Tan sólo el abogado Ramón Gámez regentea unas 5 mil empresas: Hernández Juárez

Auge de los contratos de protección

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Los contratos colectivos de protección se han convertido en un negocio sumamente rentable para abogados del sector laboral, que a cambio de una cuota mensual mantienen sindicatos fantasmas y garantizan que no haya revisiones salariales ni contractuales, de emplazamientos ni de otras peticiones.

Tan sólo en el Distrito Federal se tienen registrados 110 mil contratos colectivos de trabajo, de los cuales 99 mil no se revisan y están bajo la protección de seudolíderes sindicales que se reparten por sector, por sección, por zona y hasta por coto de poder. Asimismo, los abogados del sector controlan una parte considerable de este mercado.

En entrevista, el líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, explicó que en todo el país el negocio es millonario y deja grandes dividendos debido a que hay gran corrupción en el manejo de los contratos. Esto debido a que de los más de 3 millones de empresas registradas en el país sólo un millón tienen contrato colectivo, y de éstos sólo se revisan menos de 10 por ciento, es decir, cien mil, explicó.

El resto está bajo protección de un líder o abogado, que actúan por medio del sistema de cuotas: prácticamente "regentean" el mercado de los contratos colectivos con prácticas tan viejas como registrar un sindicato fantasma y venderlo a una empresa, de forma que los trabajadores no pueden organizarse, no conocen a su líder, no hay reuniones ni asambleas sindicales y mucho menos saben de su contrato; simplemente firmaron una hoja de adhesión al emplearse con la empresa.

Hernández Juárez expuso que un caso "patético" es el del abogado Ramón Gámez, quien "administra" más de 5 mil contratos colectivos simulados y por cada uno cobra cuotas. Cuando menos es propietario de dos aviones particulares, denunció el también líder de los telefonistas. Dijo que los abogados que se dedican a este negocio millonario tienen toda una red creada para que las autoridades los dejen operar, y para ello también hay entrega de cuotas.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) indica en un informe que en el campo laboral la corrupción es grave y lejos de decrecer avanza, ya que prácticamente no hay grandes empresas que no estén protegidos por sindicatos fantasmas y tampoco hay nuevos negocios que se establezcan a los cuales no "les caiga un líder o uno de estos supuestos abogados" pidiéndole al dueño la "cuota sindical".

Según esta organización, un caso que ejemplifica muy bien la situación son las grandes cadenas comerciales, sector en el que prácticamente todas las firmas como Aurrerá, Gigante, Comercial Mexicana y hasta las de capital extranjero como Wall-Mart y Carrefour operan con sindicatos fantasmas y tienen contratos de protección que les brindan centrales sindicales corporativas, o bien personas que se ostentan como líderes de ciertas fracciones gremiales de organizaciones tan importantes como la Confederación de Trabajadores de México.

De igual forma, empresas pequeñas son obligadas a entrar al negocio. El sistema de operación es el siguiente: buscan nuevos negocios en los que haya diez o más empleados, como escuelas pequeñas, jardines de niños, comercios, clínicas o fábricas, y llega un seudoabogado o representante sindical con un "emplazamiento a huelga" con sellos de alguna confederación y de las juntas locales de conciliación y arbitraje, u otras autoridades, los cuales son falsos.

Los dueños de las empresas desconocen que algún trabajador se haya organizado para esta situación, y es que ni siquiera el emplazamiento lo presentaron sus empleados, sino el mismo líder o seudoabogado, y dice que para resolver esta situación y regularizarla a partir de esa fecha se deberá pagar la "cuota sindical". Si se intenta ir a las autoridades y denunciar se encuentra con un sinfín de requisitos y con que, efectivamente, sus trabajadores tienen que estar afiliados a una organización. Incluso hay instancias laborales que "recomiendan" ciertos abogados y los empresarios se encuentran en una maraña legal, por la que prefieren pagar una cuota y desentenderse, según la ANAD.