Nunca ha sido más urgente no aceptar nada del gobierno, como bien lo saben en los Caracoles zapatistas. Esta previsión es sin duda una de las defensas principales que los municipios en resistencia tienen para evadir la lógica de contrainsurgencia que llega mediante los programas gubernamentales, como instrumento de dependencia, control, coptación y división.

La paradoja es: nunca ha sido más difícil para todo el resto de comunidades en el país, incluidos algunos esfuerzos autonómicos en diferentes regiones no inmersas en la dinámica de los Caracoles, poder cumplir con esta precaución.

La andanada es muy fuerte, frontal, desarticuladora y penetrante. La gente tiene al enemigo en casa y todavía (ojo, todavía) no sabe cómo correrlo.

Hoy, el asistencialismo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (Conadepi o CDI) mina los esfuerzos organizativos de los pueblos, pues subsume todas las lógicas propias de las comunidades a la lógica única del dinero y el mercado. Con la dizque reforma constitucional en materia indígena en vez de reconocer derechos el Estado mexicano administra la precariedad económica de la gente mediante políticas, programas y proyectos gubernamentales, y más que mejorar su vida le impone muchas y variadas obligaciones y normas que antes no tenía, o que era más fácil evadir.

La invasión europea en América impuso un sistema a todas los comunidades, devastó regiones y formas de vida propias. Proliferaron múltiples nuevas mediaciones. Impuso la monetarización, con la que el poder disfrazó la esclavitud de trabajo asalariado, convirtiendo todo esfuerzo a dinero para asegurar tributaciones. Alteró la vida de muchos campesinos, forzados a una migración que luego se hizo "voluntaria". Despojó de sus territorios a los pueblos (la llamada desamortización), presente desde el siglo XVII, radical en el siglo XIX y remodelada a mediados del siglo XX.

Hoy, todas esas lógicas de la historia pesan juntas.

A partir de la antirreforma del 2001, la andanada de proyectos, programas, asignaciones y mediaciones de todas las secretarías de gobierno involucradas en esta llamada pomposamente "política transversal", son en realidad disparos con escopeta que desarticulan los esfuerzos autogestionarios de las comunidades y su lógica de integralidad. Procede, Procampo, Procecom, Oportunidades, Focos Rojos, Conafor, gestión municipal, el IFE, el INEGI, la SEP, patentes, certificación de médicos tradicionales, individualización en el trato mediante la creación de comités en el seno de las asambleas --de ganado, de alambre de púas, de educación, de manejo ambiental y vivienda--, más la privatización de agua, oxígeno, bosques, plantas, todos juntos crean un estado de confusión en un momento en que las comunidades están empeñadas en reconstituirse pese a enfrentar todos sus problemas de siglos.

No parece que los funcionarios de las instancias del gobierno avizoren los alcances de la operación conjunta de todos estos programas: sólo Conadepi tiene la baraja en la mano.

Unos son programas anunciados como voluntarios, aunque los operadores los implanten a fuerza, que minan la tenencia colectiva de la tierra y disparan su compra venta. Otros, en la versión más ramplona del asistencialismo, reparten papillas como solución individual para sólo algunos niños desnutridos --elegidos en una especie de darwinismo social al estilo Bush: que se "salven" unos cuantos, y que la comunidad se confronte.

Los comités municipales o de cuenca, terminarán privatizando el agua de todo el país al someter a la lógica del mercado este preciado bien común. Los operadores de la política transversal en materia agraria negocian los conflictos --que deberían resolverse en tribunales, apegados a derecho-- con los invasores de tierras y les otorgan millones para que se vayan.

Las comunidades temen ahora lo relativo a carreteras, obra pública y electrificación por la reducción que entrañan --que fuerza a la gente a que abandone sus terrenos para vivir donde hay luz o caminos--, una que propicia invasiones, robo de recursos, maquiladoras, centros turísticos, gasolineras y cambios terminales en los modos de vida de la gente.

Muchos de los programas de hoy no pueden operar si las comunidades no se ponen a modo con una nueva figura: los despachos de planeación privados, que son negocio abierto.

La tendencia gubernamental es condicionar cualquier apoyo otorgado a que las comunidades contraten alguno de estos despachos para que les hagan su plan de manejo de bosque, agua, agroecología, comercialización o impacto ambiental.

El proyecto no lo querían de entrada. Pero ahora, como mercachifles de la Edad Media, los "expertos" llegan a promoverse en las asambleas, les anuncian sumas millonarias que las comunidades recibirían de aprobarse el proyecto --si les dan una tajada-- y se instalan como intermediarios para realizar el plan en la idea de que "la gente no sabe".

Siempre existieron estos múltiples extensionistas. Las comunidades los han sufrido desde los cuarenta, por lo menos. Pero hoy, mientras las comunidades están empeñadas en un proyecto autogestionario integral para defender su territorio, fortalecer sus autoridades agrarias y tradicionales mediante el mandato y operación de una asamblea comunitaria fuerte, llegan las instituciones y lo que primero golpean es la lógica de integralidad, el peso de las asambleas en las decisiones colectivas, la administración conjunta de cualquier recurso, y meten a muchos a responder con gestiones y trámites--en aras de algunos pesos extra-- formando innumerables comités que dividen la asamblea y distraen a la gente de lo que, desde abajo y con cuidado, tejen los pueblos.

Si la dislocación de los esfuerzos (ese decidirlo todo en los tiempos y espacios del poder, desde lejos y en momentos no pertinentes para las comunidades) es una de las estrategias de siempre, ahora la proliferación de las mediaciones y la sustitución que entrañan es una estrategia devastadora muy frontal que se ejerce desde el Estado pero que se extiende a la acción de los partidos políticos y muchas ONG.

Por eso en muchas regiones las comunidades se percatan de la urgencia de conectar en directo las relaciones entre la gente real, entre los colectivos: cortocircuitar. La autogestión es brincarse mediaciones y asumir los procesos desde otro punto de vista, desfasado, movido, de la lógica del sistema. La autonomía en los hechos pasa por juntarse a diseñar cortos circuitos que les permitan crecer en fuerza y en lucidez, en horizonte real de posibilidades, para tarde o temprano ejercer su camino propio.

Uno de esos cortocircuitos es abrir espacios de discusión, libres, por abajo, donde más y más colectivos reflexionen en la práctica cotidiana la vasta información puntual de lo que ocurre en su región, el país y el mundo, y las estrategias de recomposición del sujeto colectivo mediante alternativas propias, asequibles, no mediatizadas.

Mientras no sea la justicia el corazón de las relaciones del gobierno hacia los gobernados, aceptar las migajas que otorga un Estado privatizado legitima el enorme despojo de todo lo imaginable.

Las carencias son más que urgentes, pero el dinero --que vocifera-- es lo más caro del mundo: cobra en dignidad, tiempo propio e independencia real. Está en juego la autonomía plena.