Tenemos apoyo del gobernador del Edomex: comuneros

La Corte aceptó retomar el caso Agua Grande: Xalatlaco

SUSANA GONZALEZ G.

Con el apoyo del gobernador del estado de México, Arturo Montiel, y con base en el antecedente de Paraje San Juan, los comuneros de Xalatlaco solicitaron nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso del añejo conflicto agrario que mantienen con sus vecinos de los pueblos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, del Distrito Federal, por la propiedad del predio Agua Grande, de mil 509 hectáreas.

La intervención del mandatario estatal provocó que la SCJN designara el 23 de octubre pasado a un ministro para "investigar nuevamente el caso", informaron ayer representantes y abogados de los comuneros de Xalatlaco.

"El gobernador hizo una advertencia a las autoridades de justicia de la nación para que actúen de inmediato, porque es un foco rojo que en cualquier momento puede estallar. Ya es hora que se haga justicia a Xalatlaco y el gobernador nos está apoyando", dijo Alfonso Jiménez Quiroz, secretario de la comisión de vigilancia y seguridad comunal de dicho poblado.

No es la primera vez que los habitantes de Xalatlaco piden la intervención de la SCJN; lo hicieron hace tres meses, "pero se declaró incompetente". No obstante, los comuneros mexiquenses confían en que el organismo ahora sí acceda, ya que no le piden que actúe como juez en cuestiones jurisdiccionales, sino que "ejerza su facultad de investigación", pues -argumentaron- las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de esa comunidad han sido violentados por funcionarios de dependencias federales y del DF.

"Pedirle a la SCJN que investigue es muy complicado, porque sólo se le ha solicitado en tres ocasiones a lo largo de la historia del país; antes sólo lo ha hecho en el caso del Paraje San Juan y en otro de Ensenada. La Corte no va a resolver el fondo del problema, pues no determinará a quién le pertenece la tierra, pero sí puede investigar qué funcionarios actuaron contra Xalatlaco", explicó Jiménez Quiroz.

Señaló que funcionarios del Tribunal Superior Agrario y de las secretarías de Seguridad Pública Federal y capitalina -la primera por medio de la Policía Federal Preventiva-, encargadas de resguardar el predio en disputa, "abusaron de su autoridad al desalojar con lujo de violencia a los comuneros del predio de Agua Grande", además de violar una suspensión del amparo.

Pero las principales acusaciones de los comuneros de Xalatlaco son contra las autoridades agrarias, a quienes responsabilizan de obstaculizar el proceso legal sobre el predio en disputa, de actuar con extrema dilación y parcialidad en el caso, al haberles negado la justicia, e incluso ocultar y destruir documentos del pueblo.

Además señalaron que desde hace más de 60 años no cuentan con autoridades comunales porque se les ha negado el registro, "lo que ha perjudicado a Xalatlaco, porque así no tenemos personalidad jurídica", y se perdió el censo de comuneros, y el único que existe data de 1991, por lo que "desde hace seis meses pedimos que emitieran la convocatoria y todavía no hacen nada".

Por ello, ayer en la mañana los comuneros y sus abogados se presentaron en el Tribunal Superior Agrario y acusaron de dicho retraso al magistrado Jorge Gómez de Silva Cano, quien "resolvió en 1999 que perdiéramos las mil 509 hectáreas y pasó por alto una resolución de la SCJN", por lo que exigieron su destitución. Lo acusaron de "negligente y prepotente, y de darle mucha preferencia a los del Ajusco, mientras a nosotros nos ha calificado como transgresores de la ley y va más allá de sus facultades amenazándonos con meternos a la cárcel", dijo Jiménez Quiroz.