Señala que es extemporánea la solicitud de controversia interpuesta por el Ejecutivo

Responde la Cámara a intento de evitar que se audite el Fideicomiso de Aduanas 1

ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados respondió ayer a la controversia institucional que interpuso el gobierno de Vicente Fox en contra de ese cuerpo legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para impedir que se audite el Fideicomiso de Aduanas 1 (F1), donde el órgano superior de fiscalización detectó un presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos por derechos de trámite aduanero que no fueron reportados a la Tesorería de la Federación en los ejercicios fiscales 2001 y 2002.

La respuesta fue enviada por el presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio entrada a la controversia del Ejecutivo el 3 de septiembre pasado.

El documento se redactó en forma conjunta por las coordinaciones jurídicas de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control y de la Auditoría Superior de la Federación, pues la intención del Ejecutivo es que la Corte invalide la Ley de Fiscalización. Además se realizaron reuniones de trabajo entre la ASF, los diputados y el Senado, pues se considera que el recurso del gobierno de Vicente Fox afectaría directamente los intereses de la sociedad.

En un comunicado, la Cámara de Diputados señaló anoche que al responder la controversia se pretende reafirmar las facultades de ese órgano legislativo y de la ASF, establecidas en los artículos 74 y 79 de la Constitución, para fiscalizar todo tipo de recursos federales, ya sea que los ejerzan los entes públicos, las entidades federativas, los municipios o los particulares.

La contestación, informó, se centra en demostrar que los recursos captados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por derechos de trámite aduanero, y que canaliza indebidamente al F1, son recursos públicos que deben ser enterados a la Tesorería de la Federación, como lo establecen con claridad las leyes en la materia.

También se acredita que el F1 no es un fideicomiso de carácter privado, como pretende argumentar la Secretaría de Hacienda, sino un fideicomiso público de facto, en el cual el fideicomitente es la propia dependencia y los recursos fideicomitidos son públicos, por lo que no pueden pagarse a las compañías privadas que prestan el servicio de procesamiento electrónico de datos.

Argumentos

La Cámara de Diputados también invocó varias causas de improcedencia de la controversia del Ejecutivo, en las cuales basa su solicitud de sobreseimiento, y entre ellas resaltó la extemporaneidad de la presentación del recurso y en la impugnación del pliego de observaciones; el no agotamiento de la vía prevista para impugnar la norma general; el pliego de observaciones es un acto derivado de otros consentidos por el actor; el Poder Ejecutivo federal no sufre ningún agravio en virtud de que el pliego de observaciones no es un acto definitivo, y que no existe violación a la esfera constitucional de la competencia del autor.

Asimismo, demuestra que la Ley de Fiscalización Superior es constitucionalmente válida, al igual que la constitucionalidad del procedimiento legislativo por el cual fue expedida, así como las facultades de la Cámara de Diputados y la ASF para formular pliegos de observaciones derivados del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública y para darle seguimiento.

De acuerdo con la investigación de la ASF sobre el F1 reveló también que de éste se transfirieron recursos a la empresa Integradora de Servicios (Isosa), constituida con recursos de Nacional Financiera en 1993 por los actuales secretarios de Hacienda y Gobernación, Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, respectivamente.

Al detectar la irregularidad, la ASF exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre el manejo de los recursos, que le fue negada con el argumento de que en este caso también se aplica el secreto fiduciario. Nacional Financiera detenta 99.9 por ciento de las acciones de Isosa, por lo cual la ASF la considera una empresa de participación estatal mayoritaria y, por tanto, auditable.