El ministro, en contra de que se legisle "por impulso" pensando en el impacto político

"Inamovilidad de la justicia", riesgo de la reforma penal foxista: Silva Meza

JESUS ARANDA

El proyecto de reforma del Ejecutivo en materia penal -que implica cambios a 22 artículos constitucionales, creación de seis nuevas leyes federales y adiciones a siete más- debe analizarse "con sumo cuidado y detenimiento", para evitar que dicha iniciativa resulte contraproducente y se traduzca "en inamovilidad de la justicia", advirtió Juan N. Silva Meza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Planteó que "legislar por impulso, pensando más en las consecuencias de impacto político y social que en la orientación constitucional y en los contenidos normativos, nos lleva un constante movimiento de la Carta Magna y de las leyes que no siempre resulta positivo".

Al participar ayer en el seminario Reforma al sistema de justicia penal, que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México, Silva Meza precisó que tan sólo de 1983 a la fecha se han realizado seis grandes reformas en materia penal (1983-1985, 1989, 1991, 1993-1994, 1996 y 1999), las cuales han sido francamente contradictorias entre sí.

Explicó que ante el incremento de la delincuencia y la "percepción generalizada" de que la corrupción ha permeado algunos niveles en los órganos e instituciones encargadas de la procuración y aun de la administración de justicia, el Estado ha tomado medidas con la intención de alcanzar un "sano equilibrio" entre la prevención y la represión del hecho delictuoso. Sin embargo, las modificaciones del marco normativo penal no han tenido los resultados esperados.

Por ejemplo, expuso, la reforma de 1983-1985 tuvo una orientación fundada en la democracia liberal, que reconoce a la persona en su dimensión individual y social "sustentada en la Constitución".

En 1989 se incorporó una reforma "que tal vez no fue congruente", al incrementar la pena máxima de prisión a 50 años, agravando la que había de 40 años, situación que se dio "cuando se había discutido y cuestionado tal exceso, considerando los nocivos efectos de la prisión excesivamente prolongada, que además es contraria a los derechos humanos".

En 1991, continuó el ministro, las reformas fueron orientadas a la "despenalización, destipificación y desjudicialización" mediante castigos alternativos y sustitutivos.

Respecto a los cambios legales de 1993-1994, Silva Meza, quien antes de ser ministro fue magistrado penal, señaló que la reforma fue "apresurada" y que de "un plumazo" se adaptaron al orden legal instituciones que se antojaban "ajenas" a la tradición jurídica nacional -como el elemento del tipo en lugar del cuerpo del delito-, "tal vez sin la debida preparación y, sobre todo, sin el debido aquilatamiento de lo que ello implicaría"

Afirmó que la reforma penal dificultó técnicamente la actividad ministerial, incrementó la carga de trabajo y propició la impunidad.

En 1996, ante la "desesperación" por el incremento de la delincuencia, se creó un derecho penal de excepción -concretamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada-, que provocó "años de incapacidad, ignorancia, mala fe, corrupción e incapacidad".

En cambio, en 1999 se llegó a un "rencuentro con las ideas tradicionales, a la vez que un inicio de racionalidad en cuanto a la dureza legislativa anterior".

Manifestó que las reformas de ahora (con las que se busca pasar de un procedimiento penal inquisitorio a uno acusatorio; la restructuración orgánica de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, y la creación de tribunales penales especializados en adolescentes y jueces de vigilancia de la ejecución de las penas, en la que se incluye el juicio oral de manera preponderante) los cambios deben ser analizados cuidadosamente, para dejar atrás ideas que fracasaron por pasar de la concepción legislativa democrática y liberal a la autoritaria y represora.