El presidente de la RASD rechaza la tercera vía

En 1990 el reino de Marruecos y el Frente Polisario -grupo político-militar de liberación nacional que reúne a todas las fuerzas políticas saharauies- acordaron un plan para que la República Arabe Saharaui Democrática pudiera acceder a su descolonización total y a la soberanía sobre su territorio.

Mediante la resolución 650 del Consejo de Seguridad se aprobó el despliegue de una misión de la ONU -la MINURSO- que habría de organizar un referéndum de autodeterminación. Al año siguiente, otra resolución determinó que el plazo para este referéndum no debía pasar de febrero de 1992.

Este plan se estancó por la disputa sobre el padrón de ciudadanos con derecho al voto. El impasse duró hasta 1997, cuando el secretario general de la ONU nombró al ex secretario de Estado estadunidense, James Baker (ultraconservador y hombre clave del clan Bush), como enviado personal para el Sahara Occidental.

Ese año los gobiernos de Rabat y El Aaiún firmaron en Houston un nuevo calendario que preveía el referéndum para finales de 1998 y la transferencia de todas las atribuciones autonómicas en un plazo de cinco años. Marruecos volvió a romper los acuerdos del Plan de Houston en febrero de 2002.

Baker relanza la negociación en 2003, en la que se refrenda la necesidad de realizar un referéndum. La RASD acepta el padrón de España, que concede sólo a 90 mil saharauies (sobre más de un millón de esta población nómada) el derecho al voto, lo mismo que a 150 mil colonos marroquíes. La ONU se pronuncia inequívocamente sobre el principio de la autodeterminación, que no puede excluir la posibilidad de la independencia.

A pesar de las condiciones ventajosas, Marruecos vuelve a desconocer la aplicación de un referéndum, porque éste prevé entre sus opciones el acceso del territorio ocupado del Sahara Occidental a la independencia. Lo que pretende Rabat, "una autonomía saharaui en el marco de la soberanía de Rabat", ha sido rechazada por el Consejo de Seguridad (resolución 1429 de inicios de 2004) por ser incongruente con el derecho de los pueblos a la libre determinación. Este derecho fue consagrado desde 1975 por un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Después de siete años de trabajo intentando resolver el diferendo saharaui-marroquí, de organizar 14 reuniones y proponer al menos tres planes de paz, James Baker renunció a su cargo como representante de Kofi Annan, responsabilizando de ello al gobierno de Rabat.

El peruano Alvaro de Soto ha ocupado su lugar. Marruecos pretende ahora una "tercera vía" -con el apoyo abierto de Francia y el visto bueno velado de España- que es rechazada tajantemente por el presidente saharaui Mohamed Abdelaziz.