Espionaje telefónico

Ratifica Barrales su denuncia ante la procuraduría

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

La diputada local del PRD Alejandra Barrales ratificó ayer ante el Ministerio Público la denuncia de hechos que presentó el 15 de octubre pasado, en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos de espionaje telefónico, daño a la moral, invasión de la privacidad y lo que se relacione.

Al salir de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la vocera de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa comentó que hace dos días recibió un citatorio de esa dependencia con el fin de que ratificara su denuncia, y la semana próxima hará lo mismo el coordinador perredista, Carlos Reyes Gámiz.

Barrales puntualizó que aunque en su denuncia no menciona nombres, porque la PGJDF será la que realice las investigaciones correspondientes, se presume que detrás de las grabaciones telefónicas "que se hicieron y transmitieron sin mi autorización", puede estar el secretario de Gobernación, Santiago Creel.

"Eso es precisamente lo que queremos que investigue la procuraduría, para que puedan deslindarse responsabilidades".

La perredista exigió una vez más a quienes grabaron su conversación con el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, que "den la cara" a los ciudadanos, como ellos lo están haciendo.

En la denuncia que presentó por escrito la legisladora local remarca que no autorizó a nadie para que se intervinieran sus conversaciones privadas, y mucho menos que se hicieran públicas. Estas acciones, afirma, "constituyen un delito que sanciona la legislación del Distrito Federal". Detalla que la grabación y transmisión pública de conversaciones telefónicas privadas es sancionada por el artículo 213 del Código Penal del Distrito Federal, el cual establece que "la intervención de comunicaciones es un delito, también lo es la revelación del producto de este tipo de ilícitos".