Políticos y autoridades instalan grupo que impulsará acuerdos en materia de seguridad

Pide Creel a partidos superar encono para consensuar reformas sobre justicia

Acepta Seguridad Pública que los policías están en desventaja frente a los delincuentes

ENRIQUE MENDEZ

Los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Santiago Creel Miranda y Ramón Martín Huerta, respectivamente, así como el procurador Rafael Macedo, convocaron a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a superar egoísmos políticos y confrontaciones de coyuntura para lograr un acuerdo que permita al Congreso de la Unión aprobar las reformas en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

En ese sentido, Santiago Creel dijo que los actores políticos no deben aceptar que hechos coyunturales pasen por encima del interés nacional. Permitirlo, expresó, significa desatender una demanda ciudadana y poner en riesgo el futuro familiar y del país.

Los funcionarios acudieron ayer a la instalación del grupo de trabajo que impulsará acuerdos en materia de procuración y administración de justicia, así como en seguridad pública, lo cual, según Creel Miranda, constituye la "prueba fehaciente de lo que se puede alcanzar cuando se busca el beneficio común y se hace por encima de intereses de partido o grupo, en un clima de colaboración franca, de diálogo y respeto entre los distintos poderes".

Consideró que la situación de inseguridad y la impunidad obligan a crear, en el menor tiempo posible, un nuevo andamiaje normativo e institucional, por lo que es indispensable una estrecha colaboración entre los poderes de la Unión, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Tanto Martín Huerta como el procurador Macedo defendieron el paquete de iniciativas del presidente Fox sobre prevención, procuración y administración de justicia, que plantea, entre otros puntos, la unificación de las policías y la creación de la Secretaría del Interior.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal planteó que el modelo vigente dificulta la responsabilidad del Estado para ejercer la facultad coercitiva, y admitió que mientras en el gobierno "se agota una batería de argumentos técnicos para justificar ante los ciudadanos su incapacidad, la delincuencia crece, se especializa y mantiene bajo asedio a la población".

Hasta ahora, dijo, los cuerpos policiacos están en desventaja frente a la delincuencia porque responden a tres niveles de gobierno distintos, a dos fueros jurídicos y a diversos mandos especializados dentro de un mismo orden de gobierno. Confió en que si se presenta una sola voluntad coactiva del Estado frente a la delincuencia organizada, se le podrá combatir con mayor eficacia.

También el procurador Macedo afirmó que el sistema de justicia penal ha sido rebasado por la realidad social y se ha convertido en un sistema lento y poco transparente, que desalienta la denuncia y propicia la impunidad, por lo que deben promoverse cambios legales que permitan generar las condiciones para efectuar juicios rápidos y sentencias que reúnan la verdad histórica con la legal.

Señaló que las iniciativas del presidente Fox no pretenden ser la última palabra, sino que están abiertas a opiniones. Resaltó que "no es a través de egoísmos, sino de apertura a otros puntos de vista y la humildad para descubrir su valor, como se construirá un sistema de seguridad pública y de justicia penal que el país necesita y la sociedad reclama".

En respuesta, el coordinador del PRD, Pablo Gómez, cuestionó que el aparato de justicia se haya puesto al servicio del poder, y recomendó que, en todo caso, la convocatoria debería hacerse a los senadores, a quienes el Presidente turnó las iniciativas. También planteó establecer un Estado social que resuelva las necesidades de la juventud mexicana, para que ésta haga una carrera profesional y no criminal.

A su vez, el coordinador de los diputados petistas, Gonzalo Yáñez, señaló que parte de los delitos que se cometen en México tienen origen en las condiciones económicas de los ciudadanos, aunque la mayoría son perpetrados por bandas organizadas, y presentó un proyecto de reforma total y radical de los sistemas de seguridad y procuración de justicia.

Por su parte, el coordinador de la bancada priísta, Emilio Chuayffet, expresó que las reformas en la materia deberán realizarse tras un debate serio de la realidad y que el Congreso "no siga recibiendo los dicterios de la improductividad, que no nada más es imputable a nosotros. Quienes conocen el sistema político mexicano saben el peso del Ejecutivo en la confección y promoción de las iniciativas".