Tv Azteca en la picota, por presiones de EU

El caso contribuye a crear conciencia de la necesidad de mejores prácticas de manejo corporativo

Economist Intelligence Unit /The Economist

El capítulo final del escándalo corporativo que involucra al multimillonario Ricardo Salinas Pliego está por escribirse. En el episodio más reciente, la Comisión de Cambios y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha presentado una demanda por fraude civil contra Salinas y su empresa, Tv Azteca. Pero ya el debate público gira en torno de si este caso de alto perfil generará mayor transparencia y limpieza en las transacciones empresariales en México.

El caso Salinas marca la primera vez en que autoridades de EU han tomado como blanco una empresa mexicana al aplicar la ley Sarbanes-Oxley, adoptada en 2002 para hacer frente a los reportes financieros deshonestos. El 4 de enero la SEC acusó a Salinas y a tres de sus socios de ocultar una transacción de deuda relativa a Unefon, operadora de telefonía inalámbrica controlada por Tv Azteca. La transacción permitió a Salinas embolsarse 109 millones de dólares.

Salinas niega los cargos y sostiene que la SEC sólo intenta compensar ''sus pasadas deficiencias en supervisar a las compañías estadunidenses''. La comisión intenta que se le inhabilite para ser director o funcionario de cualquier empresa cuyas acciones se negocien en cualquier bolsa de valores dentro de Estados Unidos, como ocurre con las de Tv Azteca. No está claro todavía si el magnate recibirá algo más que un reglazo en la mano.

Lo indudable es que quienes propugnan un mejor manejo empresarial en México aplauden la acción de la SEC. Esperan que la publicidad dada a los cargos contra Tv Azteca, segunda cadena televisora del país, ayude a evitar que las empresas evadan el escrutinio oficial a causa de debilidades políticas y legales.

Presión para el cambio

Algún trabajo se hace ya para revisar las leyes existentes, modernizar normas y promover mejores prácticas entre las empresas mexicanas. En junio pasado se estableció un grupo independiente, integrado por los sectores público y privado, llamado Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera.

Dicho comité ha ayudado a elaborar un proyecto de ley que procura conciliar los principios contables del mercado mexicano de valores con las normas internacionales, y dar mayor independencia a los consejos directivos. El Congreso de la Unión debatirá las propuestas este año.

En noviembre, el Congreso aprobó reformas que endurecen o clarifican reglas para avalúo de inventarios, depreciación acelerada de activos y cálculo de utilidades de las empresas. Estas acciones son maneras más concretas y efectivas de impulsar la confianza empresarial que, por ejemplo, el frágil "código de ética" que México adoptó en 1997, imposible de aplicar en forma coercitiva.

Falta mucho para llegar a un ambiente de estricta reglamentación, lo cual deja en gran parte a las propias empresas la tarea de promover mejores prácticas. Algunas lo hacen, sobre todo en la medida en que empresas mexicanas forjan vínculos con socios estadunidenses que han venido a demandar normas más firmes. Las conferencias sobre corrupción y responsabilidad empresarial son más comunes ahora que antes, por ejemplo.

Control de imagen

Las compañías y grupos interesados en elevar la conciencia empresarial van desde el gigante farmacéutico estadunidense Merck hasta la Cámara de Comercio EU-México, asociaciones de banqueros y firmas de contabilidad como KPMG y Deloitte & Touche (las dos estadunidenses). Para las firmas mexicanas la recompensa de establecer una imagen que rechine de limpia podría ser la capacidad de emitir bonos corporativos de clasificación AAA, como han hecho Cementos Mexicanos y la Hipotecaria Su Casita.

Los grupos de observación también ganan terreno, gracias a un México más democrático. Durante los 71 años de gobierno (hasta 2000) del Partido Revolucionario Institucional, era frecuente la represión de los individuos que intentaban frenar la corrupción.

En contraste, en un caso políticamente sensible, el año pasado medios de comunicación y grupos civiles convencieron a la Secretaría de la Función Pública de investigar acusaciones de vínculos oscuros entre la Lotería Nacional y la fundación de caridad Vamos México, creada por Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox.

En fecha reciente, un tribunal federal dio la razón a ambientalistas que sostienen que Minera San Xavier, filial de la firma canadiense Metallica Resources, no detalló la forma en que trataría los químicos tóxicos, entre ellos cianuro, en su proyecto de extraer oro y plata en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

En vez de recurrir a las tradicionales protestas callejeras, el grupo tomó como blanco a la dependencia gubernamental encargada de la protección del ambiente por haber aprobado una manifestación de impacto ambiental presuntamente amañada. Hasta ahora el veredicto judicial se ha sostenido y las operaciones de la empresa están suspendidas. Expertos legales opinan que este caso es una muestra alentadora de independencia de los tribunales mexicanos.

''Nuestras leyes no son la imagen en el espejo de las estadunidenses'', expresa Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda. ''Las sanciones y la severidad de la ley mexicana no alcanzan esos niveles''.

De hecho, si las autoridades estadunidenses no hubieran tomado cartas en el asunto de Tv Azteca, el expediente probablemente habría seguido empolvándose en los archivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ''Con el tiempo México se pondrá a la par'', sostiene Rogelio Ramírez de la O, economista de la firma consultora Ecanal, de la ciudad de México. ''Pero el ritmo del cambio será extremadamente lento'', observa.

FUENTE: EIU/INFO-E