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México D.F. Domingo 5 de diciembre de 2004 |
El retroceso de la educación indígena
 Luz
María Valdés, investigadora de la Coordinación de
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y especialista en demografía indígena, reveló
hace poco que en la década pasada se registró un importante
incremento del analfabetismo entre esa población. Según datos
consignados en su obra Los indios mexicanos en los censos del año
2000, el analfabetismo pasó de 28 a 32 por ciento, mientras
que la población monolingüe -es decir, que sólo habla
su lengua autóctona- creció de 14.7 (poco más de 808
mil personas) a 16.4 por ciento (más de un millón 200 mil),
e indica que unos 220 mil niños indios se quedaron fuera del sistema
escolarizado. Estas cifras nos confirman los efectos negativos que tiene
la política educativa en México, que favorece a escuelas
privadas en detrimento de la enseñanza pública, la cual considera
un gasto innecesario.
La actual política educativa neoliberal choca con
el espíritu de la propuesta de enseñanza emanada de los acuerdos
de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno
federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Según
ese documento, las autoridades federales se comprometieron a "promover
(...) la educación bilingüe e intercultural", con el fin de
avanzar en el "desarrollo equitativo y sustentable" de las comunidades
indígenas. En concreto, el consenso alcanzado en San Andrés
buscaba "impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes
y combatir toda forma de discriminación", así como rescatar
su herencia cultural. Es evidente que la exclusión educativa de
la que son víctimas las etnias del país es también
una forma de discriminación. De hecho, la Constitución garantiza
en su artículo tercero el acceso a la "educación gratuita
para todos", y la criticada reforma indígena aprobada por el Congreso
en abril de 2001 reafirma la "educación bilingüe e intercultural
y la alfabetización".
Sin embargo, los gobiernos han privilegiado la educación
privada desde los años 90. Según las estadísticas
que la Comisión de Educación del Congreso presentó
en febrero pasado, las instituciones públicas crecieron 9 por ciento;
en contraste, las escuelas privadas aumentaron 46 por ciento. Asimismo,
la matrícula de alumnos que asisten a instituciones del gobierno
se incrementó 44.7 por ciento; en tanto, las privadas registraron
231 por ciento. Así queda demostrada la existencia de un desequilibrio
que perjudica sobre todo a los grupos sociales más desfavorecidos,
en especial los indígenas, pobres entre los pobres. Ese desequilibrio
refleja en realidad el abandono, el desdén y el desinterés
gubernamental por el concepto de educación para todos, un imperativo
para la integración social. En un país como México,
donde más de la mitad de la población vive en la pobreza,
es imprescindible la educación gratuita.
Por otra parte, parece que la intención del gobierno
es acabar con el modelo de educación bilingüe, y por tanto,
con la cultura de las etnias del país. Hay que señalar que
este tipo de enseñanza es una herramienta de estabilidad y gobernabilidad
para garantizar la paz social. Como indicó la investigadora de la
UNAM, la privatización de la educación conlleva "un incremento
en la marginalidad y pobreza de las comunidades indígenas", sobre
todo en materia de bienestar, salud, alimentación y vivienda. Y
no es gratuito que esta situación sea especialmente real y dramática
en el sur de México, donde se ubican los estados más pobres
del país y donde vive gran parte de la población indígena:
Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En conclusión, las etnias siguen siendo
una población invisible a los ojos de las autoridades y no hay para
cuando acabar con esa ceguera.
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