Emmanuel Gómez, Guevea de Humboldt, Oaxaca. "¿Mataste a Heriberto Orozco Ramos con alevosía, premeditación y ventaja?", le preguntaban en castellano a Edmundo Espinoza Guzmán y Amado Castro López --dos ancianos que se reconocieron culpables bajo tortura.

En 2003 fueron condenados a 80 años de prisión pese a las múltiples irregularidades del procedimiento: no se reconstruyeron los hechos, no hubo inspección ocular en el lugar del crimen, no se recibió a todos los testigos, faltó tomar testimonio a la esposa y a dos de los hijos del asesinado. Ni siquiera gozaron del derecho a un traductor de sus lenguas mixe y zapoteca de Guevea de Humboldt, pese a que en el momento de ser detenidos no hablaban castellano, aunque en la cárcel han aprendido un poco.

El 9 de septiembre del 2004 el mismo juzgado de Tehuantepec revocó la sentencia de 80 años y ordenó la reposición del procedimiento, se ordenó que volvieran a declarar asistidos por traductores de mixe y zapoteco del istmo, ¡después de 4 años de estar presos!

Desde el penal, Edmundo Espinoza Guzmán y Amado Castro López iniciaron una huelga de hambre que duró 18 días y consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca emitiera una resolución en la que se reconoce que el proceso está viciado de origen, su expediente es inmanejable, se violaron las garantías individuales que les otorga la Constitución Federal y los derechos indígenas reconocidos en la Constitución de Oaxaca, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que sienta un precedente jurídico, pues es la primera resolución judicial que reconoce la validez de estos convenios internacionales.

Todo empezó en 1993, cuando el hoy occiso Heriberto Orozco Ramos fue presidente municipal de Guevea de Humboldt y aprovechó para fortalecer la presencia del pri en el municipio y gestionar a favor de la cooperativa a su cargo, Autobuses Independientes de la Región Mixe-Zapoteca, SSS, la única que entonces brindaba el servicio de transporte público (sin reglas claras en la tarifa).

En ese tiempo la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) ya gestionaba por mejorar las condiciones del mercado del café y abrió un nuevo proyecto de comunicación interregional. De hecho, en la actualidad cuenta con seis autobuses, lo que representa un duro golpe a los intermediarios, caciques y coyotes.

Al finalizar su periodo en la presidencia municipal, Heriberto Orozco se opuso a la asamblea comunitaria argumentando que el sistema de usos y costumbres era "anticonstitucional", pese a que estaba reconocido en la Constitución de Oaxaca, y se negó a entregar el cargo, llevándose a su domicilio el sello, las máquinas de escribir, el archivo municipal y vehículos. La comunidad discutió en asamblea y lo castigó con tres días de cárcel municipal en abril de 1996, como primer advertencia de que si persistía lo entregarían a la policía judicial, lo que sin duda sería mucho peor. Esta es una práctica muy recurrente del derecho consuetudinario en gran parte de los pueblos indígenas de México: dar una oportunidad al inculpado antes de recurrir al poder federal.

Lejos de corregirse, Heriberto Orozco levantó una denuncia por robo, secuestro, asalto y lesiones calificadas, por lo que se integró el expediente 229/96 contra 29 habitantes de Guevea de Humboldt por el simple hecho de aplicar la justicia conforme al sistema de asambleas comunitarias, de acuerdo a la tradición política local. En 1998 se ejecutaron las primeras órdenes de aprehensión y detuvieron a ocho personas, a las que se les fijó una fianza de 40 mil pesos por persona para gozar de libertad condicional.

El 30 de diciembre de 1999 Heriberto Orozco se trasladó al municipio de Santiago Ixcuintepec a una reunión de la cooperativa de transporte que aún dirigía. El debate fue muy álgido, y como a las 10 de la noche, de regreso a su casa, fue víctima de una emboscada en el paraje conocido como El Vado, frente al río Niza bagaanda, donde perdió la vida junto con otras cuatro personas, sobreviviendo ilesos su hijo Marco Antonio Orozco, de 19 años de edad, y Cífero Ortega Orozco.
 

La única versión que obra en expediente es la de Marco Antonio Orozco, quien al día siguiente huyó del país. Cífero Ortega confirmó cada dato explicado por Marco Antonio Orozco, lo que indica que no declararon por separado. La versión es que una camioneta de redilas "con el logotipo de UCIRI", les obstruyó el paso, bajaron 40 personas encapuchadas, a quienes supuestamente identificó por su voz, y abrieron fuego contra el cacique Heriberto con armas largas que pudieron "reconocer por el sonido de las balas". Además de que uciri es una organización pacífica, es absurdo que se planee una masacre con un grupo uniformado y se les olvide tapar el logotipo de una organización a la que supuestamente pertenecían, tan absurdo como reconocer las caras de un grupo encapuchado en un paraje oscuro. De hecho, en las últimas declaraciones Cífero Ortega rectificó diciendo que tenía los ojos cerrados y que pocas veces visita Guevea, por lo que no recordó ni siquiera el nombre del actual presidente municipal.

El Juzgado Penal de Tehuantepec instauró el expediente 06/2000 y libró 22 ordenes de aprehensión contra de los mismos denunciados (cuatro años antes en el expediente 229/96), por lo que detuvieron a ocho personas. En febrero del 2003 los presos iniciaron una huelga de hambre y obtuvieron su libertad seis de ellos, quedando encarcelados Edmundo Espinosa Guzmán y Amado Castro López.

Resulta que los primeros delitos por los que se les acusaba habían prescrito a los dos años, es decir que nunca debieron haber sido detenidos. La acusación de homicidio no se sostenía y el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ordenó en el 2004 que se reiniciara todo el procedimiento con traductores de por medio.

El Centro de Derechos Humanos Tepeyac considera que Edmundo Espinosa Guzmán y Amado Castro López son presos de conciencia, se les fabricaron delitos y se les torturó al momento de detenerlos. Exigen su libertad inmediata y abrir como línea de investigación la relación que Heriberto Orozco Ramos tenía con la cooperativa de transporte, a cuyos integrantes nunca se les ha hecho declarar y seguramente tienen mucho que decir sobre lo que realmente se discutió en la asamblea de Santiago Ixcuintepec, por qué terminó tan tarde y quiénes eran los enemigos de Orozco Ramos que lo asesinaron. Hay testigos presenciales que vieron a Marco Antonio Orozco, quien se encuentra fugado, a bordo de la camioneta que tenía el falso logotipo de uciri, dirigiéndose al lugar del crimen desde las 7 de la noche.

Frans Vander Hoff, fundador de uciri y promotor de la iniciativa Max Havelaar, cuenta en su libro La aventura del comercio justo que "en total han llegado a matar a 37 miembros de nuestra organización", a lo que habrá de sumar los presos políticos de Guevea de Humboldt.