En septiembre y octubre de 2003 Bolivia vivió un levantamiento generalizado, indígena y popular conocido como Guerra del Gas. Decenas de miles de comunarios aymaras, de pobladores de la ciudad de El Alto, de mineros y trabajadores de todo el país, de campesinos cocaleros y población en general, se movilizaron y cercaron La Paz bajo la consigna de recuperar los hidrocarburos, entregados a corporaciones transnacionales desde 1995. Tras la violenta respuesta represiva del gobierno iniciada el 20 y 21 de septiembre en Warisata y Sorata, que condujo unas semanas después a la insurrección de El Alto, la población movilizada exigió, además, la renuncia del presidente emblema de las reformas y el saqueo neoliberal: Gonzalo Sánchez de Lozada.

En aquel momento, la lucha boliviana iluminó una posibilidad en el espectro de resistencias continentales contra la depredación y el despojo. La compleja articulación de fuerzas sociales compuesta por comunarios aymaras de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), vecinos de los barrios de El Alto, cocaleros partidarios del Movimiento al Socialismo (mas), mineros de las empresas hoy privatizadas y población en general organizada en la Coordinadora de Defensa del Gas, aceptó al entonces vicepresidente Carlos Mesa como nuevo mandatario y le advirtió que asumía cargo para cumplir con la demanda social más explícita: modificar la relación de total sumisión y entrega entre el Estado boliviano y las petroleras transnacionales, abrogando la Ley de Hidrocarburos aprobada a finales del primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) y disolviendo los contratos y concesiones de campos gasíferos efectuados al amparo de dicha ley. Una vez hecho esto, sería necesario establecer una nueva regulación que garantizara la "recuperación del gas" para los bolivianos.

Si en 2003 se logró esa singular concurrencia de la energía social en tiempo y espacio bajo un objetivo central --recuperar el gas para los bolivianos-- que entrelazaba múltiples demandas sectoriales, en 2004 el movimiento social indígena y popular no ha conseguido hilvanar una narrativa autónoma para sus pasos. En este periodo los ritmos políticos los estableció el Estado que, aunque sumamente débil y con poco margen de maniobra, ha dirigido todos sus esfuerzos, primero a la convocatoria de un referéndum sobre la política hidrocarburífera, después a la discusión de las preguntas de tal consulta y, actualmente, a la interpretación de los resultados que guían la modificación de la ley, así como a la organización de las elecciones municipales de diciembre.

Frente a todas estas iniciativas gubernamentales, el movimiento social reacciona, meramente, sin lograr acuerdos de fondo que desbrocen un camino autónomo para recuperar los hidrocarburos y, en general, la riqueza social hoy saqueada. Frente a la convocatoria gubernamental de referéndum, las posiciones se dividieron. El movimiento aymara expresado por Felipe Quispe, las organizaciones vecinales de la Ciudad de El Alto y la Coordinadora del Gas cuyo vocero es Oscar Olivera, objetaron la legitimidad de preguntar en las urnas lo que la población ya había decidido en las calles y a costa de casi cien vidas: la derogación de la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada. Según Olivera, las preguntas debían indagar sobre la manera de re-nacionalizar los recursos. Por su parte, Evo Morales y el mas aceptaron el referéndum e hicieron campaña por una propuesta de modificación de la ley que hoy se discute en el parlamento. En lo sustancial la "nueva" regulación se reduce a elevar los impuestos a las ganancias de las corporaciones petroleras que operan en Bolivia --Repsol, Petrobras, British Petroleum, entre otras--, manteniendo la estructura de la propiedad y las prerrogativas que éstas tienen.

Hay otros sucesos que hacen visible la aguda inquietud de los de abajo. Después de octubre de 2003 se desató una ola de tomas de tierra en el Altiplano, en los valles cercanos a Cochabamba y en diversas regiones del fértil y vasto Oriente. En la región andina de La Paz, la toma de la hacienda ganadera Collana --de la familia política de Sánchez de Lozada-- por la comunidad vecina, se ha convertido en uno de los conflictos agrarios más intensos. En esa acción, además del derecho a usufructuar el suelo, se sintetiza otra confrontación mucho más profunda: el derecho de una comunidad aymara a regirse y administrar justicia de acuerdo a sus propias normas.

Este aspecto del conflicto social (donde se contraponen contenidos étnicos y civilizatorios contradictorios) cunde por otras regiones del Altiplano. Desde septiembre de 2003, amplias zonas rurales cercanas al lago Titicaca configuran una especie de "territorio autónomo" donde la presencia de autoridades y funcionarios estatales bolivianos es mínima. La policía fue expulsada durante el bloqueo y durante los días del referéndum pudo, apenas, restablecer su presencia en algún poblado. Después de tres grandes y prolongados bloqueos de caminos (en el 2000, 2001 y 2003), la población aymara sabe que tiene capacidad para controlar el territorio que habita, a partir de una complicadísima logística comunal andina de turnos y rotaciones. A mediano plazo, las comunidades aymaras saben que no son ya el "gigante dormido" de la leyenda, sino el gigante bien despierto aunque temporalmente en pausa.

En sentido inverso, la reforma política implementada por el gobierno de Mesa a principios del año, rompe el monopolio de la representación electoral asegurada hasta ahora a los partidos con registro --pues permite que las "organizaciones ciudadanas" locales participen en la contienda electoral tras un trámite bastante sencillo. Según mi entender, antes que un esfuerzo "democratizador" esta reforma tiene la intención de encausar la participación indígena, principalmente aymara, por cauces estatalmente controlables.

A lo largo de este año la Coordinadora del Gas ha realizado una intensa labor de enlace de múltiples organizaciones locales urbanas y rurales en torno a la recuperación del gas; ha organizado decenas de asambleas y encuentros para discutir lo relativo a los hidrocarburos y "la forma en que se toman las decisiones políticas en el país". El trabajo de la Coordinadora del Gas por el oriente del país, los lazos que va tendiendo hacia las comunidades guaraníes y chiquitanas --que habitan en el territorio donde se encuentran los más grandes volúmenes del gas en disputa-- y la reciente movilización de varias de estas comunidades que cercaron y ocuparon varios campos gasíferos durante algunos días, señala las otras posibilidades abiertas en Bolivia.

En diciembre habrá elecciones municipales y ya se discute la convocatoria institucional a una Asamblea Constituyente que comenzaría a sesionar probablemente en agosto de 2005.

¿Qué falta para que los pueblos originarios y la población trabajadora de las ciudades logren dotarse nuevamente de fines autónomos a través de los cuales retomar el camino de recuperación de la riqueza pública saqueada? ¿Qué es lo que late en lo profundo de las comunidades y de los barrios? Como decía un amauta aymara para expresar la rebelión de su pueblo: más allá de la política oficial, "¡el temblor viene desde abajo, carajo!"