También demandan castigar a Sánchez de Lozada

Miles exigen en Bolivia devolver al Estado el control de los hidrocarburos

AFP, DPA Y REUTERS

La Paz, 18 de octubre. Unas 15 mil personas -mineros, campesinos, trabajadores y estudiantes, principalmente- demandaron hoy al Congreso de Bolivia la aprobación de una ley de hidrocarburos que restituya el control estatal sobre la extracción y comercialización de los hidrocarburos, así como el encarcelamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, obligado a renunciar al cargo hace un año, en medio de una rebelión popular que se opuso a la explotación del gas por empresas privadas.

Evo Morales, líder de izquierda, encabezó en una plaza del centro de La Paz una manifestación de cocaleros, indígenas sin tierra y colonos aymaras y quechuas, y desde ahí pidió al Legislativo acelerar la discusión de una iniciativa de ley que mantenga en poder de los bolivianos su principal recurso natural.

Morales, quien es legislador y miembro de la segunda fuerza política legislativa, demandó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia "despojarse de sus colores políticos" para condenar al ex presidente Sánchez de Lozada por su responsabilidad en la represión contra medio centenar de personas que el 17 de octubre de 2003 se rebelaron en El Alto.

A la misma plaza donde estuvo Morales acudieron unos 2 mil mineros llegados a pie del altiplano, para manifestarse en favor de la misma ley que apoya el líder cocalero, diseñada por una comisión congresal de izquierda. Los trabajadores también reclaman celeridad al proceso contra Sánchez de Lozada.

Los manifestantes rechazaron el plan defendido por el gobierno del presidente Carlos Mesa, que apuesta a la recuperación estatal de los hidrocarburos "a boca de pozo" y un incremento paulatino de 18 a 50 por ciento en los próximos 15 años de los impuestos a la producción petrolera.

Mesa pidió anoche también al Congreso que comience el debate sobre la legislación, con base en las preferencias marcadas por el referéndum del 18 de julio pasado, en el cual los bolivianos apoyaron la idea de recuperar el control de los hidrocarburos "a boca de pozo".

Desde Washington, un grupo de asesores legales del mandatario depuesto hace un año difundió una declaración de Sánchez de Lozada, en la que éste reconoció haber cometido errores en su administración, pero negó haber violado la ley.

"Prometo, no obstante, cooperar totalmente con una investigación que sea completa e imparcial, como lo exigí en el último año", añadió el ex presidente, quien está acusado de genocidio y delitos económicos contra el Estado.