Silvia Ribeiro
Ley Monsanto: parece mala pero es peor
El pasado diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, más conocida como Ley Monsanto. Es una aberración, ya que no crea un marco de seguridad para la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen o diversidad, base del sustento y las culturas de campesinos e indígenas que los crearon; pero le ofrece seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90 por ciento.
En la Cámara de Senadores fue aprobada una primera versión en abril de 2003, sin darle ni siquiera lectura, con el voto de todos los partidos, siguiendo el proyecto que les presentaron las multinacionales por medio de sus colaboradores dizque científicos. En la Cámara de Diputados pareció haber más debate, sin duda producto de las múltiples protestas que se levantaron desde un amplio espectro de la sociedad mexicana y de cientos de organizaciones de la sociedad civil internacional, por el crimen contra la humanidad que significa la contaminación transgénica, impune y ahora legalizada, del maíz en su centro de origen, reservorio genético del cultivo para todo el planeta.
Entre muchas otras barbaridades, el dictamen de ley aprobado niega el principio de precaución, no prevé consultas públicas pero sí da espacio a que las trasnacionales apelen si no les aprueban una solicitud, afirma los derechos monopólicos de las trasnacionales por medio de sus patentes, las exime de la responsabilidad por contaminación, no sonsidera ni siquiera avisar a quienes podrían ser contaminados y, de hecho, responsabiliza a las víctimas al dejarlas sin resguardo frente a los juicios que las empresas le puedan hacer por "uso indebido de patente".
En ese contexto, asusta leer el informe Monsanto versus los agricultores, recién publicado por el Center for Food Safety de Estados Unidos, documentando los abusos de la empresa en ese país. Se trata de 90 juicios, en una campaña sistemática de persecución, intimidación y demandas contra agricultores que han sido contaminados o en cuyos campos crecieron accidentalmente plantas de la cosecha anterior. La empresa ya cobró a los demandados más de 15 millones de dólares. Las probabilidades de ganarle a Monsanto son pocas aunque no tenga razón: dedica un presupuesto anual de 10 millones dólares y 75 empleados solamente para investigar y perseguir a los agricultores. Los legisladores mexicanos le hacen el favor de abrirle las puertas de par en par para que no tenga que hacerse responsable de la contaminación del maíz nativo. Al contrario, los campesinos terminarán debiéndole.
Nos dicen, sin embargo, que el dictamen aprobado por los diputados tiene modificaciones importantes. Por ejemplo, el etiquetado y la posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos. Sin embargo, ninguno de ellos tendrá efecto real.
En el caso del etiquetado (artículo 101), teóricamente es necesario para productos de consumo directo, por ejemplo maíz o soya que se consuma directamente, sin procesar, dejando afuera la gran mayoría de los productos que efectivamente integran nuestra alimentación. Cuando se vendan, por ejemplo, elotes con etiqueta, habría que señalar en ésta "la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales." O sea nunca, ya que esto es el absurdo principio de "equivalencia sustancial" que han impuesto las empresas, porque la diferencia genética no necesariamente se manifiesta en esas características. Pero si científicos independientes muestran que sí lo hace, restaría aún luchar por cómo el gobierno interpreta "significativamente".
El mismo artículo nos asegura que las semillas transgénicas serán etiquetadas, lo cual es menos que retórico. Las pocas empresas que venden semillas transgénicas como tales, por supuesto lo colocan en la etiqueta: es lo que les garantiza el cobro de sus regalías por ventas o por contaminación. Finalmente, todo queda a criterio de las secretarías de Salud, Agricultrura (Sagarpa) y Economía, que desde hace años deberían haber emitido normas de etiquetado y no lo han hecho. Si lo hacen, sólo faltará escribir unos adjetivos más para dejar todo en cero.
En el caso de las "zonas libres" (artículo 90), los interesados tendrían que seguir un costoso proceso legal, conseguir el dictamen favorable de la comunidad, los gobiernos municipales y estatales, la Cibiogem, la Conabio y la Sagarpa, y que se "demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia [con transgénicos] o que no cumpliría con los requisitos normativos para su certificación". Lo cual muestra además que el enfoque es para aquellos cuya producción sea certificada como orgánica, otro complicado y caro trámite, exógeno a quienes realmente necesitan las zonas libres, que son los campesinos. Si alguien lograra pasar esa montaña absurda de obstáculos, finalmente es otra vez la Sagarpa que determinaría qué medidas de seguridad se pueden tomar o no.
En Indonesia Monsanto tuvo que sobornar a 140 funcionarios para conseguir menos.
Investigadora del Grupo ETC
