Convocan a foros con miras a reformar las disposiciones legales en la materia

Senadores refrendan compromiso con el secreto profesional de los periodistas

ANDREA BECERRIL

Como parte de los trabajos para dictaminar las reformas legales que permitirán a periodistas y otros profesionales reservarse la identidad de sus fuentes de información, se llevó a cabo ayer un foro de análisis en que senadores, diputados y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resaltaron la importancia de culminar esa reforma que dará certidumbre a la libertad de expresión.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, precisó que la iniciativa que reforma el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 225 del Código Penal Federal -presentada por él y otros legisladores de PRI, PAN y PRD en noviembre del año pasado- será enriquecida con la opinión de especialistas e interesados en el tema.

Por ello, además del foro que ayer se llevó a cabo, habrá dos más, para que participen quienes quieran compartir su punto de vista académico o profesional, con el propósito de ayudar al perfeccionamiento del marco jurídico de uno de los valores fundamentales del sistema democrático, como es la libertad de expresión.

Sánchez Carreño precisó que la iniciativa hizo suya la preocupación de la CNDH ''de que el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades, como el periodismo, la abogacía, la medicina y el ministerio de cultos, además del desempeño de algunos empleos o cargos en el servicio público, demandan bases legales suficientes para que su ejercicio se lleve a cabo sin más limitaciones que las establecidas en la ley''.

Subrayó que la iniciativa reforma el artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, al que adiciona un nuevo artículo donde se precisa que los periodistas no estarán obligados a declarar respecto de los nombres o datos de identificación de las personas, que con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen información de carácter reservada.

Asimismo, se propone reformar el artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a las autoridades que traten de obligar a los comunicadores a revelar sus fuentes de información.

Principio para la libertad de expresión

Durante el foro de análisis que ayer se llevó a cabo, el segundo visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, destacó que la colaboración que los particulares deben brindar a las autoridades encargadas de investigar los delitos llevó a la tentación de configurar algún tipo de responsabilidad a profesionales que tienen información o datos relevantes para una investigación.

Sin embargo, recalcó, el derecho a guardar el secreto del origen de cierta información está íntimamente relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión. Además, en el caso de los periodistas, la posibilidad de obtener datos está condicionada con frecuencia a no revelar las fuentes.

El primer visitador de la CNDH precisó que el secreto profesional no trata en modo alguno de brindar privilegios o protecciones especiales a un grupo de profesionales, en aras de satisfacer intereses personales o gremiales, sino establecer mecanismos en beneficio del interés general de la sociedad.

La esencia del trabajo periodístico, insistió, "gira en torno a la materialización del derecho de los ciudadanos a estar informados", de ahí que de no garantizarse el anonimato de las fuentes "mucha información a la que regularmente se tiene acceso estaría restringida en perjuicio de la sociedad".

Es por ello que "el secreto profesional se debe proteger con el propósito de brindar seguridad jurídica y ejercicio pleno al derecho humano de expresión y de prensa'', y que sea necesario legislar para proteger el secreto profesional y la reserva de información.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Leticia Gutiérrez Corona, dijo que es indispensable escuchar y sistematizar las propuestas de los ciudadanos, actores políticos o sociales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de que las modificaciones posibles a la legislación penal vigente se construyan a partir del consenso democrático.