Historia de acciones hilvanadas que se planeó desde principios de año

El nuevo video pone nombre y apellidos de quienes fraguaron el complot contra el GDF

''Ellos no me dieron nada y aquí estoy preso'', dijo Ahumada en Cuba, en mayo pasado

En un video mostrado por el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, a mediados de mayo pasado, en medio de la crisis diplomática entre México y Cuba, el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz afirmaba: ''Yo no quería soltar los videos porque era la única manera de poder negociar, o sea, que me ayudaran. Terminé soltándolos y ellos no me dieron nada. Sólo me gané que me acusaran de lavado de dinero. Tampoco me dieron ayuda económica y aquí estoy preso...''

Anoche quedó claro, tras la difusión por el procurador Bernardo Bátiz de un nuevo video -producto de la requisa a Quart-, donde aparecen René Bejarano y Ahumada, quiénes eran ellos: Carlos Salinas de Gortari y Santiago Creel (Televisa y el periódico Reforma como instrumentos de difusión) según lo afirmado por el propio Ahumada.

El empresario había sido detenido en La Habana la mañana del 30 de marzo. Súbitamente fue deportado a México el 28 de abril. Había llegado a territorio cubano el 27 de febrero, 11 días antes de que se librara la primera orden de aprehensión en su contra.

Las afirmaciones del empresario de origen argentino formaron parte de 40 horas de videgrabaciones que le hizo el gobierno cubano, según refirió Pérez Roque en una larga conferencia para refutar las acusaciones que el gobierno mexicano había hecho tras la expulsión del embajador de La Habana en México, Jorge Bolaños.

''Cubra mis intereses''

En junio pasado, en la rejilla de prácticas del juzgado 11 del Reclusorio Norte, Ahumada pidió al presidente Fox: ''Cubra mis intereses, porque definitivamente el acto que hice al denunciar a semejantes personalidades de la política, lo que me ha acarrerado es estar en la cárcel en lugar de aclarar mi situación''.

Cuba deportó el 3 de mayo a Antonio Martínez Ocampo, apoderado legal de las empresas de Ahumada, y también expulsó a Enrique Arcipreste, acusado de fraude en el Paraje San Juan, litigio similar al de El Encino, que le valió el proceso de desafuero a Andrés Manuel López Obrador.

Las palabras de Ahumada Kurtz corroboraban la teoría del complot argumentada por el jefe de Gobierno capitalino, al responder a la difusión de varias cintas que involucraban en presuntos actos de corrupción e ilícitos a Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Imaz. También resultaban implicados la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles, y el delegado en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, entre otros.

Fue una historia de acciones hilvanadas que empezó a fraguarse desde principios de año, cuando el entonces presidente del Grupo Quart se enteró de la indagatoria en su contra por el presunto fraude que había cometido en la delegación Gustavo A. Madero y otras. Pero los sucesos en contra de la gestión del gobierno citadino aumentaron y quedaron al descubierto semanas antes de que Ahumada entregara los videos a cambio de protección.

La primera evidencia del complot referido por López Obrador fue hecha pública por éste. Detalló que el senador panista Diego Fernández de Cevallos se había reunido con Juan Collado, abogado de Ahumada. En febrero, el legislador albiazul conoció antes de su difusión las cintas del escándalo. Collado fue defensor de Raúl Salinas de Gortari; de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria acusado de lavado de dinero; del ex gobernador de Quintana Roo, hoy encarcelado, Mario Villanueva, y del extinto Mario Ruiz Massieu.

El día 13 de ese mes Ahumada había presentado una denuncia por ''extorsión'', ratificada el día 20 en una reunión subrepticia en el hotel Presidente Intercontinental, con la presencia del delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), José Luis Valles; del agente del Ministerio Público José Carlos Villarreal; del propio Diego Fernández, y de Ahumada, en condiciones de privilegio que no suelen estar al alcance de cualquier ciudadano.

Poco a poco fueron cayendo las evidencias del complot denunciado. Tras la revelación de los videoescándalos en marzo, cinco meses después se conoció el encuentro del 6 de abril entre el presidente Vicente Fox y el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela. En esa reunión, el ministro informó al mandatario federal del proceso que derivó en mayo en la presentación por la Procuraduría General de la República (PGR) de la solicitud de desafuero contra López Obrador por desacato en el predio de El Encino.

En respuesta al asedio, el 15 de abril López Obrador denunció que la Secretaría de Hacienda y la PGR estaban ''coludidas'' en la acción concertada. Reveló que la primera dependencia había solicitado al gobierno de Estados Unidos datos sobre las actividades del ex secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, antes de que se conocieran en los videos. Ello significó que Hacienda conocía de los presuntos ilícitos de Ponce Meléndez antes de su difusión televisiva.

La revelaciones de López Obrador a este respecto provocaron que Estados Unidos suspendiera ''temporalmente'' el convenio de información financiera con el gobierno de México. Entonces se dio el primer amago de destitución de López Obrador, por haber dado a conocer información confidencial.

