México D.F. Sábado 23 de octubre de 2004
Ninguna duda de la culpabilidad del ex funcionario implicado en un secuestro, señala
Falta vigilancia sobre el personal administrativo de la PGJDF: Bátiz
AGUSTIN SALGADO
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, aseguró que el nivel de corrupción dentro de la dependencia ha disminuido, y que el caso de César Alfonso Rodríguez Gómez, ex subdirector de Política y Estadística Criminal -quien fue detenido por participar en un secuestro-, es un caso aislado.
"Somos 14 mil empleados en la procuraduría; nos afecta este caso, y quizá algunos otros cometan delitos, pero no vamos a detenernos por eso, vamos a sancionar a quien se lo merezca", expresó el procurador.
Agregó que el área de inspección interna de la Policía Judicial constantemente vigila el trabajo de los elementos. Sobre los empleados administrativos, dijo, "la verdad es que no hay un mecanismo (de vigilancia), y prácticamente sería imposible tenerlo", pero hubo una llamada de atención para que los jefes de cada área sepan qué están haciendo sus empleados, abundó.
Cabe recordar que el 19 de octubre pasado, Rodríguez Gómez y otros tres sujetos fueron aprehendidos por policías preventivos en el momento que intentaban cobrar el rescate por liberar a un empresario textil que tenían secuestrado.
Bátiz Vázquez afirmó que en ese caso la PGJDF no actúo con falta de severidad ni trató de ocultar el ilícito. "Ya está en el reclusorio, no actuamos con tolerancia, al contrario, lo enviamos rápidamente: se integró la averiguación previa, la víctima lo reconoció y se le encontró con un arma en el vehículo donde llevaba al secuestrado; entonces, no hay ninguna duda".
El procurador sostuvo que se vigila más a los elementos de la Policía Judicial para detectar posibles vínculos con la delincuencia. "Hemos tenido mucho cuidado, no dudo que pueda quedar algún resabio de las viejas prácticas, pero hemos logrado tener mayor control", mientras que en las áreas administrativas, precisó, "los empleados son como cualquier otro ciudadano: no tienen derecho a usar armas y no tienen vehículos oficiales; sin embargo, alguno, como en este caso, puede cometer delitos, como en cualquier otro lado".
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