos sentimos agredidas, estamos dispuestas a seguir promoviendo la cultura de la no violencia y que se acabe la complicidad del Estado en la violencia contra las mujeres", afirma.