Gustavo Gordillo

Todo necio confunde valor y precio

La discusión más significativa en las recientes décadas sobre el quehacer público ha girado alrededor del concepto de soberanía popular, sea que la discusión se adentre en el terreno de la reordenación económica, se analicen los problemas de la democracia representativa o se revisen las características de los nuevos movimientos sociales y sus expresiones culturales. En todos los casos el debate implícito está relacionado con el tipo de relaciones entre sociedad y Estado.

A partir de las reformas de los años 30, el debate en tomo al concepto de soberanía popular se resuelve en varios países de América Latina en favor de una de las dos grandes inclinaciones políticas del siglo XX. El discurso de la justicia social, cuyo principio unificador es el principio de la igualdad, se impone sobre el discurso de la democracia, cuyo principio unificador es la libertad. Desde entonces hasta los 70 el primer discurso va a constituirse en la argamasa del bloque hegemónico en esos países.

El discurso de la justicia social supone varias elecciones y exclusiones. Se elige privilegiar el combate a la desigualdad social desde el Estado por medio de una alianza popular que se impulsa desde arriba. Se excluye de las preocupaciones la construcción de la democracia representativa; por tanto, la recreación política del ciudadano y de las organizaciones ciudadanas. El papel de los mercados económicos y políticos se queda en los linderos de la marginalidad.

El encargo protagónico que asigna al Estado este discurso hace que muy pronto ese papel sea ocupado en realidad por los aparatos gubernamentales y que de una alianza política entre fuerzas sociales se transite hacia un pacto de cúpulas sustentado en la presencia contundente de la burocracia gubernamental. Era obvio que esto ocurriera. En todas partes donde el protagonismo estatal no tiene contrapesos, las burocracias apresan y refuncionalizan el discurso de la justicia social.

En los años cincuenta este discurso sufre una readaptación. Si en los treinta se ponía el acento en la redistribución de la riqueza existente, en los cincuenta, y como consecuencia del pacto obrero-industrial del periodo de sustitución de importaciones, la referencia a la justicia social se entendió como distribución de nueva riqueza que había primero producir.

Esa readecuación comienza a establecer una distinción entre subsidio productivo reservado hacia actividades de fomento sobre todo en el sector privado y subsidio político dedicado al sector social. Ambos subsidios se conciben como mecanismos generadores de lealtad política.

La casi total exclusión de los temas relacionados con la edificación de la democracia, favoreció el surgimiento de liderazgos carismáticos y la consolidación de las cúpulas corporativas. En todo esto para nada es ajeno el concepto nodal de este discurso. La tutela estatal pretende dar un tratamiento desigual a desiguales o más específicamente un tratamiento de menores de edad a las fuerzas sociales.

El pacto corporativo comenzó a agotarse en la medida que las sociedades latinoamericanas crecían en complejidad y dejan de verse representadas en el espectro corporativo de los años treinta. Ese particular discurso de la justicia social como ejercicio de distribución de rentas estatales deja de apelar al conjunto de la sociedad para afianzarse en las franjas minoritarias de las corporaciones laborales , rurales y empresariales.

Las movilizaciones en las últimas décadas de muy variados actores sociales que integran la entretejedura de las sociedades latinoamericanas obedecen claramente a la extenuación del modelo corporativo. Es preciso explicitar en qué aspectos se marchita este modelo: a)el formato central basado en el entendido de que los actores sociales son conjuntos homogéneos, se ve doblemente impugnado: desde dentro como secuela de la reconstitución de las fuerzas tradicionales -obreros, campesinos, empresarios-; desde fuera por el surgimiento de nuevos conglomerados; b)el discurso de justicia social que se ve cuestionado con el reclamo de mayor participación en la toma de decisiones; c)el concepto de tutela estatal es impugnado desde la reivindicación de plena ciudadanía; d)el papel de las instituciones gubernamentales vinculadas con la justicia social, cuestionadas tanto por sus ineficiencias como por sus desvíos.

El conjunto de estas movilizaciones transportan en su seno un mensaje claro. Se impugna el contrasentido de una supuesta democracia social apartada de ejercicios democráticos básicos como la participación ciudadana, y con efectos que remarcan en vez de mitigar la desigualdad social. Se impugna, en síntesis, la confiscación del discurso de la justicia social por parte de las burocracias. En todas estas formas de movilización hay un principio cohesionador que significa en la práctica una ampliación del concepto de soberanía popular. Este concepto nodal es el de la autonomía que no supone autarquía sino auto-organización. Su formato básico son las redes sociales.

En el debate actual sobre los populismos no debería confundirse la emergencia de un discurso de corte populista y la presencia importante de una constelación de fuerzas sociales que difícilmente se reconoce en ese discurso pero que reclama atención a las principales demandas que giran alrededor del combate a la desigualdad.