Mantiene Fox la estrategia militar del ex mandatario contra el EZLN: Centro Fray Bartolomé
Zedillo, acusado ante la CIDH por delitos de lesa humanidad
Se incluye en la demanda a los generales Enrique Cervantes Aguirre y Mario Renán Castillo
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por delitos de lesa humanidad, al ex presidente Ernesto Zedillo, en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas en el periodo 1994-2000; al general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional, como el creador e impulsor de la política contrainsurgente en Chiapas, y al general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, como el brazo ejecutor del Plan de Campaña Chiapas 94, informa el coordinador de dicho centro, Michael Chamberlain.
Explica que el gobierno del presidente Vicente Fox mantiene intacto y vigente en la zona de conflicto el plan militar diseñado y ejecutado desde la embestida de Zedillo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, y el verdadero control político militar en Chiapas sigue estando bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Agrega que Fox, al igual que Zedillo, no reconoce que en los asesinatos perpetrados por los grupos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, existe ''responsabilidad de Estado''; asimismo intenta ''no tocar'' al Ejército Mexicano en las investigaciones por los crímenes contra indígenas, y no existe interés por solucionar el conflicto con el EZLN; ''sólo le interesa administrarlo, que no le estorbe''.
Conflicto vivo
Lo anterior, considera el Fray Bartolomé, representa el mosaico político y militar que se vive en un conflicto que no ha terminado, ''se encuentra vivo''.
El organismo civil añade que a Vicente Fox no le interesa fortalecer las investigaciones sobre los paramilitares; para el Presidente de la República es un asunto de administración del conflicto. ''Para nosotros es evidente que el plan de campaña trascendió el sexenio de Zedillo y está siendo aplicado en esta administración, tanto en el ámbito federal como estatal.
''Esto nos habla de una política que es controlada por el Ejército Mexicano y aprobada por Fox, donde no quieren, primero, reconocer que existe responsabilidad de Estado; segundo, no quieren deshacer del todo el tinglado, todas las condiciones materiales de control de territorio en términos militares y donde los grupos paramilitares tarde o temprano van a ser funcionales, van a servir otra vez.''
Con base en la amplia documentación que el organismo de derechos humanos tiene en su poder -entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, Chamberlain asegura que el actual gobierno no ha hecho ningún compromiso en términos de la investigación. Por el contrario, el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien fuera procurador militar en el sexenio pasado, disolvió la Unidad para la Investigación de los Grupos Civiles Armados, ''precisamente para no tocar al Ejército y no atender la justicia''.
-¿Le interesa al presidente Vicente Fox dar solución al problema de Chiapas?
-No. Le interesa administrarlo en términos de que no le estorbe; esto aplica tanto para el gobierno estatal (que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía) como para el federal.
-¿Los grupos paramilitares están vigentes?
-Sí, claro.
-¿El mapa militar en Chiapas se encuentra como hace diez años?
-Se encuentra igual. Existen actualmente cerca de 91 campamentos militares; el Ejército Mexicano ha ido avanzando, sobre todo a partir de 2000, en la expropiación de los terrenos que ha ocupado desde 1995.
''El Ejército pretende quedarse ahí un buen rato. Ni siquiera es significativo el movimiento castrense con las tres señales del EZLN; fueron siete campamentos los desmantelados de un universo de 98. No es muy relevante en términos de la presencia militar. Fundamentalmente es la misma posición desde 1995.''
-¿Qué pasa con los grupos paramilitares?
-Están ahí, siguen armados, están organizados; algunos están divididos. Ahí el factor político ha influido, pero se están reorganizando y muchos están empezando a tomar los poderes que les permitieron actuar con impunidad en el pasado: los poderes municipales. Y es cosa de encontrar los mecanismos de quiénes les dan cobertura para poder actuar.
El activista acusó a las procuradurías General de la República y de Justicia de Chiapas de no investigar a los paramilitares teniendo toda la información necesaria para hacerlo. ''Es por ello que acudimos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos''.
El coordinador del Centro Fray Bartolomé de las Casas confirma que con las nuevas evidencias obtenidas y el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia, apelaron ante la CIDH y acusaron al gobierno de México de haber cometido delitos de lesa humanidad, en términos de los estatutos de la Corte Penal Internacional, que retoma al Tribunal de Nuremberg, es decir, ataques sistematizados a la sociedad civil consistentes en desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, tortura...
''Hasta ahora, todas las investigaciones se han enfocado no solamente en la zona norte, también está el caso de la masacre de Ac-teal; se han enfocado en señalar responsabilidades individuales, en delitos del fuero común, aunque lo más patético sigue siendo Acteal; están juzgando por separado a cada uno: 'tú a quién mataste''. No quieren investigar delincuencia organizada, investigan de forma individual como si todos los responsables hubieran llegado coincidentemente al mismo lugar y asesinado a la misma persona.
''Evidentemente ninguna de las investigaciones se dirige hacia altos mandos; no están considerando el contexto del conflicto y la acción de la Sedena como una estrategia de guerra de atacar a la población civil, y se sigue pensando que el problema es intercomunitario.''
Destaca la importancia del testimonio del ex comandante de Paz y Justicia porque, indica, viene a confirmar la responsabilidad del Estado federal en los asesinatos; la participación del Ejército Mexicano en la formación de los grupos paramilitares en todas las zonas indígenas de Chiapas; el apoyo financiero del gobierno local hacia esas bandas armadas y la estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional por golpear y fracturar a la sociedad civil que considera base de apoyo del EZLN.
-¿La sociedad civil es considerada por el Ejército Mexicano como muro de contención, como el apoyo social que había que acabar?
-Sí. El Ejército dice que el Ejército Zapatista es una organización de tipo maoísta y, como tal, aseguran los militares, se escuda en la población; por eso hay que quitarle el agua al pez, según se establece en sus propios manuales.
Estrategia común
El testimonio del ex comandante de Paz y Justicia, explica, es importante porque es aplicable para todos los grupos paramilitares que existen en Chiapas; incluso, asegura, si se compara a los grupos de Chenalhó, que fueron los responsables de Acteal, que han llamado algunos Máscara Roja, con Paz y Justicia la actuación es igual: el tipo de armamento, la manera en que se uniformaban para hacer estos ataques, su vinculación con el municipio a que pertenecen, la impunidad de que gozaban, es decir, todas las características atribuidas a esa organización armada la tienen los otros grupos paramilitares.
''Lo que hace este ex paramilitar es confirmarnos toda la estrategia, o sea: no necesitaríamos, en principio, de un testimonio más, porque finalmente el punto que los une a todos es la estrategia del Ejército Mexicano en la creación de estos grupos; eso es lo que está confirmado'', concluye el representante del Fray Bartolomé.