El siguiente golpe se produjo en mayo. Entonces se conocían las primeras puntas del caso que derivó en la alianza PRI- PAN en la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para la reforma al artículo 122 constitucional, aprobada por el pleno apenas hace unos días, que quitará varios miles de millones de pesos al presupuesto al gobierno capitalino.

La historia

Como si fuese un rompecabezas, las partes de esta historia fueron acomodándose hasta la revelación del video de anoche.

En enero pasado, como informó La Jornada, se inició la averiguación previa contra Ahumada por fraude, detonante del cúmulo de sucesos que sobrevinieron. La indagatoria revelaba que el grupo Quart tenía contratos con el gobierno capitalino cuando Rosario Robles estuvo al frente de éste.

En 15 años, Ahumada amasó una gran fortuna que configuró el grupo que integraban siete empresas, en su mayoría contratistas del Gobierno del Distrito Federal durante años. Tan sólo en la delegación Alvaro Obregón, cuando la encabezaba el panista Luis Eduardo Zuno, procesado por tráfico de armas realizado en el avión de Ahumada, obtuvo contratos superiores a los 530 millones de pesos. Con Robles redondeó 20 contratos más, equivalentes a 200 millones de pesos.

El mismo día en que se dio a conocer el video de Bejarano, López Obrador aseguró que detrás del complot estaba el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Destapados los videoscándalos, el 4 de marzo, se conoció la desaparición de Ahumada, aunque las bitácoras de uno de sus aviones particulares detallaron que había volado a La Habana desde el 27 de febrero. En el mismo avión, Rosario Robles viajaría a verlo el 3 de marzo.

Dos días antes de la difusión de las escenas en las que Bejarano recibe fajos de dólares de Ahumada, Televisa dio a conocer un video en el que Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas de López Obrador, aparecía apostando en un casino de Las Vegas.

Escenas que se repitieron el 20, 21 y 22 de febrero. Ahumada viajó a esa ciudad justamente en esas fechas y, presuntamente, es el autor de la grabación en la que Ponce Meléndez aparece jugando black-jack, de acuerdo con una investigación del realizador Carlos Mendoza, director de canalseisdejulio.

Cuando aún no se desvanecía el efecto de los videoescándalos, el 14 de mayo el subprocurador Carlos Vega Memije abrió un nuevo flanco contra el gobierno capitalino: la solicitud de desafuero contra López Obrador por el asunto del predio El Encino.Vega Memije fue funcionario salinista, responsable de muchos de los procesos en contra de cientos de perredistas durante esa administración.

El embate entonces fue inocultable. En diversos tonos, el dirigente nacional perredista, Leonel Godoy, pidió que el gobierno desistiera de sus intenciones. Había acusado a la PGR, en reiteradas ocasiones, de incurrir en una actitud ''facciosa''. Mientras, el procurador Rafael Macedo de la Concha aseguraba que la procuraduría no actuaba con sesgos partidistas.

Paralelamente, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, mantenía un lenguaje ambiguo. Por un lado ofrecía diálogo constructivo, y por el otro invitaba al gobernante capitalino a enfrentar las acciones legales en su contra como ''hombrecito''. Repetidamente López Obrador solicitó audiencia con Fox, pero no le fue concedida. El Presidente se escudó en el argumento de que el asunto era ''estrictamente legal''.

Las posiciones de una y otra parte se polarizaron en una guerra de declaraciones que llevó al PRD a romper el diálogo con el gobierno federal. Ante tales circustancias, el partido del sol azteca y López Obrador decidieron recurrir a las movilizaciones civiles. En la que fue calificada de la mayor manifestación política de la historia, el jefe de Gobierno convocó a cientos de miles de personas que colmaron la Plaza de la Constitución. Las dimensiones del mitin orillaron al gobierno federal, al menos en apariencia, a dar un viraje en su discurso y actitud hacia el tabasqueño.

Fue en septiembre pasado cuando estos contactos se reiniciaron y culminaron con un encuentro personal, sin resultados, entre Fox y López Obrador, en el que estuvo presente Santiago Creel.

La ''embestida'', como la llamó el PRD, propició la toma de tribuna de San Lázaro por sus asambleístas, y luego por sus diputados federales, en el proceso para tratar de impedir la discusión del artículo 122 constitucional. La acción fue motivo de fuertes críticas inclusive dentro del perredismo y en los sectores gubernamentales, así como en las bancadas priísta-panista.

Inesperadamente, y luego de encontrarse prófugo durante meses, el pasado 10 de octubre fue detenido Ponce en circunstancias aún no especificadas cabalmente por la PGR, con una celeridad que el PRD consideró ''sospechosa''.

El largo proceso de desafuero, esencial en la ''estrategia de desgaste'' contra López Obrador, como la ha llamado el PRD, está aún por concluir. La revelación del procurador Bátiz ha puesto nombres y apellidos a los que Ahumada llamó ellos.