León Bendesky

Continuidad

En todos los discursos que pronunció el presidente Fox en Quinta Roo expresó su entusiasmo y optimismo por el curso de la economía, a saber: el crecimiento del producto, del empleo y las inversiones, y por prácticamente todas las acciones que en este campo desarrolla su gobierno. (Véase la página de la Presidencia en Internet, 28 de octubre de 2004.)

Preguntó "Ƒqué se requiere para que las inversiones se den?" Y respondió: "Lo primero, estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. Y gracias a Dios... el cambio que decidimos los mexicanos el 2 de julio del año 2000... le ha traído al país gran estabilidad política, económica y social". Y añadió: "El país lleva nueve años con dos gobiernos de dos partidos políticos diferentes, con las mismas políticas públicas en materia de diseño económico, con diferencias en su aplicación, pero básicamente las mismas políticas públicas, que están alcanzando ya madurez, permanencia suficiente para darnos un periodo de nueve años que verdaderamente llama la atención".

Es claro que Fox coloca su administración de la economía en un plano de firme continuidad con la gestión de su antecesor, especialmente luego de la crisis de 1995. Y tiene razón. Las decisiones técnicas de política económica y las estrictamente políticas que las definieron y llevaron a su aplicación, le dieron la base de estabilidad macroeconómica de la que ahora se precia y que noblemente reconoce.

Zedillo absorbió al principio de su gobierno la herencia de una crisis, fraguada por Salinas y Aspe, que se precipitó en forma de una devaluación de 100 por ciento y una inflación de 52 por ciento. Estas condiciones hicieron insostenible la situación financiera de los bancos que habían especulado hasta el exceso con la expansión del crédito favorecido por el gobierno y el Banco de México, que finalmente los llevó a la quiebra. Estos hechos van más allá de la inútil discusión del llamado "error de diciembre" o de quién puso o quitó los alfileres que sostenían la frágil situación financiera del país antes de las elecciones de 1994. Eso sólo involucra a los responsables directos, que son los mismos Salinas y Aspe, por un lado, y Zedillo y Serra, por el otro, pero sus consecuencias aún las resiente la sociedad, a pesar del actual entusiasmo presidencial.

En la gestión económica de Zedillo se hallan dos cuestiones esenciales. La primera fue el acomodo de la nueva crisis que, además de sus costos directos, había minado la base institucional del sistema financiero con la quiebra técnica de los bancos. La segunda tuvo que ver con la implantación de una política económica que favoreciera la estabilidad de los precios mediante el control del crédito por la política monetaria del banco central independiente y del déficit fiscal por medio del presupuesto federal.

En el primer caso la opción fue el Fobaproa, que luego de 10 años sigue siendo motivo de disputa política y fuente de una sangría enorme de recursos públicos; que cambió por completo la estructura de propiedad de los bancos y que no logra todavía hacer de ellos un instrumento útil para el crecimiento económico, a pesar de las grandes utilidades que obtienen. Esta opción se ha defendido en términos técnicos, pero esa defensa es débil como se aprecia si se compara con otras experiencias como la chilena en la época de Pinochet. Esta fue una opción política, consistente con los intereses de los grupos de poder en el país y de los encargados del gobierno. Por cierto que en este terreno el PAN fue un aliado fiel de Zedillo.

En el segundo caso, la política monetaria ha ido consiguiendo reducir el nivel de la inflación, sin alcanzar hasta ahora las metas fijadas cada año. En términos fiscales el déficit se ha reducido también, aunque con renglones contingentes que elevan los requerimientos reales de recursos del sector público y con fuertes presiones que apenas se están reconociendo, como es el caso de los sistemas de pensiones. Todo ello no ha logrado resolver la debilidad crónica de las finazas públicas ni elevar el nivel de recaudación por impuestos. La política se basa en crear las condiciones de credibilidad para los inversionistas, pero no logra superar la incredulidad de una parte grande de la población.

El gobierno ha aceptado sin objeción los criterios políticos que definieron la intervención pública en la quiebra de los bancos y también las formas de gestión monetaria y fiscal. Con ello muestra que los intereses involucrados siguen siendo los mismos y ése es el meollo de la continuidad que ya admite abiertamente. Los beneficiarios siguen siendo los mismos, los que administran las finanzas públicas y la moneda son los mismos también, y aunque la economía tiene recuperaciones eventuales no logra crecer de manera sostenida. Ahora incluso debe acomodarse a las nuevas condiciones que enmarcan al TLCAN y a la competencia internacional.

Este lapso de nueve años llama la atención, pero no por las razones que quiere el Presidente. Son esas otras razones las que están enmarcando las disputas políticas y que no acaban por fortalecer al gobierno de Fox ni a su partido cuando el proceso de la sucesión ya está abierto.