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México D.F. Viernes 26 de noviembre de 2004 |
La policía como problema
 Centenares
de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) expresaron ayer
su indignación contra los mandos de esa corporación por la
ineptitud, la lentitud y la irresponsabilidad que exhibieron ante la captura
y el linchamiento de tres de sus integrantes -dos de los cuales murieron
a manos de la turba- en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Congregados
en la base de la PFP ubicada en Coapa, los inconformes informaron que el
día de la tragedia había efectivos, armas y transportes suficientes
y adecuados para llegar al sitio en pocos minutos y evitar los homicidios.
Esos datos anulan de manera contundente las impresentables y vergonzosas
"explicaciones" de los jefes policiales federales y locales -Ramón
Martín Huerta y Marcelo Ebrard en primer lugar-, quienes, para justificar
su ineptitud y la descoordinación y la confusión de sus acciones
han esgrimido la falta de medios, transportes y efectivos suficientes para
rescatar a las víctimas del linchamiento, la orografía regional
y los estrechos accesos de San Juan Ixtayopan, y hasta la densidad del
tránsito vehicular en el suroriente del Distrito Federal. El mayor
desmentido a los alegatos de que no había policías suficientes
ni forma de trasladarlos es el hecho mismo de que el único sobreviviente
fue rescatado por un pequeño grupo de efectivos judiciales capitalinos.
A la exasperación por las pavorosas disfunciones
exhibidas ese día por las instituciones encargadas de garantizar
la seguridad y el orden público se suma el enojo por las pretensiones
de los funcionarios policiales de tomar el pelo a la opinión pública
con alegatos que, por muy rebuscados que resulten, no logran ocultar la
enorme responsabilidad de las secretarías local y federal de Seguridad
Pública en el suceso. A la desazón que causan los argumentos
cantinflescos de Martín Huerta y Ebrard se agrega el repudio por
la inmoralidad mayúscula de instancias federales que desde el pasado
martes han buscado convertir el linchamiento de San Juan Ixtayopan en un
nuevo linchamiento mediático, político, y de ser posible
judicial, contra las autoridades capitalinas.
Sin afán de minimizar las culpas del gobierno del
DF por su reacción tardía y errática en este episodio,
debe señalarse que los mandos de la Secretaría de Seguridad
Pública federal tienen responsabilidades por partida triple: por
una omisión equiparable a la de la policía de la ciudad de
México; por haber enviado a tres efectivos inermes a una misión
diseñada en forma oscura, chapucera, mal preparada y poco profesional,
y por querer, ahora, escurrir el bulto y adjudicar los errores a la delegación
Tláhuac y al Gobierno del Distrito Federal en su conjunto.
Marcelo Ebrard, Ramón Martín Huerta y José
Luis Figueroa Cuevas, comisionado de la PFP, además de Arturo Muñoz
y Crispín Quintero Herrera, comisarios de esa dependencia, han dado
muestras inequívocas de incapacidad y su permanencia en sus respectivos
cargos es insostenible. Cabe esperar que los superiores jerárquicos
de tales funcionarios sopesen el riesgo político que les significaría
mantenerlos en sus puestos a rajatabla y el daño que ello causaría
a la seguridad ciudadana en general.
En términos más generales, el país
debe cobrar plena conciencia de la necesidad de restructurar las corporaciones
policiales federales, estatales y municipales, las cuales, de cara a la
inseguridad, la delincuencia y la impunidad, no pueden contarse como parte
de la solución, si-no como parte del problema. Un breve y no exhaustivo
recuento noticioso del día de ayer, por ejemplo, arroja el siguiente
saldo: tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)
ejecutados y otros dos desaparecidos, en Cancún; un enfrentamiento
a balazos entre policías preventivos y custodios de seguridad privada,
en un restaurante ubicado en el cruce de Altavista e Insurgentes, en esta
capital, con el resultado de un oficial herido; una trifulca en la que
se enfrentaron trabajadores petroleros y policías municipales de
Ciudad del Carmen, Campeche, por un accidente vehicular menor; una riña
entre judiciales estatales y pobladores de Juliantla, Taxco, Guerrero;
un agente municipal de Nezahualcóyotl detenido en Coatepec, estado
de México, en el contexto de un operativo antisecuestro.
Las corporaciones policiales y sus efectivos se han vuelto
protagonistas de la violencia y la delincuencia, ya sea como victimarios
o como víctimas, ya sea por corrupción, infiltración
o, como en el caso de San Juan Ixtayopan, por mera torpeza. Por meritorias
que resulten las iniciativas de saneamiento, actualización y capacitación
emprendidas por funcionarios aislados, y por reconocibles que sean las
trayectorias individuales de muchos agentes, la institucionalidad policial
del país debe ser sometida a una restructuración profunda
y de conjunto. De otra manera, tendremos que instaurar unidades especiales
encargadas de cuidar a los agentes policiales y cuerpos que se encarguen
de cuidarnos de la policía.
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