Luis Martínez

Controversia electoral oaxaqueña

En días pasados Leonel Godoy, dirigente nacional del PRD, presidió en Oaxaca una reunión con autoridades municipales electas de su partido y desde aquí se aventuró a tirar línea al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo el señor Godoy: "el hoy magistrado presidente, Eloy Fuentes Cerda, había votado por la anulación de las elecciones en Colima y Tabasco, y agregó, que también había dado un voto a favor de la candidata del PRD en Tlaxcala, todo esto nos hace confiar que se pueda anular la elección de Oaxaca cuando sesione la sala superior en unos 12 días". (periódico Noticias, Oaxaca, Oax., 22-10-04, p. 3Ű).

Desde luego Leonel Godoy es ajeno a la argumentación jurídica que debe prevalecer en el "coto vedado" que representa todo órgano jurisdiccional, que es donde el derecho siempre dice la última palabra.

En la revisión constitucional planteada con motivo de la elección del gobernador de Oaxaca, estamos en presencia de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado, la cual se ha constituido en definitiva al no haber sido impugnada. Estamos en presencia de actos derivados de otro acto consentido. La coalición Todos somos Oaxaca, al no haber impugnado la resolución del Tribunal Electoral del Estado que validó los resultados en 24 distritos electorales, dicha resolución quedó firme y se volvió inatacable.

Queda claro: se dejó de satisfacer el requisito de definitividad, por lo cual la coalición Todos somos Oaxaca no presentó los elementos que pudieran establecer lo que se llama la nulidad abstracta de la elección de gobernador, por eso sostengo y comparto el criterio de los juristas Jorge Franco Jiménez y Marco Tulio Ruiz Cruz de que no se satisfizo el requisito de la definitividad. Tampoco se presentaron pruebas supervenientes que pudieran dejar sin efecto la resolución del Tribunal Electoral Estatal.

El deseo, las buenas intenciones y la fantasía antijurídica del señor Godoy de que se pudiera declarar la nulidad de la elección de gobernador implicaría una afectación al orden jurídico de una entidad federativa y a la soberanía del estado de Oaxaca.