Miguel Concha

Derecho humano a alimentarse

El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, que como derecho humano está íntimamente relacionado con la soberanía alimentaria de los países y los derechos al trabajo y a un salario suficiente de las personas. De acuerdo con los instrumentos internacionales que lo protegen, comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, aceptables culturalmente y sin sustancias nocivas, así como su accesibilidad en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos.

Con el objeto de hacerlo efectivo y erradicar la desnutrición, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en México desde el 16 de abril de 1996, compromete a los estados parte a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, y a promover una mayor cooperación internacional, en apoyo de sus políticas nacionales. Ello, no obstante, en México no está garantizado en la Constitución, a pesar de que fue reconocido por primera vez como tal apenas el año pasado, en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social. Para llenar este grave vacío de exigibilidad y posterior justiciabilidad, y luego de más de 10 años de lucha de organizaciones civiles y sociales -entre ellas la Red Internacional para la Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación (FIAN, por sus siglas en inglés), y la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales-, el pasado 15 de diciembre el Senado aprobó un proyecto de decreto, que adiciona respectivamente un párrafo al artículo 4 y otro al párrafo 20 del artículo 27 de la Constitución. El primero obliga al Estado a garantizar "eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental" (sic), y el otro establece la obligación del Estado de garantizar "el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos que la ley establezca" (sic), en sus políticas de desarrollo rural integral. No obstante que estas importantes, aunque acotadas modificaciones fueron aprobadas con 78 votos en favor y únicamente ocho votos en contra (estos últimos del PAN), la Cámara de Diputados aprobó también este año la iniciativa, pero ampliando indebidamente en la Constitución el cumplimiento de la obligación de este derecho a otros sectores sociales.

Las violaciones al derecho a la alimentación pueden producirse en efecto por actos realizados directamente por el Estado o por entidades insuficientemente reguladas por éste, y aunque solamente los estados son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -vigente en México desde el 12 de mayo de 1981-, y por tanto son los responsables últimos de su cumplimiento, todos los miembros de la sociedad, incluidos los particulares, las organizaciones y el sector empresarial nacional y trasnacional, son también responsables de la realización de este derecho. Sin embargo, es al Estado al que compete la obligación general de proteger este derecho y crear las condiciones para el cumplimiento corresponsable de su realización. Por este motivo, las reformas constitucionales han tenido que volver desgraciadamente al Senado, el que de nuevo las envió a comisiones, retrasándose así aún más el proceso de reconocimiento y garantía de este derecho humano fundamental. Como señala el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, realizado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hoy día 14.2 por ciento de la población cuenta con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares indica que 79.2 por ciento de los mexicanos vive por debajo del costo de la canasta básica alimentaria. La Secretaría de Salud ubica a 40 millones de personas que padecen hambre, y la Confederación Nacional Campesina habla de 60 millones, cuyos sectores más vulnerables son las mujeres, los niños y los indígenas. Por otro lado, y como se ha reconocido recientemente, los principales programas oficiales, como el Oportunidades y el Pa' que te nutras, no alcanzan a cubrir a toda la población necesitada, y desde la apertura del Tratado de Libre Comercio el campo se encuentra en un abandono que reduce la autosuficiencia y la seguridad alimentaria. Confiamos que a pesar de que este derecho no está todavía vergonzosamente reconocido en la Constitución, los diputados aseguren mejor su cumplimiento en el próximo presupuesto, tomando en cuenta las obligaciones que impone al Estado la Ley General de Desarrollo Social.