Se los llevaron agentes de la PGJE sin orden de aprehensión
Detienen a cuatro líderes de grupos sociales en Oaxaca
Dirigente del CIPO-RFM denuncia "hostigamiento"
Los delitos de que se les acusa datan de 1998 y 2002
Entre miércoles y jueves, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a cuatro dirigentes sociales en la ciudad de Oaxaca. Juan Alavez Méndez, indígena defensor de los bosques de San Isidro Aloapam, fue aprehendido por seis agentes "sin presentar orden de aprehensión", mientras que Alejandro Eleazar Cruz López, de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), y Jaqueline López Almazán y Samuel Hernández, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), fueron internados en el penal de Santa María Ixcotel.
Raúl Gatica, dirigente del CIPO-RFM, aseveró que "estas detenciones tienen que ver con el clima de hostigamiento contra luchadores sociales e indígenas del estado".
La PGJE explicó que Cruz López fue detenido este jueves en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, luego de que llegó de la ciudad de México -donde participó en diversas movilizaciones con los pobladores de Santiago Xanica, de donde es originario-, en cumplimiento de la orden de aprehensión 107/98 que libró en su contra el juez primero de lo penal, con sede en Tuxtepec, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.
Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 1998, cuando Cruz López "tomó por asalto las oficinas del juzgado segundo de lo penal, en Tuxtepec, para exigir la liberación de Catarino Torres Pereda, quien estaba preso por el delito de despojo y daño en propiedad ajena por incendio", señaló.
Según la procuraduría estatal, Mientras mantuvo bajo su control el juzgado, Cruz López revisó archivos, expedientes y legajos oficiales, varios de los cuales desaparecieron. Los funcionarios del juzgado presentaron la denuncia correspondiente, que originó la orden de aprehensión contra el dirigente.
Por su parte, Jaqueline López y Samuel Hernández fueron capturados este jueves cuando caminaban por calles de la ciudad de Oaxaca por el delito de privación ilegal de la libertad de funcionarios de la Secretaría de Transporte del estado. Los hechos ocurrieron en febrero de 2001, cuando encabezaron la toma de las instalaciones de la dependencia para exigir 150 concesiones de taxis.
Respecto a la detención de Alavez Méndez, de 54 años, Raúl Gatica detalló que el miércoles pasado, en la Central de Abastos de Oaxaca, dos policías ministeriales y cuatro agentes de Tránsito "subieron al autobús de la comunidad y sin presentar orden de aprehensión se llevaron al compañero, quien se ha distinguido en la lucha por la defensa de los bosques contra los paramilitares de San Miguel Aloapam, integrantes de Antorcha Campesina".
Los agentes trasladaron al detenido al penal de Etla, donde se supo que en el expediente 127/2004 Alavez Méndez está acusado de daños en propiedad ajena. "Esto tiene que ver con la lucha para defender el bosque, porque en 2000 los comuneros de San Isidro Aloapam impidieron que los talamontes de San Miguel sacaran en camiones la madera que habían cortado; los acusaron de daños en propiedad ajena porque se sentaron en la carretera y bloquearon el camino."
Gatica aseguró que la detención de Alavez Méndez "es una irregularidad, porque e1 17 de mayo de 2002 se le dictó sentencia de dos años y cinco meses de prisión por esa acusación, y según la ley, la prescripción empieza a funcionar a partir de la fecha en que se dicta sentencia, por lo que el delito prescribió en octubre de 2004, además de que lo detuvieron sin orden de aprehensión".
Por su parte, Cruz López culpó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de ser responsable del conflicto poselectoral del municipio de Santiago Xanica, que el pasado 15 de enero provocó un enfrentamiento entre miembros de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal y policías preventivos con resultado de un efectivo muerto, ocho lesionados y tres detenidos.
Gatica informó también que el gobierno estatal rechazó poner en práctica las medidas cautelares que solicitó el pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su vida e integridad, pues en una reunión efectuada ayer el secretario de Gobierno estatal, Jorge Franco Vargas, argumentó que "no hay necesidad de aplicar nada, porque por ley en Oaxaca está suficientemente garantizada su seguridad y la de cualquier persona".