Anuncian movilización contra la ley agropecuaria

Denuncia el CAP manipulación del presupuesto para el campo

ELIZABETH VELASCO C.

Existe una "manipulación descarada" del presupuesto que la federación distribuye en forma etiquetada a los estados, ya que los recursos destinados al campo financian a quienes menos lo necesitan y excluyen a los sectores más necesitados, señaló el dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), Margarito Montes Parra.

Ante ello, adelantó que el CAP buscará reunirse con el Senado, acudirá ante la prensa, a las regiones, a las entidades y secretarías de Estado para promover una revisión de la Ley de Planeación Agropecuaria y una "reforma estructural" en el campo mexicano.

"Requerimos emprender una discusión a fondo y una alianza seria y sólida para superar la crisis agropecuaria", aseguró Montes Parra, pues a más de año y medio de haberse negociado las cláusulas del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) el panorama es desalentador:

Los recursos no llegan a quienes más lo necesitan; en los procesos de reordenación de la tierra se desconoce qué va a pasar con el ejido; con las comunidades rurales, con el sector social y económico rural; no se ha promovido una verdadera discusión del marco jurídico que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a los agricultores y "ya lo tenemos encima"; los créditos "no han aterrizado" y la banca nacional no financia de manera efectiva, además de que ya es necesario replantear los apoyos y subsidios que otorga el programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

Asimismo, refirió, por la adquisición de tecnología e inversión agroindustrial "enfrentamos una nueva cartera vencida que se suma a otra de actividades tradicionales que ya no son rentables y de la que hemos tratado de librarnos desde hace una década, como es el caso del trigo, algodón, café, henequén, tabaco y otros productos que necesitan una reconversión estructural, pues la crisis irreversible en que se encuentran no podrá ser superada con apoyos".

A su vez, Alvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, manifestó que el ANC "sigue siendo una tomadura de pelo", porque el gobierno federal aún adeuda a los campesinos mil 300 millones de pesos de los 2 mil 800 millones aprobados para el fondo emergente.

Por ello, dijo, no se han ejecutado programas relacionados con el seguro popular para el campo, el de empleo temporal, además de que tampoco se aplicaron 500 millones de pesos para el Procampo emergente, el cual "se nos regateó y hasta ahora no tienen la seriedad de reconocer que no quisieron aplicarlo".

Coincidió con Montes en que hay incertidumbre sobre la propiedad rural, porque tampoco se realizó la evaluación del impacto provocado por las reformas al artículo 27 de la Carta Magna y al nuevo marco jurídico para la propiedad social. Tampoco, dijo, han cumplido con una serie de reformas constitucionales en materia hacendaria y aduanera; en la ley de metrología y normalización, y de comercio exterior.

Por lo que toca a los focos rojos y amarillos, refirió que de 14 problemas urgentes sólo se han atendido ocho, y ninguno de los 34 focos amarillos, por lo cual persisten sus demandas en ejecución de resoluciones, ampliación y dotaciones de nuevos centros, colonias agrícolas y posesiones que tienen que ver con tierras confiscadas.

"Lo sustantivo no lo han cumplido y lo que han estado haciendo (las dependencias relacionadas con el agro), francamente, es colmarnos el plato". Por ello, tanto el CAP como otras organizaciones agropecuarias -puntualizó López Ríos- "vamos a empezar a colocar al campo en la agenda nacional con una serie de acciones y movilizaciones planeadas en un horizonte de aquí al 10 de abril próximo, el problema agrario sigue latente".