Activistas denuncian indiferencia de autoridades

En el olvido, informe de la comisión sobre la región Loxicha

VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 29 de octubre. A más de año y medio de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial sobre la región Loxicha, donde hacía énfasis en la violación a los derechos humanos en esa zona de la Sierra Sur de Oaxaca, desde 1996 -cuando el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano inició una persecución contra indígenas zapotecas por su presunta participación en la filas del EPR-, tanto el gobierno federal como el estatal no han implementado acciones tendientes a contrarrestar las condiciones de pobreza, marginación e injusticia en ese lugar.

En un documento suscrito por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Bufete de Asesoría Jurídica Popular y la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ), se pide la intervención del gobernador del estado, José Murat, y de los presidentes de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, José Luis Soberanes y Sergio Segreste Ríos, respectivamente, para dar cumplimiento a dichas acciones.

El abogado Israel Ochoa Lara, del Bufete Jurídico Popular -quien se ha encargado de la defensa de los indígenas loxichas acusados de guerrilleros-, así como Yésica Sánchez Maya, de la Lime-ddh, y Juan Sosa Maldonado, de la OPIZ, manifestaron que si bien dicho informe no tiene carácter de recomendación, "sí plantea la necesidad de que los tres niveles de gobierno implementen acciones tendientes a la recomposición del tejido social y a generar las condiciones de paz y tranquilidad para el desarrollo integral de una de las regiones más marginadas y reprimidas de nuestro país".

Sin embargo, la situación ha empeorado en el lugar, pues las acusaciones de los encargados de la administración municipal contra la OPIZ y su dirigencia, en el sentido de que tenían reuniones clandestinas para organizar el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la región Loxicha, devinieron en amenazas de muerte, la desaparición de Marcelino Santiago Pacheco, el 27 de abril de 2003, y los más de 10 asesinatos de indígenas de esta comunidad, además de constantes agresiones contra habitantes de la región.

Todo ello, aunado a los presos políticos y de conciencia, tanto del fuero federal como del común, que se encuentran recluidos en los distintos penales de la entidad, "para los que no ha habido la más mínima voluntad política de los dos niveles de gobierno para solucionar su situación, sin que el Congreso de la Unión, en el caso federal, haya decretado la ley de amnistía que tanto la CNDH como el relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, sugerían y recomendaban".

Por lo anterior y con fundamento en el artículo octavo constitucional, los representantes de las referidas organizaciones solicitaron a Murat, Soberanes y Segreste les informen "cuál ha sido el seguimiento que han dado al informe especial de la CNDH, a los acontecimientos suscitados en la región, tanto a nivel de averiguación previa como en el ámbito de sus responsabilidades, pues es visiblemente notoria la falta de interés mostrada para resolver la situación de violación a los derechos humanos que viven los indígenas de la región Loxicha".

Asimismo, los inconformes exigieron a los funcionarios locales liberar a los presos políticos y de conciencia de la región Loxicha; investigar, esclarecer y castigar a los responsables de los asesinatos y agresiones de indígenas de esta zona; así como atención médica eficaz y oportuna para la zapoteca Zoila Almaraz Matías.

A los representantes de los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional y estatal solicitaron su intervención para que dicten las medidas cautelares que generen la prevención y protección de violación a derechos humanos, así como estricta vigilancia para el respeto de los mismos.