Sus funciones han sido asignadas a otras instancias, dicen

Propone el PRI desaparecer la Secretaría de la Función Pública

ANDREA BECERRIL

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene lista una iniciativa de ley encaminada a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, con el argumento de que no tiene sentido su operación, porque sus funciones han sido asignadas gradualmente a la Auditoría Superior de la Federación y otras de sus atribuciones pueden ser ejercidas directamente por cada uno de los órganos de control interno de las dependencias del Ejecutivo federal.

La iniciativa, en la que se subraya que al desaparecer la Secretaría de la Función Pública se lograría un ahorro considerable -tan sólo para este año se le asignaron casi mil 500 millones de pesos como presupuesto-, la presentará hoy ante el pleno el senador priísta Adalberto Castro.

En la exposición de motivos se señala que desde 1983, cuando se constituyó como Contraloría General de la Federación, pasando por abril de 2002 en que se modificó su Ley Orgánica para darle su nombre actual de Secretaría de la Función Pública, cumplió un papel importante en la organización y coordinación de los sistemas de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública.

Sin embargo, al irse fortaleciendo las atribuciones de control por parte del Poder Legislativo, particularmente las que tiene asignadas la Auditoría Superior de la Federación, la existencia de un órgano administrativo de tal magnitud resulta innecesaria, máxime cuando se han establecido órganos de control interno en las dependencias gubernamentales, sostiene el PRI.

La reforma propuesta, precisó el senador Castro, consiste en transferir las atribuciones establecidas para la Secretaría de la Función Pública en diversos numerales de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a los órganos de control de cada dependencia, mientras que otras serían atendidas por la Secretaría de Hacienda.

De esa forma, los órganos internos de control estarían encargados y facultados por ley para ejercer las funciones relacionadas con organizar y coordinar su sistema de control y evaluación, así como inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos.