Los descontentos acusaron a las autoridades de ignorar sus quejas
Taxistas de Motozintla denuncian tráfico de influencias en la entrega de concesiones
El pueblo se convierte en rebelde por las constantes injusticias que padece: JBG
La Realidad, Chis., 12 de febrero. La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza dio a conocer las agresiones e injusticias que por parte del gobierno estatal padece un grupo de taxistas independientes de la fronteriza ciudad de Motozintla, quienes acudieron al caracol de La Realidad como último recurso.
"Ha llegado hasta nuestra oficina un grupo de la Coalición de Taxistas de Motozintla en busca de justicia, porque la han buscado en las instalaciones gubernamentales y lo que han encontrado son amenazas y discriminación", refiere la JBG: "el pueblo se convierte en rebelde porque las mismas autoridades lo obligan a tomar esa alternativa. El pueblo ya está cansado".
Haciendo eco a la protesta de los transportistas, la JBG comunica que desde 1996 "personas pertenecientes a diversas agrupaciones solicitaron ante las autoridades gubernamentales y de tránsito del estado permiso de concesión para trabajar lícitamente en la actividad del volante y prestar el servicio a la población de Motozintla, pero el 23 de noviembre de 2004, en una sesión abierta fueron entregadas las concesiones y los permisos a quienes las autoridades consideran amigos y parientes, o los que dan más dinero". Los que no son amigos ni pagan fueron arrojados a la calle "con la frase 'la piñata ya se rompió y los dulces están repartidos, y los que no ganaron, a la fregada'. En ese momento el grupo independiente manifestó: 'si para nosotros no hay permisos, esto puede traer problemas y muertes'. La respuesta del coordinador estatal de Autotransporte, Aniceto Orantes Ruiz, fue: 'mátense, y yo qué'".
"Las concesiones y los permisos entregados a las personas más cercanas a las autoridades están siendo rentados a otras personas a 5 mil pesos mensuales por dueños de los permisos como Armando Mérida Cano y Aníbal González, entre otros; éstos fueron beneficiados hasta con cinco permisos, mientras que para otros no hay nada".
Mérida Cano es secretario de la cooperativa El Mariscal "y sólo él es escuchado por las autoridades cuando se trata de tramitar permisos. Las personas que lo necesitan acuden a él para lograr lo que quieren, pero deben afiliarse a la agrupación de este señor porque así lo pide. Las personas tienen que pagar a Mérida Cano hasta 30 mil pesos para que les tramite su permiso. Si no lo hacen así, que se olviden. Entre él y las autoridades existe un negocio que sólo ellos saben con cuánto se queda cada uno". Las autoridades gubernamentales chiapanecas, "en particular las de tránsito, cubren sus actos de corrupción en contra de la sociedad, como siempre lo acostumbran".
A partir del 23 de noviembre de 2004 todos los excluídos por el gobierno, unos 50, decidieron organizarse en una coalición y trabajar las unidades con que cuentan. Este 31 de enero, por presión de los concesionados y los llamados "tolerados", el delegado de tránsito puso en marcha un operativo contra la coalición y fueron detenidas dos unidades, propiedad de Simeón López Rodríguez y Ana Luz Villegas Armas. Una unidad más fue maltratada. Uno de los transportistas fue "gravemente golpeado" por los concesionados y "tolerados" en presencia de Isaías González, delegado de tránsito de Motozintla, según denuncia la junta zapatista.
Por la tarde de ese mismo día la coalición realizó una marcha pacífica y fue interceptada por los concesionados y "tolerados", quienes los atacaron con piedras y palos. Los miembros de la coalición "decidieron defenderse, suscitándose un enfrentamiento en el que los "tolerados" dejaron abandonada una unidad que los de la coalición recogieron "para mantener su integridad y entregarla cuando sea el momento".
Ahora, seis miembros de la coalición de taxistas son amenazados con órdenes de aprehensión "por ser considerados líderes". La JBG notifica que "de todo esto, el gobierno del estado y el señor Vicente Fox tienen conocimiento; así lo comentó el propio delegado Isaías González en el momento del operativo: que las órdenes las había recibido de Pablo Salazar Mendiguchía vía telefónica".
La JBG responsabiliza al Presidente de la República y al gobernador de posibles nuevos enfrentamientos en Motozintla, y pide "la inmediata solución del problema otorgándoles trabajo a todos los que lo necesitan". En Chiapas, agrega, "no existe eso de un gobierno 'del cambio', y lo que dice Salazar Mendiguchía de 'uno con todos' es pura lengua, porque cada día hay más excluídos en los espacios de trabajo".
Las autoridades rebeldes se preguntan "¿dónde están la razón y la justicia, si a los que ya cuentan con otras concesiones se les otorgan más, y a los que nada tienen, nada? ¿Qué quieren que la sociedad haga? ¿Asaltar, traficar drogas o indocumentados, o que todos sean maras salvatruchas en esa zona? ¿Eso es lo que quieren? Y si no, ¿por qué no persiguen a los asaltantes, narcotraficantes y polleros, y dejan trabajar a los que lo quieren hacer dignamente? El pueblo se convierte en rebelde porque las mismas autoridades lo obligan a tomar esa alternativa".