Petróleo y cifras fiscales de 2004
Terminemos nuestra reflexión sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2004 con una consideración sobre los números oficiales de su aportación fiscal. Se encuentran en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda, del cuatro trimestre de 2004, presentado por la Secretaría de Hacienda el pasado 4 de febrero. Lo primero a notar es un monto de ingresos presupuestarios del sector público de 157 mil 203 millones de dólares: 23.8 por ciento de un producto interno bruto (PIB) estimado en 660 mil millones de dólares. De estos ingresos, el gobierno federal reunió 112 mil 542 millones de dólares.
Pero sólo 68 mil 215 millones fueron ingresos estrictamente tributarios que -sorpréndase- además de representar un pobrísimo 10.3 por ciento del PIB, fueron 4 por ciento real inferiores a los de 2003. Es que el componente principal de éstos (el impuesto sobre la renta, ISR) resultó más bajo que en 2003, lo que no deja de ser curioso luego de que crecimos -como se asegura oficialmente- por encima de 4 por ciento. En cambio, entremos en materia. A pesar de que el volumen de petróleo exportado fue poco menor al presupuestado (88 mil barriles al día inferior), los ingresos petroleros alcanzaron un total de 56 mil 675 millones de dólares, en términos reales 21 por ciento superiores a los de 2003. ¿Por qué? Por una razón muy simple: el precio de nuestra mezcla mexicana de exportación fue de 31.01 dólares por barril, 11 dólares mayor a los 20 dólares por barril presupuestados en la Ley de Ingresos de 2004.
Con estos datos se entiende el origen del fenomenal ingreso petrolero del año pasado. Y, una vez más, por qué el componente principal (55 por ciento) fue el de los derechos de extracción de hidrocarburos (ordinarios, extraordinarios, especiales, etcétera). En cifras oficiales los derechos alcanzaron 31 mil 335 millones de dólares: 34 por ciento superiores tanto a lo presupuestado (22 mil millones de dólares) como a lo obtenido en 2003 (23 mil 363 millones).
Con este monto tan alto -el mayor de nuestra historia petrolera- en sólo cuatro años el presidente Vicente Fox ya reunió 90 mil millones de dólares de renta petrolera, y ya supera lo reunido en todo el sexenio por cualquier gobierno anterior. Esta realidad contrasta -vaya que lo hace- con esa inexplicable desvergüenza de los personeros gubernamentales que pretenden compartir esta renta petrolera con inversionistas privados, mediante los llamados títulos con derechos económicos, nuevo invento de ingenieros financieros vulgares, que pretende capitalizar a la empresa con formas no sólo ajenas a la Constitución, sino lejanas a la urgencia y a la necesidad de una reforma fiscal integral que, efectivamente -como lo anotan con justeza- permita que nuestra paraestatal cuente con recursos frescos para revertir su deterioro productivo y financiero.
No dejan de sorprender sus amenazas veladas. Menos aún sus curiosas formulaciones sobre la urgencia de un régimen fiscal de transición y una curiosa autonomía. Sus recientes planteamientos ante el Senado de la República no hacen sino manifestar sus impedimentos ideológicos y políticos para formular una propuesta de reforma fiscal integral de gran aliento, que fortalezca a Pemex e identifique las alternativas para no debilitar a un Estado mexicano que requiere -claro que sí- no menos de una participación de 20 por ciento de su PIB como tributación no petrolera. ¿Cómo aceptar que la renta petrolera haya superado 30 mil 583 millones de dólares recogidos fiscalmente como ISR? ¿Cómo aceptar, asimismo, que esta misma renta petrolera haya sido superior al impuesto al valor agregado, que acumuló 25 mil 284 millones de dólares? Es ingenuo -inclusive irresponsable- discutir una reforma fiscal de Pemex, sin llevar la discusión al terreno de las propuestas de una reforma fiscal integral. ¿De qué se trata? De redefinir los términos y condiciones de captación del ISR, menos sobre los actuales contribuyentes cautivos. Y más -mucho más- sobre quienes escapan cotidianamente a esta responsabilidad social y política esencial de pagar impuestos, en sus actuaciones cotidianas en el mercado bursátil, en sus transacciones financieras y comerciales de todos los días, y en el manejo de sus propiedades, su patrimonio y sus herencias.
Sí, es urgente liberar nuestros yacimientos de hidrocarburos de esa tributación desenfrenada que -efectivamente- no sólo lleva a Pemex a un deterioro irreversible, sino que conduce a cualquier proyecto de nación al más rotundo fracaso. Nunca lo olvidemos. Tampoco que el control de nuestros recursos -primordialmente hidrocarburos y su renta- da un incuestionable y amplio poder social a la nación, para incidir de forma definitoria en su estrategia y en su patrón de desarrollo.
Pero el soporte de este control exige hoy -como nunca antes- esa reforma fiscal de fondo. Es aberrante cambiar el régimen fiscal de la paraestatal, sin definir su régimen en el contexto de esa modificación tributaria íntegra. ¿Luego de tantos años, quién o quiénes tienen tanta urgencia? ¡Pronto comentemos más!