Aduciendo motivos ecologistas, trasnacionales pugnan por limpiarla de etnias

Montes Azules, mosaico cultural en peligro de desintegrarse

Los lacandones, únicos propietarios legales, pero la presencia de otros grupos se remonta a 1930

ANGELES MARISCAL/PRIMERA PARTE CORRESPONSAL

Selva Lacandona, Chis., 31 de octubre. En la selva Lacandona más de un millar de familias de diversas etnias están en posesión de la tierra, pero sin derecho legal a ella. Desde principio de siglo pasado, y más profusamente en las últimas cuatro décadas, choles, tzotziles, tzeltales, zoques y tojolabales, entre otros, fueron llegando en busca de una oportunidad de subsistencia.

Durante este periodo, miles de indígenas -originarios de otros estados de la República e incluso de países como Guatemala-, sumados a los nativos del lugar -los lacandones-, han convertido a la selva en un mosaico de culturas, que tienen en común la pesadumbre de ir abriendo brechas y arrancando espacios a la vegetación.

Actualmente se intenta regularizar la tenencia y uso de la tierra, lo que ha provocado un conflicto en la región.

Eusebio Morales tiene más de 60 años de edad, es hijo de un peón acasillado que en 1930 se independizó y obtuvo del ayuntamiento de Ocosingo un permiso para poblar la selva. Vive en la comunidad Nuevo San Gregorio, en la zona de las Cañadas, ubicada en pleno corazón de lo que ahora es la reserva ecológica Montes Azules. El escrito que autoriza a su padre la entrada a la región es el único documento que acreditaría su estancia legal.

Para la gente de la selva, ésta se divide en la zona de las Cañadas, que es el centro; la región del Desempeño, al norte; la región Tzendales, colindante con Guatemala, y el sur, dividido por el río Lacantún con Marqués de Comillas y una parte también de Guatemala.

Luego del alzamiento zapatista en 1994, la selva quedó bordeada en uno de sus extremos por la carretera fronteriza construida por el Ejército Mexicano. Por los otros lados están los caminos que conducen a Ocosingo, Las Margaritas y Marqués de Comillas.

A principios del siglo pasado compañías deslindadoras pagaban en especie a los campesinos que quisieran llegar a vivir el lugar. Una tercera parte de las tierras delimitadas les pertenecerían, según el convenio establecido con el entonces Departamento de Colonización del Gobierno.

Hace apenas 30 años esta política de colonización continuaba de facto, y muchos labriegos llegaron a poblar la selva con el consentimiento de las autoridades de Ocosingo, según consta en documentos que aún están en su poder.

En 1972, el gobierno federal entregó, de forma virtual, 614 mil hectáreas a 60 familias lacandonas. Sin embargo, fue en 1988 cuando se midieron los terrenos y se supo que tenían una extensión de sólo 501 mil hectáreas. Actualmente se conoce la propiedad como los bienes comunales de la selva Lacandona.

Legalmente los lacandones son los únicos propietarios de dicha extensión.

Antes de eso, las autoridades federales habían entregado, vía "resolución presidencial", 32 mil hectáreas de esa misma tierra en favor de 17 poblados que ya existían. Después de 1972 se emitió otra "resolución presidencial", por 87 mil hectáreas, en favor de 31 núcleos agrarios.

En tanto, otras 43 comunidades fueron fundadas, las cuales no cuentan con ningún título de propiedad o dictamen agrario que acredite su estancia legal. Inclusive hay algunas creadas hace apenas cuatro años, cuyos pobladores son los llamados "grupos irregulares", a los que se pretende reubicar o legalizar.

Y dentro del polígono que comprende los bienes comunales de la etnia lacandona -compuesta ahora por unas 300 familias que habitan en solo tres poblados- se ubican las 331 mil hectáreas que componen la reserva de la biosfera Montes Azules, creada en 1977.

Apoyados, y en algunos casos incentivados por grupos ambientalistas de gobierno e independientes, los lacandones comenzaron, luego del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una campaña para expulsar a los núcleos agrarios que habitan lo que legalmente sería su propiedad.

Los acusan de causar la deforestación de la selva a un ritmo de 593 hectáreas por año, según diagnóstico de la Dirección Nacional de Areas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, una vista satelital del lugar indica que, si bien existe una importante deforestación en la región, la principal área desarbolada y convertida en potreros es la que comprende los terrenos del poblado Nueva Palestina, habitado en exclusiva por lacandones de origen tzeltal.

Hasta antes de 2000, la política de los gobiernos federal y estatal era el desalojo de la totalidad de los poblados ajenos a los bienes comunales.

Inclusive se llevaron a cabo fallidas reubicaciones, en las que se sacó de la región a al menos tres comunidades, para abandonarlas en la zona de Marqués de Comillas, mismas que volvieron al poco tiempo a la selva.

Organizaciones no gubernamentales, como Maderas del Pueblo del Sureste, reconocida por su trabajo de conservación en la zona de Los Chimalapas, denuncian que detrás de los intereses por desaparecer a los poblados de la selva están las corporaciones multinacionales, que quieren obtener agua o petróleo, y desarrollar la biotecnología y el ecoturismo en la selva Lacandona.

Las negociaciones entre los ambientalistas que pugnaban por la salida forzada de las comunidades y los grupos del gobierno que se negaban a asumir el costo político de tal decisión permitieron conformar, en junio de 2003, un grupo multisecretarial que elaboró, por primera vez en la historia de la colonización de la selva, un diagnóstico en campo para determinar el número de poblados, la extensión que ocupan y el número y origen de sus habitantes.

Bajo la coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se logró entablar negociaciones con los grupos involucrados, incluidos los lacandones, mediante las cuales a la fecha se acordó reubicar 16 poblados, y cinco están en proceso de regularización vía expropiación de terrenos de bienes comunales, previo pago de unos 33 millones de pesos. Otros cuatro poblados determinaron retornar a sus lugares de origen.

El compromiso de las autoridades para con los grupos a reubicar fue la entrega de unas 20 hectáreas por familia, en terrenos fuera de la selva, así como la indemnización y pago por las cosechas, animales y demás bienes que los involucrados poseen.

Bajo este esquema, sólo ha salido la comunidad San Francisco El Caracol, asentada en la parte sur de la selva. Para ellos las autoridades construyeron un nuevo centro poblacional, bautizado como Santa Martha, en Marqués de Comillas, que se constituiría como el modelo a seguir.