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Hace nueve años, en un contexto de crisis del poder judicial a nivel nacional, nació una de las instituciones comunitarias que mayor legitimidad han logrado a nivel estatal y nacional.

Una institución surgida de las necesidades y demandas de los pueblos para resolver sus problemas, que se construye por la falta de atención en la procuración de justicia y la seguridad pública de quienes se supone están para servir a los pueblos.

La Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias decidió abrirse camino tomando en sus propias manos y de acuerdo a sus usos y costumbres la seguridad y justicia de las familias indígenas y de sus comunidades.

A pesar de tener una de las regiones más seguras del país, gracias al trabajo de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional, el Estado nos sigue negando el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho y a ejercer nuestra libre autodeterminación y nos califica de ilegales cuando la verdadera ilegalidad es la falta de atención integral para los pueblos.

Diversas organizaciones del país viven violaciones sistemáticas a sus derechos que ponen en riesgo no sólo la cultura de los pueblos sino la vida misma, ya que intereses ajenos quieren apropiarse de nuestros territorios.

1. En un país pluricultural siempre han existido diversas formas de procuración de justicia que no deben contraponerse al orden jurídico nacional y que se relacionan, y en ese sentido, la Coordinadora Regional tiene pleno derecho de ejercerlas.

2. Exigimos el respeto mutuo entre los gobiernos y las comunidades indígenas, en particular al sistema de seguridad y justicia comunitaria implementado por la Coordinadora Regional de la Costa Montaña.

3. Exigimos el reconocimiento constitucional a nuestros derechos como pueblos indígenas, que se garanticen nuestra libre autodeterminación y el acceso digno a educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, agua, seguridad, justicia, y a la preservación y respeto de nuestros territorios y recursos naturales.

4. Rechazamos la propuesta del gobierno del estado de incorporar la policía comunitaria a su estructura.

5. Demandamos el retiro del Ejército Mexicano de los territorios indígenas e investigación, procesamiento y sanción a los elementos castrenses que han cometido violaciones a los derechos humanos.

6. Demandamos la aprobación de la iniciativa de ley Cocopa y el cumplimiento del convenio 169 de la oit.

7. Levantamos la voz contra la privatización de la educación y la reducción de la matrícula de los normalistas del estado.

8. Reiteramos que la tierra no se vende y que nuestros recursos naturales no son mercancía. Demandamos el respeto a la tenencia ejidal y comunal.

Tomado del documento suscrito el 16 de octubre en la Montaña de Guerrero por los pueblos na savi, me´ phaa, nahuas y ñom´ndaa´, y 28 organizaciones