En la nueva andanada de ataques contra el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por el hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF, que encabeza Bernardo Bátiz) haya dado a conocer un video más en el que se documentan los nexos del empresario corruptor Carlos Ahumada con Carlos Salinas de Gortari y Santiago Creel Miranda, destacan las sorprendentes declaraciones del propio Creel y del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, en las que descalifican la ecualización realizada por peritos de la PGJDF de la pista de audio de la cinta. Creel Miranda, mencionado por Ahumada como uno de los que habrían de ser "informados" en caso de que el Gobierno del Distrito Federal no cediera al chantaje del propio empresario de origen argentino, llegó al exceso de sugerir que podría acusarse al procurador capitalino del delito de alteración de pruebas. Macedo de la Concha, por su parte, habló de una "prueba editada" y "manipulada". Ambos coincidieron, casualmente o no, con el propio Ahumada, quien en una carta enviada a varios medios aseguró que la grabación fue "recortada, manoseada, manipulada y supereditada" (sic).

Tanto si hablan por ignorancia como si lo hacen por mala fe, es preocupante -porque se trata nada menos y nada más que del secretario de Gobernación y del procurador federal- que ambos funcionarios confundan, o aparenten confundir, la técnica de ecualización, que permite limpiar, aclarar y restablecer el sonido de una grabación defectuosa, con una maniobra de adulteración y falsificación.

La debilidad del alegato fue puesta en evidencia por el propio Macedo de la Concha, quien hubo de admitir que la dependencia a su cargo tiene desde hace varios meses en su poder una copia del video divulgado el lunes por Bátiz, copia que, por razones que no quiso o no pudo explicar, no ha sido sometida por los técnicos de la PGR a un trabajo como el que realizaron los peritos de la Procuraduría capitalina. En declaraciones por separado, la fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, María de los Angeles Fromow Rangel, reconoció que agentes del Ministerio Público Federal se limitaron a realizar, por ineptitud, omisión o negligencia, un trabajo de "transcripción" que sólo arrojó "frases sueltas e incongruentes", y ofreció "tratar de ver que nuestros peritos hagan lo posible para aislar el sonido". En suma, la PGR empezará ahora a hacer la misma tarea que realizó en su momento su contraparte capitalina y que, según las ironías de Creel, fue llevada a cabo mediante "milagros" y con "ecualizadores mágicos".

Más allá de las tribulaciones de los funcionarios federales por superar el trance difícil en el que se colocaron desde el momento en que decidieron participar en la conspiración de golpeteo político-mediático contra López Obrador, y de que Creel sea capaz de descubrir sospechosismos en la ecualización pericial de una banda sonora, es revelador que la virulenta reactivación de esa campaña de aniquilación política (y mediática, y judicial, y presupuestal) se produzca cuando surgen los primeros indicios sólidos de la participación de Salinas de Gortari en el operativo. Y es que, a la luz de los amagos chantajistas de Ahumada, no sólo se hace evidente la existencia del complot que denunciara en su momento el jefe del gobierno capitalino, sino que también se pone de manifiesto la alianza vergonzosa entre el foxismo y el salinismo para adulterar los escenarios de la elección presidencial de 2006: los enemigos acérrimos de antaño, el panismo democratizador y el priísmo beneficiario y promotor del fraude electoral, parecen haberse convertido en los conjurados del presente. Es comprensible la rabia que suscitan en el grupo gobernante las revelaciones sobre esa relación inconfesable porque, de confirmarse, anularán la única virtud que aún se concedía al foxismo, que era su compromiso con la alternancia democrática.