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México D.F. Lunes 1 de noviembre de 2004

Su proyecto prevé incluso reformar la Constitución

Busca la SG protagonismo global en derechos humanos

Críticas a Cuba, parte de la nueva estrategia

ALONSO URRUTIA

El Programa Nacional de Derechos Humanos considera -según el proyecto que elabora la Secretaría de Gobernación (SG)- como una de sus líneas estratégicas que México amplíe su influencia en los foros multilaterales en la materia para participar en la agenda internacional y elevar los estándares internacionales de protección y respeto de esas garantías.

Según el proyecto, México debe pugnar por que en los tratados internacionales se respeten y protejan los derechos. Asimismo, se prevé mayor cooperación con otros países y organismos internacionales abocados a la defensa de dichas garantías.

A partir de la administración foxista se ha justificado un mayor activismo de nuestro país en algunos temas en los que antaño se manejaba con mayor cautela, particularmente en el caso de la situación de los derechos humanos en Cuba, que México se abstenía de condenar, pero a partir de este gobierno se ha hecho año tras año.

El capítulo internacional del programa, que prepara Gobernación para su entrada en vigor el próximo mes, implica también que el gobierno mexicano deberá facilitar la aplicación de los tratados internacionales mediante la promoción de medidas legislativas o de otra índole necesarias para tal fin. Esto es, la adecuación del marco jurídico nacional para dar cabida a los compromisos mundiales asumidos.

De igual forma, se incorpora como línea estratégica el cumplimiento por el gobierno mexicano de las sentencias y la atención de recomendaciones, criterios, observaciones generales y opiniones consultivas de los organismos internacionales en la materia.

Asimismo, como parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales, se considera que el gobierno mexicano deberá difundir los informes que tenga en el renglón ante organismos mundiales.

El proyecto considera que se impulsarán reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento del concepto derechos humanos a la Carta Magna, y la promoción de otras modificaciones estructurales que apuntalen el marco jurídico.

Otro punto considerado central es el establecimiento de una concepción "transversal" de los derechos humanos, con el fin de que se apliquen políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en las dependencias de la administración federal. Paralelamente se definirían mecanismos efectivos para evaluar el cumplimiento de dichas políticas.

Se pretende poner énfasis en la difusión de una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, así como en sus mecanismos de protección mediante campañas masivas entre la población.

En este ámbito se proyecta "capacitar y sensibilizar" a los servidores públicos de la administración pública federal sobre el contenido y alcance, pero haciendo hincapié en los derechos que están obligados a respetar, promover y proteger en el desempeño de sus actividades.

Se buscará, al mismo tiempo, que este esquema relacionado con los derechos humanos pueda trascender el ámbito del gobierno federal para insertarse en los otros dos poderes de la Unión -el Legislativo y el Judicial-, pero también en los demás niveles gubernamentales; esto es, entre los gobiernos estatales y municipales del país.

Ello implicaría promover una armonización de los marcos jurídicos federal y local, a través de medidas legislativas o de otro orden para hacer cumplir las obligaciones internacionales del Estado.

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