El órgano debe ser crítico e independiente de actores políticos y económicos, señala

Sergio Valls Hernández, nombrado ministro de la SCJN por 15 años

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Sergio Valls Hernández fue nombrado ayer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al lograr la mayoría calificada en una primera votación en el Senado. Ante el pleno advirtió que el máximo tribunal del país debe ser crítico, independiente de los actores políticos y económicos y con resoluciones ajenas al voto por consigna o conveniencia.

No fue necesario ir a segunda vuelta, ya que el acuerdo previo entre las directivas de las bancadas priísta y panista se concretó por la mañana, por lo que Valls Hernández obtuvo 85 votos a favor, de 114 emitidos.

De esa forma, el hasta ayer integrante del Consejo de la Judicatura Federal se impuso al ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor y al jurista Felipe Borrego Estrada y será ministro de la Suprema Corte por un periodo de 15 años.

Antes de la sesión, por separado, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuvieron reuniones privadas en las que se discutió tanto el nombramiento del ministro de la Suprema Corte como la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández.

Los tres candidatos a la Corte comparecieron ante el pleno. En su intervención, Borrego Estrada aludió a la necesidad de reforzar la determinación de que la Suprema Corte debe ser independiente, con autonomía financiera, con autogobierno eficaz y con la suficiente capacidad para emprender la incorporación en su seno de un auténtico federalismo judicial.

Señaló que es necesario volver la vista a los poderes judiciales locales e iniciar una nueva relación con gradualismo y cabal respeto a la madurez alcanzada, toda vez que "la reivindicación del federalismo judicial no significa sólo reconocer la respetabilidad de los poderes judiciales del país, ni la restitución de las soberanías a los estados, sino el retorno a la coherencia ente nuestras leyes".

En su turno, Sepúlveda Amor resaltó la facultad de la SCJN de decidir las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto resolver la posible incompatibilidad de los tratados internacionales y la Carta Magna.

Cobra así importancia excepcional, dijo, el proceso de incorporación de un nuevo orden jurídico internacional al derecho interno mexicano. Recordó que durante seis años colaboró con el Senado para asegurar la concordancia entre los tratados internacionales y la Constitución.

Transparencia

La intervención de Valls Hernández fue eminentemente política. De entrada, recalcó la necesidad de fortalecer la función judicial para garantizar la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en las decisiones de los jueces, magistrados y ministros.

"Los mexicanos demandan procedimientos abiertos, transparentes, además de una Suprema Corte crítica y sujeta al escrutinio público y académico, que dirima controversias con argumentaciones que sean resultado de los debates jurídicos de sus integrantes."

En suma, detalló, una Suprema Corte "independiente de los actores sociales, económicos y políticos", que se reafirme todos los días como el órgano que asegure la vigencia de la Constitución y sin interpretaciones "unívocas del derecho", las cuales "son propias de los estados totalitarios".

Resaltó que las interpretaciones fáciles "pueden desviar el sentido de la justicia". La interpretación jurídica constitucional no es un acto colectivo, sino personal y expresado ante un órgano colegiado. No es cuestión de intereses o emociones, sino de conocimiento jurídico, insistió.

La interpretación jurídica "por naturaleza debe ser ajena al voto por consigna o por conveniencia".

Luego de la comparecencia se decretó un receso de media hora, en el cual las bancadas, por separado, afinaron el acuerdo que aseguró las dos terceras partes de la votación a Valls Hernández.

El dictamen, en el cual se establece que el cargo es por 15 años, se aprobó, aunque el priísta Carlos Chaurand lo objetó, al considerar que debía ser sólo por año y medio, el lapso que restaba al periodo del ministro fallecido, Humberto Román Palacios.

Al final, después de que Valls Hernández rindió protesta ante el pleno, cuando era felicitado por los senadores, Diego Fernández de Cevallos, desde la presidencia de la mesa directiva, trató de apresurar la sesión, y antes de que el nuevo ministro saliera, ordenó pasar a otro tema. A su compañera de bancada, la panista Luisa María Calderón, negó a gritos una moción de orden que le pedía y de manera poco cortés ordenó desalojar el recinto a todos aquellos que no fueran senadores.