Al margen de siglas, solicitan audiencia como representantes de los capitalinos

Demandan los 16 delegados al Senado revisar reforma al 122

Plantean a legisladores en documento consensuado una descentralización educativa gradual

MIRNA SERVIN Y LAURA GOMEZ

Los 16 jefes delegacionales acordaron el contenido del documento que entregarán a la Cámara de Senadores esta semana para que se revise el proceso de descentralización educativa en el Distrito Federal y no sólo se reduzca a la obligación de otorgar recursos sin los derechos y acuerdos que se necesitan para llevar a a cabo este procedimiento.

El documento fue elaborado por Fernando Aboitiz, titular de Miguel Hidalgo; Eliseo Moyao, de Tlalpan; Aarón Mastache, en representación del Gobierno del Distrito Federal, y distribuido a todos los jefes delegacionales por medio de Armando Quintero, titular de Iztacalco, quien explicó que en el documento solicitan una audiencia con los senadores para hablar del tema, pero no como integrantes de partidos políticos, sino como representantes de los millones de habitantes de la capital.

Quintero señaló que el documento contiene las razones de fondo para llevar a cabo una descentralización educativa gradual mediante convenios, como se hizo en el resto de los estados.

Dijo que el documento logró conjuntar la opinión favorable de los dos delegados de filiación panista (Fadlala Akabani y Fernando Aboitiz), el del PRI (Cuauhtémoc Martínez) y los 13 delegados del PRD, ya que se evitaron expresiones políticas para llegar a acuerdos en favor de la ciudad.

"Discutir sólo la obligación de aportar recursos a la educación es una parte pequeña de la complejidad de la relación de la administración capitalina y el gobierno federal", afirmó.

El jefe delegacional de Iztacalco informó que en el documento se solicita también al Senado que se estudie la iniciativa de reforma política del DF.

Esta, aseguró, abre la discusión sobre mayores facultades a las delegaciones, a la Asamblea Legislativa y al gobierno local. Asimismo, explicó, se acotan atribuciones que tiene "injustificadamente" el Senado con relación a la eventual remoción del jefe de Gobierno y se le quita a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar la deuda del DF.

Asimismo, Víctor Hugo Círigo, jefe delegacional de Iztapalapa, señaló que es urgente concretar la reforma política del Distrito Federal a fin de otorgar mayores facultades a las demarcaciones y que tengan autonomía administrativa y financiera para cumplir las tareas de gobierno.

El funcionario señaló que una de las asignaturas pendientes en la ciudad de México, producto de los regímenes autoritarios, es la falta de una ley que permita tener un congreso local con todas las facultades que cualquier órgano legislativo estatal, como autorizar el techo de endeudamiento financiero para su gobierno, "y no supeditarnos a los chantajes que año con año está sujeta la ciudad de México con una cámara federal integrada por diputados de todo el país, que no tienen clara la situación y necesidades de la capital".

Por su parte, Fernando Aboitiz, quien participó en la redacción del documento, dijo que se dan elementos técnicos al Senado para que pueda revisar a fondo los alcances de la reforma al artículo 122 constitucional, ya que su planteamiento actual "no es válido".

Comentó que el propósito es ir al espíritu del artículo y no quedarse sólo con el argumento de "no me quites lana"; más bien, acotó, debe documentarse por qué debe ser y cómo debe ser.

El jefe delegacional de Miguel Hidalgo afirmó que el acuerdo de los 16 delegados será buen ejemplo de que se pueden poner de acuerdo.

Proyecto alternativo

En ese contexto, ayer, durante la entrega de créditos del Programa de Mejoramiento y/o Ampliación de Vivienda en Lote Familiar, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los programas sociales tienen un blindaje especial, de modo que continuará el apoyo a los adultos mayores, las becas para personas con discapacidad, así como la atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social, aun cuando se apruebe la reforma al 122.

En tanto, Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, afirmó que a diferencia de la administración federal, que sigue una política austera en materia de salud, educación, tecnología y desarrollo social, y "saca la chequera generosamente para blindar el Fobaproa-IPAB, la deuda externa, los rescates carreteros, exentar de impuestos grandes operaciones comerciales, así como para altos sueldos a funcionarios, entre otros, nuestro objetivo es atender las necesidades de los que menos tienen".

La funcionaria señaló que los programas sociales por sí mismos representan el proyecto alternativo que requiere México, por lo que la modificación de dicho artículo (el 122) "no es otra cosa que un despojo de algo así como 9 mil millones de pesos para los habitantes de la ciudad, y si a eso le agregamos el recorte de 800 millones al techo de endeudamiento de la ciudad, estaremos en una situación difícil".

Parece, sin embargo, que la ciudad de México es "una perseguida política, y como tal la tratan", y lo sustentan en la tesis de que en la democracia se impone la mayoría a las minorías, lo cual es cierto, siempre y cuando los derechos de las minorías queden a salvo, pero desde cuándo los pobres lo son, se cuestionó. Así que mientras ellos blindan sus camionetas y tarjetas de crédito, el gobierno capitalino hace lo propio para continuar con sus programas de atención social, concluyó.