Las expulsiones en Las Margaritas, desde hace 15 años; autoridades, indiferentes, dicen víctimas

En año y medio, 30 familias desplazadas en Chiapas, por intolerancia religiosa y política

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Comitan, Chis., 23 de octubre. En por lo menos tres poblados de indígenas tojolabales del municipio Las Margaritas la intolerancia política y religiosa mantiene en el destierro a unas 30 familias que huyeron de sus comunidades en los 18 meses anteriores.

Unas 100 personas, la mitad menores de edad, viven en cuartos rentados en el barrio El Cedro, ubicado en la periferia de Comitán. Subsisten con las despensas que les entregan los gobiernos estatal y municipal, y con lo que les regalan sus "compañeros de fe", ya que muy pocas veces consiguen trabajo en mercados o en las construcciones

En compañía de su mujer y sus cuatro hijos, Genaro Pérez Méndez relata que hace aproximadamente 15 años empezaron las expulsiones en los poblados 20 de Noviembre, Plan de Ayala y Justo Sierra.

El 8 de abril de 2003 fue desalojado por segunda vez del poblado 20 de noviembre, por presuntas causas religiosas. El gobierno estatal le paga la renta de un cuarto de cartón y madera, donde apenas cabe un fogón y un par de sillas.

Explica que antes, cuando las familias eran desterradas, se congregaban en el auditorio del ayuntamiento de Comitán; pero "comenzaron a surgir problemas entre nosotros, por eso ahora vivimos separados, aunque estamos unidos en nuestra fe y demandas".

"Las expulsiones son un problema que no se resuelve. Se debe a la intolerancia de unos cuantos que no nos permiten tener otra religión, otro partido. Quien decide apartarse de lo que se dice en las asambleas, es encarcelado 48 horas y debe pagar una multa. A mí me pidieron 2 mil pesos", refiere Pérez Méndez.

El tojolabal comenta que de estos castigos no se salvan ni las mujeres. "Cuando nosotros salimos, también tenían encarceladas a otras tres indígenas".

Pese a que en el poblado 20 de Noviembre hay poco más de 480 padres de familia, "las decisiones las toman sólo unas cuatro personas. Ellos mandan (...) nos obligan a asistir a los mítines de su partido, de su organización (la CIOAC), y quienes se niegan son amenazados de muerte y encarcelados. Cuando en las asambleas alguien habla de tolerancia y libertad, empiezan las amenazas", narra.

Otro caso es el de Juan Jiménez y otros 25 padres de familia, quienes salieron del mismo poblado el pasado 7 de octubre. Los acusaron de haber votado en los comicios del 3 de octubre por el PRI, "y la asamblea había dicho que debíamos votar por el candidato del PRD".

Los 26 alquilan una casa que se encuentra en obra negra, donde viven entre costales de cemento y grava, mientras negocian con el gobierno estatal la instalación de un destacamento de policía en la comunidad.

Juan Jiménez platica que los varones expulsados decidieron no sacar a sus familias del lugar, como "medida de presión" para que las autoridades pongan fin al problema de intolerancia que se vive en esa comunidad.

"No dejan que haya otro partido, otra religión. Por eso nos sacaron, porque nosotros queremos que haya diversidad. Desde hace unos 15 años nos tienen amenazados, amarrados a su cuello. Hay miedo en la gente", confiesa.

Ante esta problemática, la Secretaría de Gobierno estatal, por conducto de su delegación en la zona, informó que desde el 13 de mayo pasado "se ha dado la atención oportuna, gestionando ante las autoridades municipales de Las Margaritas, la Subsecretaría de Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Social diversos apoyos, como son la gestión y dotación de despensas y otros ayudas de tipo social".

En un comunicado, la dependencia señaló que el gobierno de Chiapas "mantiene reuniones frecuentes con los actores sociales y políticos de la comunidad 20 de Noviembre, para que existan garantías de seguridad, de respeto y conciliación para el regreso de las familias".

Pese a lo dicho por las instancias oficiales, hasta la fecha los desterrados siguen en espera de haya condiciones para su retorno.